Sin duda alguna, los desafíos inmediatos que deberá asumir el nuevo gobierno del MAS en Bolivia se concentran en la economía.
Los motivos son claros:
- Los altos niveles de gasto y déficit fiscal.
- Los bajos niveles de reservas del Banco Central de Bolivia.
- La falta de liquidez –que el sistema bancario y financiero arrastran desde hace al menos 4 años–.
- El resultado de la serie de diferimientos y reprogramaciones crediticias sobre la mora.
- La devaluación en el mercado secundario del BCB a mediados de este año.
- La presión cada vez mayor sobre el tipo de cambio.
A pesar de que el Fondo Monetario Internacional aplaudió la victoria de Arce Catacora y calificó su labor a cargo del ministerio de hacienda durante 13 años como “excelente”, las incógnitas persisten. No por nada los mercados reaccionaron con sorpresa y pesimismo ante los resultados de las elecciones, llevando los bonos soberanos a caer y rendir un 7.5%.
Pero la situación se vuelve más delicada frente a la promesa –hecha en abril– de suspender el pago de la deuda externa por dos años y crear un impuesto a las grandes fortunas.
El anuncio de la creación de ese impuesto tampoco se puede considerar como una buena señal. Si Arce todavía sostiene de que entre los principales problemas de la economía de Bolivia se encuentra la falta de ingresos antes que el exceso de gasto público, el efecto será exactamente el inverso: las grandes fortunas terminarán por abandonar el país en busca de refugio, caerá la inversión privada, y subirán el desempleo y la pobreza.
No obstante, es cierto que existe cierto margen de maniobra de corto plazo para estabilizar las reservas del BCB, sostener el tipo de cambio y garantizar la estabilidad del sistema bancario y financiero con el modelo económico de Arce –que sigue intacto–.
La fórmula partiría del incremento de la deuda pública externa. Pero de poco serviría el tiempo que se consiga si no se realizan ajustes sobre algunas de las principales causas del déficit fiscal, que son las empresas públicas del Estado.
Para que este camino de corto plazo tenga éxito, resulta imprescindible reconstruir la confianza del público en las instituciones, sobre todo respecto de la moneda y el sistema bancario y financiero. En ese sentido, no es una buena señal que Tribunal Departamental de Justicia de La Paz haya dejado sin efecto la orden de aprehensión contra Evo Morales por el caso terrorismo. Por otro lado, los anuncios respecto de que ni el ex presidente ni los integrantes de su gabinete formarán parte del nuevo gobierno serían un alivio, al menos de momento.
Aunque todavía sea prematuro –pues arce asumirá la presidencia el 8 de noviembre– surgen preguntas importantes: ¿a quién designará como ministro de Hacienda y como presidente a.i. del BCB? ¿cuáles serán sus objetivos? ¿Arce les permitirá desempeñarse de la manera más adecuada posible en el cargo o intervendrá en su labor de manera permanente?
Toda pregunta respecto de qué podría suceder inmediatamente después de que se conforme el gobierno de Arce constituye una muy larga serie de conjeturas sobre las que no queda más que esperar.