¿Panamá dejó de ser paraíso fiscal?

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No, en absoluto, Panamá no ha dejado de ser un paraíso fiscal. Este miércoles por la noche América Economía decía en su portada que Panamá daría un gran paso este jueves para poner fin a su estatus de paraíso fiscal. Pues pasadas las horas y los sobresaltos, además de averiguadas las cosas seriamente, lo cierto es que Panamá se reserva el derecho a no incorporar la obligación de intercambio de información de forma automática, sino sólo con aquellos países con que Panamá decida hacerlo de forma bilateral.

El acuerdo que Panamá ha firmado con la OCDE es para ser un signatario más de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC, por sus siglas en inglés). Es un acuerdo para compartir información fiscal, aunque bajo previo requerimiento. Con esto parecía que Panamá podía llegar, en caso extremo, incluso a revelar cuentas bancarias y violar el secreto bancario de quienes cualquier gobierno como el Español con Messi o el ruso con Putin solicitara. Un desastre, porque el problema está en el origen del dinero y no en su destino, atribución que no es del Gobierno de la República de Panamá, pero no es así ni mucho menos.

En un principio, para los más ingenuos la noticia parecía tratarse de una medida con consecuencias devastadoras para la economía panameña y el incalculable número de inversores internacionales en busca de la preservación de su patrimonio frente a la hipertrofia y voracidad fiscal de sus gobiernos para saldar sus escandalosos déficits y bajísima competitividad.

Por un lado, Panamá es un país dolarizado y sin banco central, lo cual garantiza una baja inflación y gobiernos relativamente limitados en sus atribuciones y competencias sobre la economía, y que, por tanto, sostienen una fiscalidad muy reducida. Y por otro lado, por si fuera poco, cuenta con un marco legal que respalda las actividades de la constitución y el centro de operaciones de sociedades anónimas y fundaciones de derecho privado para la protección de activos que no es posible en cualquier otro lugar del globo cuya información, dicho sea de paso, no es de público conocimiento sino solamente entre las partes.

Es decir, este país, al igual que sólo muy pocos otros alrededor del mundo, cuenta con una cantidad de ventajas, incluyendo la facilidad idiomática para toda Iberoamérica, frente a otras legislaciones que difícilmente podrían cambiar de la noche a la mañana (esta es una institucionalidad con una tradición de más de 100 años), mucho menos por la presión política internacional a raíz de los Panama Papers, un caso que no tuvo grandes repercusiones realmente (sobre todo cuando el escándalo era comparado en magnitud con WikiLeaks), y donde los intereses particulares superan cualquier capacidad de imaginación de ciudadanos comunes en su favor, si es que acaso todo lo anterior no los favoreciera ya.