Luego de varias semanas de que se empezaran a conocer los detalles del proyecto de Ley de Ganancias Ilícitas, el régimen de Luis Arce Catacora acaba de retirarlo ante la suma cada vez mayor de distintos sectores –como transportistas, gremios, líderes cívicos, partidos políticos opositores, activistas de derechos humanos, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade)-, que tenían por objetivo llevar a cabo un nuevo paro cívico nacional de 48 horas. La iniciativa, por cierto, aún no es descartada totalmente.
La tarde de este jueves, María Nela Prada, ministra de la Presidencia, sostuvo con tono de victimismo: “Escuchando sus preocupaciones y sus temores hemos decidido retirar este proyecto de ley (…) para no dar lugar a que nos confronten entre bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, a la confrontación”.
Además añadió: “Nosotros, a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce, seguiremos trabajando, escuchando siempre al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones y siempre atendiendo a los intereses del pueblo boliviano, por el cual estamos aquí”.
No obstante, y aunque se trata aún de una noticia en desarrollo, las demandas populares no se reducen solamente al rechazo de esta perversa ley, que, entre otros aspectos, termina con la propiedad privada y la presunción de inocencia en el país, sino que incluyen una serie de demandas, como el respeto a los derechos de propiedad privada sobre las tierras de los indígenas del oriente, de la cual los cocaleros del Chapare del Movimiento al Socialismo (MAS) pretenden adueñarse por medio de la fuerza.
También se exige el respeto de los derechos de la expresidenta Jeanine Áñez. Que se termine la persecución política en el país, que se acaben las amenazas del régimen de Arce y su partido, como las de José Yucra, asambleísta departamental del MAS en Tarija, quien afirmó en esta semana que estaban dispuestos a dar la vida; que si tienen que matar lo van a hacer. O como las que hizo el propio presidente Luis Arce, cuando sostuvo hace un par de días que el MAS y su gobierno se defenderán en las calles.
Comunidad Ciudadana (CC), partido político de oposición cuestionado -debido a que sus parlamentarios criticaron la actitud de los líderes cívicos y llamaron al diálogo en vez de sostener una posición clara respecto del devenir del futuro inmediato del país- convocó a una conferencia de prensa sobre la decisión de Arce.
En esta conferencia, Carlos Alarcón, jefe de bancada de CC en la Cámara de Diputados, sostuvo: “Este es un gran triunfo del pueblo movilizado, de los gremialistas, de los profesionales, de los mineros, de los empresarios y del conjunto de ciudadanos que han expresado en las calles su rechazo a esta ley que estaba avasallando derechos y garantías constitucionales”.
No obstante de la decisión echarse para atrás con este proyecto de ley concreto, cabe preguntarse si la palabra del régimen de Arce es creíble, pues la tarde de este mismo jueves, el exvicepresidente Álvaro García Linera sostuvo que “para contener a la oposición es necesario revisar sus impuestos y sus cuentas bancarias, mirar sus propiedades”. Aseveró que existe un menú de opciones de gobierno con las cuales atemperar y contener ese tipo de acciones que calificó de conspirativas. “Ahí tienes un conjunto de mecanismos: tributarios, impositivos, de políticas fiscales, de inversiones y, llegado el caso, también de nacionalización”.
Y luego agregó: “Se trata de cruzarle el camino a los sectores empresariales que tienen demasiado poder de veto. No necesariamente estatizas todo, pero sí cortas la cadena los debilitas. Y eso hicimos con la soja; ya nunca más volvió a ser un problema. Desde 2009 hasta el 2020 ese mecanismo de chantaje que existía con la soja nunca más volvió. Y si molestan un poco más les suspendes las exportaciones, porque como gobierno tienes el monopolio de decidir si se exporta o no se exporta».
Lo que acaba de hacer García Linera -tal vez sin siquiera consultarlo o coordinar con Arce ni Morales- ha sido quitar el velo sobre algo que todo opositor ha sospechado desde que el MAS tomó el poder en Bolivia hace 15 años: quieren imponer el más rancio socialismo posible por medio del sometimiento implacable de sus adversarios.
Dado que se sobre entiende que la Ley de Ganancias Ilícitas es solamente un instrumento más dentro de todo el herramental que el MAS tendría para alcanzar sus objetivos, es de esperar que las medidas de presión de los distintos sectores se mantengan, y que la tensión iniciada por el propio régimen de Arce, Morales y el MAS en el país, no amaine pronto.