Crisis: cada medida va a contramano

Al menos desde 2013, cuando los problemas que se advertían empezaron a mostrar evidencia, la opinión generalizada fue que no habría crisis, que Bolivia no era Venezuela, que la economía estaba blindada, que la garantía de estabilidad y solvencia de la economía era básicamente el narcotráfico.
Luego el consenso entre los “expertos” fue que habría aterrizaje, pero que no sería forzoso, sino apenas suave porque se contaba con un colchón financiero que estaba básicamente compuesto por Reservas Internacionales Netas, aportes de jubilación de los trabajadores y depósitos del público en el sistema financiero, además del presupuesto no ejecutado por gobiernos departamentales y municipales.

Y ahora que nada de esto sería suficiente para sostener semejante jauja del consumo, gasto y endeudamiento previo, y sobre cuya magnitud ahora podemos ver, cómodamente se resuelve no sólo incrementar el salario mínimo y los impuestos de manera selectiva, sino que además se pretende seguir incrementando la deuda externa en niveles siderales, que, por cierto, no deben ser comparados en relación al PIB como sostiene el Gobierno, sino en relación a la capacidad de pagarlos, es decir, a la capacidad de generación de riqueza que tiene el conjunto del empresariado privado en el país, que es más un elemento inapelablemente cualitativo.

En este escenario, entonces, la pregunta generalizada empieza a ser cuándo llegará este aterrizaje forzoso. Veamos, ¿qué es lo que ha estado sucediendo con la economía de Bolivia durante los últimos meses?

Uno de los países cuya situación actual permite ilustrar de mejor manera lo que ha empezado a suceder en Bolivia al menos desde mediados de 2013, es Brasil:

El nivel de popularidad y aceptación de las políticas de Rousseff no supera el 10%, no hay espacio presupuestario para seguir incrementando la tasa de interés de referencia Selic para controlar un nivel de inflación acumulada anual que alcanza ya el 11%; las devaluaciones del real están a la orden del día; las grandes bancarrotas empresariales como las de Eike Batista empiezan a convertirse en una generalidad; la inestabilidad de Gabinete es cada vez más latente, sobre todo en Hacienda; la población de este país está saliendo a las calles en manifestación de millones de personas contra la corrupción de Lula Da Silva con Odebrecht, Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores, además de la insostenibilidad económica creciente que las subvenciones, el sobre endeudamiento y gasto público desenfrenado desde las previas del Mundial de Fútbol, y ahora las de las Olimpíadas, han causado.

Todo esto constituye parte de todo un problema, y lamentablemente la oposición en Bolivia no logra tener visión sistémica de un problema estructural, y solamente alcanza a identificar dificultades aisladas y en consecuencia solo plantea medidas parciales.

La economía de Bolivia está atravesando una etapa de liquidación muy fuerte, la liquidación de toda una serie de proyectos generalizados no rentables, mal localizados, de mala inversión que se cometió e indujo a cometer durante toda la etapa del auge ficticio, de proyectos que jamás respondieron a una demanda real efectiva de mercado, que jamás debieron llevarse a cabo, que respondieron a una demanda inflada, artificial, de una burbuja inducida alocadamente por los estímulos y regulaciones directas del Estado orientadas al consumo, el gasto y el endeudamiento público y privado desenfrenado y muy por encima de de las posibilidades de repago, de la capacidad no sólo productiva simplemente, sino de capacidad de generación de valor y riqueza.

La pregunta sobre cuándo llegará la crisis es equivocada. La crisis ya está aquí, y la pregunta correcta en realidad sería por qué es necesario llegar a una situación crítica de emergencia como la actual de Brasil, para empezar a aplicar las medidas que hoy necesita ese país. Lo que sí juega a favor es el hecho de que todavía existe espacio de maniobra para implementar medidas radicales, necesarias e inevitables sin generar demasiados sobresaltos, es decir, para hacerlo gradualmente.

Para implementar estas medidas es necesaro contar con un diagnóstico relativamente acertado para estar seguros que la medicina agravará la enfermedad.

Primero, el problema no está en tratar de conseguir las mejores condiciones para el endeudamiento externo. Los problemas del país no tienen que ver con una falta de gasto, sino de falta de ahorro e inversión privada y fundamentalmente extranjera, ni tienen que ver con una falta de demanda agregada, sino con un exceso de oferta fundamentalmente monetaria y crediticia doméstica, de nacionalización monetaria paulatina para tratar de mantener una estructura productiva insostenible y típica de una burbuja que destruye capital.

En este sentido, no hay que ampliar la base impositiva, no hay que devaluar ni hay que controlar precios ni tasas, no hay que estimular ni inducir nada, no hay que controlar capitales cerrando fronteras de entrada ni de salida comercial, no hay que incrementar los ingresos para el Estado, sino reducir su gasto drástica y urgentemente, y conseguir en el extranjero la enorme cantidad de ahorro que a Bolivia ahora le falta en forma de inversión, estableciendo un ambiente y una institucionalidad que garantice el respeto por los derechos individuales de propiedad privada para provocar una muy fuerte afluencia de capital de largo plazo; sí, un proceso de capitalización.

Es necesario el cambio productivo, desde luego. Es necesario establecer una nueva estructura productiva que responda a una nueva realidad. Es necesario facilitar el emprendimiento y no obstaculizarlo, pero no mediante la fiesta del crédito fácil, sino a través de su restricción competitiva y financiado con ahorro real. Pero esa decisión de modificación productiva no es atribución ni del Estado ni del Gobierno ni de ningún gran economista experto, sino del conjunto de empresarios (no necesariamente afiliados) del país, que son quienes realmente identifican problemas de gente que ni siquiera conocen y que deben solucionar a cambio de un legítimo retorno en forma de negocio al generar valor.

Para esto es necesario flexibilizar cuanto antes -de inmediato- el aparato laboral y productivo, eliminando todas las restricciones de contratación y despido, reducir radicalmente el gasto público y eliminar casi toda la hipertrofia burocrática estatal; no obstaculizar la bancarrota de proyectos que no son viables y que se debe liquidar sin prolongar la agonía.

No es necesaria ninguna revolución económica, sino un giro de 180 grados de la política económica. Toda atribución y competencia del Estado sobre la economía que sirva debe ser privatizada, y toda la que no sirva debe ser eliminada. Toda esa fuerza laboral burocrática e improductiva que ha ido absorbiendo el Estado mediante el gasto desenfrenado durante diez años, debe ser reorientada por la inversión privada hacia aquellos sectores de la economía que son rentables y que sí son económicamente necesarios; quienes manejaban una tuneladora deberán dirigirse hacia sector de producción de bienes de consumo más demandados, por ejemplo.

Caso contrario esto seguirá yendo de mal a peor pensando que el problema del país es uno de falta de ingresos y no uno de exceso del gasto; uno de falta de demanda agregada y no de exceso de oferta monetaria; uno de errores cualitativos microeconómicos de inversión, y no del nivel del crecimiento macroeconómico agregado del gasto, del endeudamiento y el derroche.

Con tanta arrogancia, el Gobierno está cegado y yendo a contramano, da manotazos en la oscuridad y nos lleva al despeñadero con cada medida pro cíclica que implementa. Está agravando rápidamente la situación.

Updated, 17/03/16.