A principios de agosto de 2013 advertí que el crecimiento económico de Bolivia no puede sostenerse en el estímulo de la demanda interna mediante el gasto, como aún sostienen los analistas en general, y aunque es sólo la buena teoría la que me da la razón, el tiempo también me la dio tan sólo un año más tarde, cuando con el mayor gasto público que se registró jamás, se manifestó en una desaceleración de más de un punto porcentual del PIB.
En aquella oportunidad, la sugerencia fue, lógicamente, el congelamiento del nivel de gasto público a manos llenas fundamentalmente del gobierno central, pero también de los gobiernos departamentales. Hoy, sin embargo, la figura está cambiando radicalmente con el agravamiento de la crisis económica internacional que se manifiesta con la caída sostenida de los precios del barril de petróleo por debajo ya de los USD 80.
En un documento titulado Pacto Fiscal y publicado por Fundación Milenio en diciembre de 2013, junto a mi colega y amigo José Gabriel Espinoza advertimos que el desafío de las propuestas de pacto fiscal en tiempos de auge ya tenían un carácter perverso sobre las economías departamentales porque solamente apuntan a arrancar violentamente al Gobierno Central una parte de los recursos que acapara para seguir solventando la hipertrofia del aparato público a través del gasto, en vez de atraer recursos externos en favor de la capacidad de generación de riqueza de sus ciudadanos en el ámbito de la empresa privada.
De la misma manera, las autonomías departamentales, al ser copia fiel de las Comunidades Autónomas españolas, advertimos que empezarían a delatar sus falencias estructurales inherentemente en quiebra ahora que los tiempos de recesión se asomaran, como lo hicieron en España en 2009. En otras palabras, si se mantenía la misma estructura de hipertrofia a través del gasto a manos llenas, las propuestas de pacto fiscal redundarían en rapiñar la capacidad de generación de riqueza de su ciudadanía a través de la creación de nuevos y el incremento de antiguos impuestos, incluyendo el de la inflación.
Resultaba mucho mejor empezaran a realizar el ajuste con precios aun en nivel de burbuja y una popularidad bastante más aceptable, que hacerlo después. Sin embargo, ahora Santa Cruz se dirige a cometer el error de sancionar la capacidad de generación de riqueza de sus ciudadanos de la misma forma en que el gobierno central lo hace con todos los ciudadanos del país: endeudándolos a través de la emisión de bonos para contrarrestar la caída de los ingresos, en vez de reducir y eliminar muchas de las atribuciones y competencias que el Estado ha ido logrado sobre la economía.
Lo poco que exista de autonomía departamental en Santa Cruz no puede significar el impedimento del libre ejercicio de la función empresarial de sus ciudadanos, sobre todo cuando en algún momento sí significó, de una u otra manera, la última trinchera de la libertad en Bolivia, donde desde mucho antes de la Constitución de 2009 los ciudadanos de todo occidente y gran parte de oriente migraban durante décadas buscando tiempos menos peores. Era por eso que incluso resultaba atractivo que Costas renunciara a sus aspiraciones presidenciales, porque sólo él que representa la autonomía cruceña sería capaz de preservarla, pero ya parece ser tarde.
Si se quisiera ensayar el escenario sobre lo que Santa Cruz está provocando es el que al Igual que Cataluña con Madrid y Pablo Iglesias con España, que visita Bolivia día por medio, el socialismo continúe encontrando el camino para seguir erigiéndose en el país para rapiñar la legítima generación de riqueza de sus ciudadanos que ingenuamente hayan mantenido aún en el país.
Mauricio Ríos García es presidente de Crusoe Research y analista internacional de SchiffOro.com
Artículo publicado en El Día, Hoy Bolivia y Economía Bolivia.
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