Han pasado alrededor de dos años ya desde que, por ejemplo, se reportó que Bolivia, junto con Argentina y Ecuador, es el infierno fiscal de toda América Latina, es decir, uno de los tres lugares donde los impuestos del Estado se llevan un mayor porcentaje de la riqueza legítimamente creada, tomando como referencia la presión fiscal que mide el peso de los impuestos sobre el Producto Interno Bruto.
Algo tendría que haber cambiado desde entonces en la política económica para revertir semejante situación alarmante, sobre todo para dar un giro en la dirección correcta reduciendo impuestos de manera considerable, y otorgando el margen de maniobra suficiente a la mayor parte de la burocracia estatal improductiva que tendría que ser reducida a consecuencia, para que encuentre un nuevo puesto que sí genere valor de mercado plazo en el sector privado, pero el tiempo se ha venido agotando rápidamente.
Por lo general, cuando estas situaciones se presentan ante el inicio de crisis económicas generalizadas se dice que ninguna reforma estructural impositiva es posible, porque las consecuencias sociales que implicaría la reducción del tamaño del Estado sobre la economía serían demasiado grandes.
Eso fue lo que recientemente pasó en Argentina, cuando Macri, en vez de decir que, al haber encontrado un agujero fiscal tanto más grande que el que pensaban cuando asumió el Gobierno, asumiría las reformas dolorosas de la manera más rápida posible, las dejó pasar pensando que el tamaño del déficit eventualmente desaparecería con más gasto, impuestos e inflación, pero claramente fue un error que si no fuera porque todo adversario político suyo está todavía más despistado, le hubiera significado haber desaparecido hace ya mucho de la escena.
Y algo muy similar está pasando ahora con Pedro Sánchez en España, que implementa la misma batería de medidas zapateriles que llevaron a España hace alrededor de 10 años atrás a una de sus crisis económicas más grandes nunca; o lo que sucede también con California, EEUU, donde 710 mil de sus ciudadanos, sobre todo de clase media, se han ido a otros estados desde 2010 (esperemos que al menos a Wyoming, Nevada, Delaware, Dakota del Sur, etc.) buscando menos impuestos y regulaciones; otros ciudadanos estadounidenses incluso han decidido renunciar a su ciudadanía estadounidense (y buscando otras al mismo tiempo) con la implementación del nefasto FATCA, entre otros, durante la era Obama, alcanzando cifras récord.
La situación actual de Bolivia, sobre todo con el nivel de déficit público, el nivel de gasto, deuda y toda política que induce a la gente a seguir el mismo camino ruinoso, hace que las perspectivas para Bolivia y sus ciudadanos residentes, sobre todo quienes generan legítima riqueza de largo plazo, no sean en absoluto halagüeñas. –Vamos, ya no necesito seguir abundando en esta materia.
Claramente, por muy buena que definitivamente fue en su momento la Ley 843, le faltó exigirle ciertas garantías para que ningún régimen fiscalmente voraz como el actual le fuera tan fácil desmantelarlo para confiscar riqueza ajena para financiarse.
Una vez pasado el actual régimen, el próximo gran desafío tendría que abordar el régimen impositivo que Bolivia quiere a futuro, idealmente como el de -sí, por mucho que le moleste al progresismo políticamente correcto incluso de la oposición de Morales-, Trump en EEUU, que redujo el impuesto de sociedades del 35% al 21% o, mejor todavía, el de Bolsonaro en Brasil, que se prepara para reducir el mismo impuesto de sociedades del 34% al 15%; la mayor competencia fiscal onshore vista nunca tanto en ambos países como en el resto del globo; o incluso ser todavía más ambiciosos haciendo de Bolivia un lugar que ya no solo promueve la competencia fiscal estableciendo un sistema impositivo de muy escasa o incluso nula tributación, que sea atractivo en sí mismo para la inversión, o en otras palabras, simple y llanamente, un paraíso fiscal o una jurisdicción offshore.
Sin embargo, como esto no es lo más probable ni ahora ni pronto, ahora es necesario al menos cambiar de residencia fiscal personal o empresarial para diferir impuestos dentro de la ley, para internacionalizar activos, o finalmente migrar como los californianos buscando las jurisdicciones que mejor provean seguridad jurídica, privacidad, un sistema impositivo suficientemente atractivo para las inversiones, los mejores servicios de banca privada y despachos de abogados especializados, etc. Y dado que no no existen soluciones estándar para todos los casos, yo voy a ayudarte en esta misión buscando las mejores alternativas para dar solución a tus problemas concretos.
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