El Movimiento al Socialismo (MAS) no deja de desmoronarse. Ya son varios meses en los que los principales dirigentes del partido azul tratan de afirmar que no existen divisiones, sino solamente el mensaje que a “la derecha” le interesa instalar en los principales medios de comunicación para desorientar a la opinión pública.
Sin embargo, el último congreso del partido en Potosí, que tenía por objetivo designar al nuevo representante de aquel departamento, terminó en una masiva pelea campal, demostrando que existen al menos tres facciones con diferencias irreconciliables: los seguidores de Evo Morales, los de Arce Catacora y los del vicepresidente David Choquehuanca.
No es la primera vez que algo así sucede en el partido de Gobierno. A finales de 2020, cuando Morales organizó una caravana terrestre para volver campante al país Argentina, tuvo que ingresar por poblaciones distintas a las que había anunciado en un principio, porque se vio forzado a esquivar protestas que lo esperaban para increparlo por haber abandonado a su gente en vez de quedarse a defender su mandato.
También sucedió en uno de los primeros mítines del MAS a los que Morales asistió luego de su retorno: lo recibieron con sillazos nada menos que en el Chapare, que es el último rincón del país donde podría presumir su dominio político.
En este sentido, no cabe duda que las principales causas de división en el MAS las concentra Evo Morales, quien, para tratar de redimirse, parece tratar de recuperar el poder, y para tratar de demostrar que es capaz de hacerlo se enfrenta con Arce Catacora y Choquehuanca mediante ataques y acusaciones a su ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
El narcotráfico ha penetrado todas las instituciones del Estado
La manera que Morales ha encontrado para mostrarse fuerte políticamente ha sido acusar incesantemente al gobierno de Arce no sólo de responder a los intereses de “la derecha”, sino incluso de encubrir actividades del narcotráfico y trabajar para la DEA y el imperio.
Rolando Cuéllar ha sido el diputado que más ha defendido al régimen de Arce, a la vez que más ha reprochado los errores de Evo Morales y la necesidad de renovar la cúpula y el liderazgo del MAS, al punto en que le ha costado la expulsión del partido.
Desde luego, Arce y Choquehuanca tienen que defender su posición de poder, porque no tienen espacio político dentro del partido. Por eso mantienen a Del Castillo frente a los cuestionamientos permanentes por parte de los seguidores de Morales en el Legislativo, quienes han tratado incluso de censurar al ministro, y de mantener las actividades de una escuela de formación política que podría derivar hasta en la fundación de un nuevo partido.
No obstante, lo que ha sucedido recientemente -y no necesariamente como acierto de Morales y sus seguidores, sino porque las actividades del narcotráfico en el país han superado la capacidad del Estado para detenerlo- es que Jhonny Aguilera fue removido del máximo cargo de la Policía Nacional.
La decisión fue motivada por una serie de crímenes del narcotráfico por los que la ciudadanía se ha mostrado indignada sobre todo en la ciudad de Santa Cruz. Uno de estos hechos fue el asesinato de tres policías en el Urubó, municipio de Porongo, hace un par de semanas.
Los seguidores de Morales en el MAS han tratado de que el resto de la cúpula de la policía también sea removida, pero también de que el ministro de Gobierno presente su renuncia. Sin embargo, no han tenido éxito: Del castillo se ha mantenido en el cargo.
Esto no quiere decir que Arce y su gabinete no se estén debilitando rápidamente, porque están perdiendo credibilidad también por su falta de respuestas para gestionar la crisis en muchos otros ámbitos, como el de la economía por la escasez de diésel o la incertidumbre que rodea al censo, o el pobre desempeño en la salud, por el alarmante incremento de casos de Covid-19.
Una cacería de brujas con consecuencias inesperadas
Para distraer la atención sobre los problemas más serios en el país (economía, salud, seguridad, justicia), el régimen de Arce está reactivando el denominado “caso Golpe I” contra líderes opositores como Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y José Luis Camacho.
Sin embargo, las declaraciones de los líderes de oposición como testigos en el mencionado caso también empiezan a causar problemas al propio régimen. Por ejemplo, Tuto Quiroga expuso en su defensa elementos del episodio de la renuncia y posterior huida de Evo Morales hacia México en 2019, que no se habían conocido hasta el momento.
En una conferencia de prensa convocada inmediatamente después de su declaración en la fiscalía, Quiroga mostró con lujo de detalles las conversaciones que mantuvo con las legisladoras del MAS en ese entonces, Adriana Salvatierra y Susana Rivero, probando que ambas clamaban ayuda para que Evo Morales huyera hacia México y como condición para iniciar cualquier proceso de negociación para “pacificar” el país.
Entre los varios aspectos destacados de la conferencia, Quiroga afirmó sobre la reunión de negociación que hubo en la Universidad Católica Boliviana (UCB) en noviembre de 2019: “Las señoras del MAS (Teresa Morales, Susana Rivero y Adriana Salvatierra) dijeron que, debido a la condición que estaba atravesando el país, estaban de acuerdo que sea un senador de oposición, que no tenían problema alguno con Jeanine Añez, que era la vicepresidenta que estaba ahí (para que asuma el poder), pero que preferían (al senador) Zamora. Esto consta en el documento”.
Rivero tuvo que reconocer la veracidad de las pruebas presentadas por el ex presidente Quiroga, aunque también afirmó que no se logró tal salida constitucional, y que por eso la oposición habría activado un «plan b», que era el supuesto golpe.
Por su lado, Lidia Patty, la ex legisladora del MAS que inició las demandas contra Jeanine Áñez por el caso “Golpe I”, reaccionó sobre lo afirmado por Quiroga pidiendo que tanto Salvatierra como Rivero sean procesadas al igual que los líderes de oposición, porque “no se pueden sentar con un enemigo. Para mí es una traición, si con Tuto (Quiroga), (Carlos) Mesa, con otros señores, Samuel Doria Medina, se han sentado tomando tecito, es pues traición”.
Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo en una entrevista con radio Fides: “Ellas (Rivero Salvatierra) han actuado de manera correcta, constitucional, y no hay ninguna posibilidad que ellas sean involucradas en una investigación penal. Cosa diferente es que acudan a declarar como testigos, como ya lo han hecho”.
Por el momento existe la expectativa entre el público sobre las declaraciones del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, que está convocado a declarar no como testigo, sino como sindicado por terrorismo, sedición y conspiración el martes de la próxima semana en la fiscalía de la ciudad de Santa Cruz.
En definitiva, el MAS está profundamente dividido, pero el problema fundamental a destacar es que el régimen de Arce ha perdido el norte ya no sólo respecto de la gestión de la crisis en el ámbito económico, sanitario y en el de la justicia, sino que también parece haber perdido el control de la seguridad frente al crimen organizado, y peor aún, está seguro de que se trata de problemas pasajeros que se solucionarán con propaganda y únicamente desde el ámbito político.
Columna originalmente publicada el 8 de julio en La Gaceta de la Iberosfera.