Sin lugar a dudas, el fraude del 20 de octubre ha provocado no sólo el mayor golpe a la libertad y la democracia en el país desde 1982, sino a la economía desde 1985 hasta que se implementó el DS 21060 para detener la hiperinflación liberalizando la economía en una primera etapa. Sobre todo por la enorme falta de información institucional, a la vez que el creciente caudal de desinformación, no cabe dudas de que la economía se está desmoronando.
Lo primero que llama la atención es la falta de información del BCB respecto del nivel real actual de reservas internacionales, que no se actualiza desde el 11 de octubre, la semana previa al fraude. Luego de explicar que tenían “problemas técnicos,” esta semana el BCB se limitó a publicar un comunicado que afirma que las reservas son suficientes, y no mucho después se supo del malabarismo de utilizar fondos privados de comercio exterior para detener la caída, pero que, a fin de cuentas, por la naturaleza de la medida, genera más preguntas que respuestas sobre la verdadera capacidad del ente emisor para asumir cualquier eventualidad. ¿Por qué no simplemente publican el dato? ¿Lo habrá interrumpido el TSE?
Otro elemento de preocupación, que se espera no provoque problemas mayores de descalce de plazos, fue la disposición del ente regulador para que la banca reprograme créditos del público dada la dificultad de la huelga general en el país, justo cuando los niveles de mora y reprogramación ya constituían un problema cuya solución ya se iba postergando sistemáticamente a cambio de agravar el problema. Desde luego que entre el ente emisor, el regulador, la banca y el sector financiero, aunque se registrara serios problemas de liquidez, jamás dirán lo contrario, pero si las propias cifras son reservadas, la confianza del público seguirá deteriorándose.
Lamentablemente, las reservas no dejarán de caer, porque se trata de un problema estructural. La única forma de que repunten es con mayor deuda aún, exportando más y atrayendo cada vez más inversión extranjera privada, pero en los tres ámbitos el país está en el horno hace mucho: la deuda tanto pública como privada están al límite; los ingresos por exportación de gas cayeron un 17% hasta septiembre y la huelga general está afectando las exportaciones no tradicionales; y sobre todo luego de las últimas dos semanas, no sólo que no llegará un solo centavo de dólar al país (de hecho, en 2018 la IED en Bolivia fue la más baja de toda la región), sino que, además, las posiciones de desinversión son cada vez mayores.
Por si fuera poco, la huelga también ha provocado ya una caída de la recaudación de impuestos afectará el déficit que ya rondaba el 8%.
Finalmente, si de susceptibilidad sobre lo que realmente sucede y cómo pretenden manejar una eventual crisis económica se trata, la repentina renuncia del Viceministro de Tesoro y Crédito Público esta semana, alrededor del desembolso del bono de lealtad de Bs. 3.000 a los policías, ha llamado tanto la atención que Hacienda se ha visto forzada a publicar un comunicado que, aunque breve, se limita a decir que se trata de un asunto personal del funcionario.
Si todo esto constituye meras conjeturas, es el inversor quien todavía tiene la última palabra.
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