Hace exactamente dos años, y previendo que Bolivia pudiese necesitar asistencia económica debido a las condiciones del sector fiscal, el bancario y financiero del país, la administración Trump estableció sanciones que le negaban al gobierno cualquier ayuda eventual (excepto la humanitaria) del Fondo Monetario Internacional o cualquier otro organismo multilateral semejante.
Hace exactamente dos años –y previendo que Bolivia pudiese necesitar asistencia económica debido a las condiciones del sector fiscal, bancario y financiero del país– la administración Trump estableció sanciones que le negaban al gobierno cualquier ayuda eventual (excepto la humanitaria) del Fondo Monetario Internacional o cualquier otro organismo multilateral semejante.
En aquel momento gobernaba Evo Morales.
Aquella era una medida para forzar al gobierno de Morales a asumir ajustes y no jugar al riesgo moral; ese que ocurre cuando una entidad tiene un incentivo para aumentar su exposición al riesgo, pues no asume los costos totales del mismo.
En Bolivia el riesgo moral era palpable por el avanzado deterioro de las finanzas públicas ya desde aquel entonces.
Más tarde, y luego de la renuncia de Morales, Donald Trump manifestó su apoyo a Bolivia y al gobierno de Jeanine Áñez, con lo cual las sanciones se desvanecieron. Durante la pandemia el país recibió un apoyo de $327 millones sin condiciones del FMI.
Ahora, tras el regreso del Movimiento al Socialismo al poder y el virtual triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en los Estados Unidos, se ciernen algunas dudas (y también certezas) sobre el futuro económico de Bolivia.
Para nadie sería una sorpresa que la política exterior de una administración Biden-Harris fuese tan permisiva con el Grupo de Puebla como lo fue Obama con el Socialismo del Siglo XXI.
Asumiendo esa línea de permisividad hacia el gobierno socialista boliviano, desde el oficialismo nos invitan a evitar el catastrofismo al hablar sobre el futuro de la economía del país con Arce Catacora. No obstante, el “alivio” es solo para el corto plazo.
Todavía quedan pendientes de confirmación la propuesta de Arce Catacora de no pagar la deuda pública externa durante los dos primeros años de su mandato y la de crear un impuesto a las grandes fortunas. Cualquiera de las dos medidas serían verdaderamente desafortunadas.
Por el momento, Arce acaba de designar como Ministro de Economía a Marcelo Montenegro, catedrático de macroeconomía de la UMSA, quien en 2016 escribió un artículo defendiendo la idea de incrementar la deuda pública externa cuanto fuera posible sin necesidad de incrementar impuestos de manera paralela, a ser “utilizada en inversiones productivas de alto retorno social”.
Esa propuesta tenía en cuenta el diagnóstico de falta de ingresos y no el exceso de gastos. Además, obviaba el impacto sobre el déficit.
Probablemente no se vuelvan a ver pronto nuevas sanciones de Estados Unidos contra Bolivia, pero siguen en el ambiente dudas importantes:
¿Qué tan urgente es la necesidad de incrementar la deuda pública externa para Bolivia?
¿Qué tan permisiva podría ser una administración de Joe Biden con el gobierno de Arce Catacora?
Siendo que el nivel de reservas en el BCB al 30/10/20 es de $5.578 millones, y en divisas, su parte líquida ante cualquier eventualidad, es de penas $2.724 millones ¿qué tan fácil puede ser para Arce Catacora y Montenegro lidiar con desafíos de corto plazo relacionados al déficit o la estabilidad del sistema bancario y financiero?
¿Realmente existirá un margen para incrementar la deuda y el gasto de manera simultánea sin más impuestos que aquel a las grandes fortunas?
La incertidumbre todavía se cierne sobre el futuro económico de corto plazo de Bolivia.
Aún si contara con la permisividad de Joe Biden y Kamala Harris, Arce Catacora y Montenegro tienen el desafío de confirmar o desechar parte de sus propuestas.
Para avanzar tendrían que aceptar los errores del pasado y aclarar si esperan realmente que los “retornos sociales” asuman las compromisos del país contraídos mucho antes de 2020.
En aquel momento gobernaba Evo Morales.
Aquella era una medida para forzar al gobierno de Morales a asumir ajustes y no jugar al riesgo moral; ese que ocurre cuando una entidad tiene un incentivo para aumentar su exposición al riesgo, pues no asume los costos totales del mismo.
En Bolivia el riesgo moral era palpable –dado el avanzado deterioro de las finanzas públicas ya desde aquel entonces–.
Más tarde, y luego de la renuncia de Morales, Donald Trump manifestó su apoyo a Bolivia y al gobierno de Jeanine Áñez, con lo cual las sanciones se desvanecieron.
Durante la pandemia el país recibió un apoyo de $327 millones sin condiciones del FMI.
Ahora, tras el regreso del Movimiento al Socialismo al poder y el virtual triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en los Estados Unidos, se siernen algunas dudas (y también certezas) sobre el futuro económico de Bolivia.
Para nadie sería una sorpresa que la política exterior de una administración Biden-Harris fuese tan permisiva con el Grupo de Puebla como lo fue Obama con el Socialismo del Siglo XXI.
Asumiendo esa línea de permisividad hacia el gobierno socialista boliviano, desde las el oficialismo nos invitan a evitar el catastrofismo al hablar sobre el futuro de la economía del país con Arce Catacora. No obstante, el “alivio” es solo para el corto plazo.
Todavía quedan pendientes de confirmación la propuesta de Arce Catacora de no pagar la deuda pública externa durante los dos primeros años de su mandato y la de crear un impuesto a las grandes fortunas. Cualquiera de las dos medidas serían verdaderamente desafortunadas.
Por el momento, Arce acaba de designar como Ministro de Economía a Marcelo Montenegro, catedrático de macroeconomía de la UMSA, quien en 2016 escribió un artículo defendiendo la idea de incrementar la deuda pública externa cuanto fuera posible sin necesidad de incrementar impuestos de manera paralela, a ser “utilizada en inversiones productivas de alto retorno social”.
Esa propuesta tenía en cuenta el diagnóstico de falta de ingresos y no el exceso de gastos. Además, obviaba el impacto sobre el déficit.
Probablemente no se vuelvan a ver pronto nuevas sanciones de Estados Unidos contra Bolivia, pero siguen en el ambiente dudas importantes:
¿Qué tan urgente es la necesidad de incrementar la deuda pública externa para Bolivia?
¿Qué tan permisiva podría ser la Administración Biden con el gobierno de Arce Catacora?
¿Qué tan fácil puede ser para Arce Catacora y Montenegro lidiar con desafíos de corto plazo relacionados al déficit o la estabilidad del sistema bancario y financiero, siendo que el nivel de reservas en el BCB al 30/10/20 es de $5.578 millones, y en divisas, su parte líquida ante cualquier eventualidad, es de penas $2.724 millones?
¿Realmente existirá margen para incrementar la deuda y el gasto de manera simultánea sin más impuestos que el de aquel a las grandes fortunas?
La incertidumbre todavía se cierne sobre el futuro económico de corto plazo de Bolivia.
Aún si contara con la permisividad de Joe Biden y Kamala Harris, Arce Catacora y Montenegro tienen el desafío de confirmar o desechar parte de sus propuestas. Para avanzar tendrían que aceptar los errores del pasado y aclarar si esperan realmente que los “retornos sociales” asuman las compromisos del país contraídos mucho antes de 2020.