De la conclusión boliviana sobre los Panama Papers

Obviamente, mientras más logren incrementar impuestos a la ciudadanía ante la caída de ingresos petroleros para el Estado, más durará la investigación de un grupo de burócratas sobre un caso que desde un principio se sabía que no concluiría nada relevante a su favor.

Resulta que, por fin, luego de más de un año y medio, la Mediocre Comisión Legislativa Mixta que investigó el caso de los Panama Papers, la filtración de 1 millón y medio de documentos de Mossack Fonseca, un despacho de abogados que, hasta principios de 2016, trabajaba con más de 214 mil entidades alrededor del globo, ha publicado su informe final con simples recomendaciones. Sin embargo, y como no podía ser de otra manera, luego de haber investigado 558 personas jurídicas y naturales bolivianas que aparecen supuestamente en varias listas relacionadas a paraísos fiscales, el informe concluye que “la culpa es de Gonzalo Sánchez de Lozada por la catadura moral de sus negocios”.

También tienen en la mira a COMTECO y el Grupo Marinkovic, pero claro que no dijeron nada sobre casos como el de Entel y cómo prevendrían que sea el mismo Estado o el conjunto de su burocracia el que, como tradicionalmente ha sido toda vez que ha crecido en el número de sus atribuciones y competencias sobre la economía, el que cree cuentas en paraísos fiscales. Una vez más, se trata de un elemento más para el campo de la ideología política intervencionista, nada más; hasta ahora no existen casos contra quienes busquen preservar su patrimonio y no estén directamente involucrados en política.

Lo preocupante, sin embargo, es que el proyecto de Ley Contra el Uso de Paraísos en Bolivia como consecuencia, es que, sumando el incremento del Impuesto a la salida de Capitales y otros controles de capitales todavía menores, es una desmotivación todavía mayor para la inversión de capitales extranjeros en el país, y una motivación todavía mayor por quienes buscan los mecanismos más inteligentes de desinversión de los aún existentes.

A pesar de que a estas alturas todo es posible, la nueva ley podría ser retroactiva, o, mínimamente, todo lo que harían sería hacia futuro, para lo que el tiempo apremia, pero son al menos tres los elementos más importantes a tomar en cuenta en este escenario:

1. a) No entienden el concepto y espíritu de los paraísos fiscales, que justamente superan lo fiscal, y que tienen que ver más con la seguridad legal que estos capitales no encuentran en sus países de origen.
2. b) La investigación política de paraísos fiscales es bastante más complicada de lo que parece; hay, pues, motivos incomparablemente más sólidos por parte de quienes crean paraísos fiscales, que es mucho más fuerte que cualquier comisión antojadiza de un infierno fiscal y jurídico como el de Bolivia.
3. c) Los paraísos fiscales son bastante más seguros que lo que aparentan, tanto más que los motivos que tuviera el grupo de periodistas que filtró aquella información privada de Mossack Fonseca, o cualquier comisión de burócratas que dedicara recursos ajenos para solamente desear que así no fuera. En todo caso, sería más interesante someter a una investigación a esta misma comisión investigadora sobre cómo y cuánto de su tiempo y de los recursos del Estado que sablean a la ciudadanía destinan a hacer estas investigaciones con tan insípidas conclusiones.

Ahora, ¿qué es lo mejor de tanto ruido, del incremento tan acelerado de impuestos, de la informalidad, la inseguridad jurídica, y la incertidumbre económica en Bolivia? Que incrementan el valor añadido de mi trabajo y, por tanto, el incremento de las tarifas de mis servicios en la misma proporción. ¡Gracias!

Si necesita que lo ayude con alguno de estos aspectos personalmente, contácteme y le responderé pronto.