El Diccionario de la lengua de la Real Academia Española define “censo” como “padrón o lista de la población o riqueza de una nación o pueblo”, o también como “contribución o tributo que entre los antiguos romanos se pagaba por cabeza, en reconocimiento de vasallaje y sujeción.” Así, es difícil no captar la naturaleza, objetivo y utilidad de un instrumento que, aunque tan antiguo, al ser tan perverso como siempre, hoy se acepta ampliamente y no sólo con carácter benevolente, sino de necesidad manifiesta incluso ante toda ineptitud gubernamental para su establecimiento.
Es cierto que si la principal fuente de financiamiento de gobiernos como el boliviano fuesen los impuestos de sus ciudadanos y no la renta de los recursos naturales, el esmero por llevar adelante un proceso como el anteriormente descrito sería mucho más evidente, pero para el contribuyente también lo sería el abuso.
Con el bochornoso proceso y producto censal en Bolivia todos suponen que la consecuencia inmediata de no figurar en las listas del gobierno es no recibir lo que “por derecho y justicia” les tocaría de las rentas, pero nadie ha supuesto que más temprano que tarde, cuando aquella fuente de recursos termine, aquellas listas servirán para identificar a quiénes quitarles más de lo que ya se les ha dado.
Si la defensa de los derechos de propiedad de la ciudadanía fuese el objetivo de todo opositor, como de manera recurrente se ha dicho sin siquiera entenderlo, entonces la exigencia de repetir el proceso o siquiera revisarlo no es más que una nueva concesión, cuando no un acto funcional y de complicidad implícita como aquel que se ha manifestado en todos y cada uno de los procesos de avance socialista, desde la Asamblea Constituyente y su prorroga, pasando por la aprobación de la Constitución, el referendo revocatorio y una larga lista de manifestaciones de la voluntad del autócrata de turno plasmadas en ley.
El único problema parecería ser que no ha sido la oposición la que se ha encargado del proceso. Parece desesperada por legitimar el perverso concepto de política pública de quitar a unos para dar a otros y quedarse con una parte. O peor aún, el único reproche de la oposición hasta el momento no ha sido que se lo vaya a echar luego por la borda, sino que al arcabuz con el se le va a disparar le falta pólvora.
En el caso chileno, (que ya ha sido rápidamente considerado como buen ejemplo) Sebastián Piñera ha asumido toda responsabilidad y ha actuado en consecuencia y sin excusas. Sin embargo, si hubiese sido consecuente con su propia experiencia de vida como un destacado empresario, la decisión tendría que haber apuntado a una solución de mercado, pero ha caído de inmediato en el despropósito de repetir el proceso constituyéndose en uno de los principales motivos por los cuales Chile no es un país más libre de lo que ya es.
La solución de mercado, no obstante, no tiene que ver con la idea que sea una empresa privada la que se haga cargo del proceso censal, sino de que el libre ejercicio empresarial de creatividad y coordinación social continúe identificando las oportunidades de ganancia en función de solucionar los problemas y satisfacer las necesidades de los demás con cada nueva empresa y sus estudios de mercado y diseño de estrategias en busca de conquistar al consumidor. No hay manera de superar este proceso eminentemente privado de coordinación social y generación de riqueza.
El ciudadano no puede olvidar que los gobiernos no tienen nada que entregar a nadie excepto lo que primero obtuvo de otro, y mientras más grande es un gobierno para entregarle todo lo que quiere, es suficientemente grande para quitarle todo lo que tiene. Y en consecuencia, y siendo el censo un instrumento que ilustra el problema, el rechazo inmediato, absoluto y sin concesiones es lo único que debe esperarse de la oposición.
Artículo publicado en Hoy Bolivia.