A la creciente incertidumbre sobre la estabilidad y condiciones para invertir a corto plazo en Bolivia, se le suma el hecho de que la restricción del acceso a la información pública es cada vez mayor (así lo reportan tanto Freedom House 2018 como Página Siete), con lo cual no es difícil hacer inferencias.
Desde luego que nadie -y mucho menos un economista que se precie de ser serio- puede hacer predicciones en términos de tiempo, espacio y materia, es decir, sobre cuándo, cómo y qué forma tendría una crisis económica relativamente severa en el país. Lo máximo a lo que uno puede acercarse es a hacer predicciones en términos de causa y efecto. No obstante, y si fuera posible, hay elementos que permiten ensayar extrañas -y aunque breves- combinaciones de ambos enfoques.
De acuerdo a cálculos privados el déficit público acumulado de cinco años no estaría rozando el 8%, sino que sobrepasa la escandalosa cifra del 10%. Con esto, desde luego, el futuro de corto plazo es mucho menos halagüeño que hace tan solo unas semanas, peor aún al tomar en cuenta que hace seis meses, cuando Arce Catacora se alejaba de Hacienda, las tareas económicas que dejaba pendientes son cada vez más difíciles de asumir sin provocar sobresaltos. Como bien decía Mises, cuando llegue el inevitable final, la depresión será tanto más violenta cuanto más tiempo el gobierno haya venido aplazándola.
En este sentido, la primera fuente de ingresos públicos es la exportación de gas al Brasil y el endeudamiento público externo, con lo cual las tareas urgentes del primer trimestre de 2018 son la certificación de reservas probadas de gas para empezar a negociar nuevos contratos y la nueva emisión de bonos soberanos para, antes que nada, se sostenga el nivel de Reservas Internacionales por encima del nivel óptimo de los $10.000 millones y, por tanto, el régimen cambiario.
Mientras ambas tareas no son asumidas con eficacia y eficiencia, se están observando distintas medidas improvisadas:
- La liberación temporal de las exportaciones de aceite, soya y azúcar, para importar dólares: si acaso los contratos de exportación se dieran de la noche a la mañana, el factor climático que está provocando inundaciones no está ayudando en absoluto.
- Un acelerado (cuando no desesperado) proceso para poner en marcha la gestora pública de pensiones: siendo la última fuente de recursos disponibles que queda, y siendo que, al mismo tiempo, el Banco Central de Bolivia, al haber pasado de ser Prestamista de Última Instancia a ser prestamista de primera instancia, hace muchos años está demasiado comprometido y sólo le quedaría la última carta: la devaluación por medio del tipo de cambio.
- La renta fija del primer mundo vuelve a ser relativamente atractiva luego de diez años de crecimiento bajo, a la vez que la renta fija emergente resta posibilidades a países como Bolivia para poder colocar papeles con rentabilidad atractiva: sólo queda que quien los compren vuelvan a ser las AFP, o China con condiciones (hipotecas) muy rígidas. Sin embargo, valga insistir en que, aunque se lograra la colocación, sostener el tipo de cambio no garantiza productividad del conjunto de la economía, sino tan solo que las finanzas públicas no exploten en el corto plazo; el sistema bancario financiero ya arrastra problemas de liquidez desde aproximadamente abril de 2017, una época en la que se vencen plazos de pago de impuestos del público, y en el segundo semestre del año pasado se ha visto cómo se sostiene el nivel de reservas con artificios contables una vez que cayeron por debajo del óptimo, pero para este año ya existen al menos un mes de retraso del reporte semanal sobre Reservas Internacionales.
Entonces, el primer elemento a observar para saber cuál es el nivel de urgencia deben asumir los privados un proceso de ajuste y liquidación, y con qué actitud el Gobierno pretende asumir la inestabilidad e incertidumbre en el corto plazo, serán los cambios en el Gabinete de Ministros, muy particularmente en YPFB e Hidrocarburos, Hacienda, Defensa, Presidencia, Gobierno y Comunicación, este próximo 22 de enero, y si los días de Carnaval significarán realmente un margen de maniobra política un poco menos ajustado.
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