Al igual que en el resto del mundo, durante 2020 Bolivia ha sido claramente marcada por la crisis de la pandemia del covid-19. Sin embargo, también ha sido especialmente marcada por una severa crisis política que se ha traducido en el retorno del Movimiento al Socialismo al poder.
Aunque todo esto tiene toda una serie de factores a ser evaluados con un rigor analítico que difícilmente se pueda cubrir con suficiente detalle a pocas semanas de ver a Luis Alberto Arce Catacora como el nuevo presidente de Bolivia, es posible realizar un breve resumen de los principales hechos históricos que pueden explicar en gran medida el momento por el que actualmente atraviesa el país.
Lo bueno en Relaciones Internacionales
Entre los aspectos positivos que se puede destacar del gobierno de Jeanine Áñez durante 2020, están sobre todo aquellas en materia de Relaciones Internacionales.
Luego de haber guardado una estrecha relación durante al menos 14 años con el eje internacional del ALBA, y particularmente con Cuba, Venezuela e Irán durante el gobierno de Morales, Bolivia cortó relaciones diplomáticas con dichos países, designó solamente encargados de negocios en sus respectivas embajadas, y además reconoció formalmente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela e ingresó al Grupo de Lima.
De igual manera, el gobierno de Áñez ordenó el cierre del instituto militar de la Escuela de Comando Antiimperialista General Juan José Torres (antes Escuela del ALBA) creado en 2011 por Evo Morales e inaugurado en un acto con la presencia del entonces Ministro de Defensa de Irán Ahmad Vahidi, acusado por la justicia argentina de ser coautor ideológico del atentado a la AMIA en 1994.
Asimismo, en enero Bolivia también restableció las relaciones con EEUU -de cuyo presidente Donald Trump ya había recibido apoyo explícito y directo a fines de 2019- para intercambiar embajadores, así como en febrero también lo hizo con Israel.
Acertada defensa en el ámbito internacional de las decisiones de Áñez frente a la injerencia extranjera de países como México, España y Argentina, que se encargaron de afectar la imagen del gobierno boliviano cuestionando su legalidad y legitimidad instalando la narrativa del golpe de estado, y victimizando a Morales y otorgándole refugio frente a los delitos y crímenes de lesa humanidad por los que se lo acusaba al haber cercado ciudades e impedido el ingreso de alimento a las mismas, entre varios otros.
En el mismo sentido, aunque se trató de un hecho del 27 de diciembre de 2019, la polémica y consecuencias para las relaciones diplomáticas entre Bolivia y España, por los incidentes protagonizados por encapuchados del GEO español en la residencia de la Embajada de México, se extendieron a 2020 cuando en enero el gobierno boliviano recibió la visita del eurodiputado Hermann Tertsch y el diputado español y vicepresidente de VOX, Víctor González.
Dicha visita generó una investigación por parte de la justicia española, que actualmente permanece abierta, encontró los lazos irregulares de los partidos del actual gobierno español del PSOE, Unidas Podemos e Izquierda Unida, además del juez Baltasar Garzón, con el Movimiento al Socialismo, y financiamientos a través de Neurona Consulting.
De no haber sido por la apertura y colaboración del gobierno de Jeanine Áñez, probablemente estas investigaciones y descubrimientos posteriores no hubieran sido posibles.
Lo bueno y malo en el ámbito económico
En este mismo sentido, el gobierno de Áñez comenzó 2020 —aunque tímidamente— recortando el gasto público para reducir a su vez el déficit fiscal en aproximadamente punto y medio porcentual, lo cual le dio más tarde un margen de maniobra relativamente mayor para encarar el desafío de la pandemia, que requería con urgencia del fortalecimiento del sector sanitario a lo largo y ancho del país, incluso fuera del contexto de la pandemia.
Otro aspecto positivo fue la liberación de las exportaciones. Aunque fue una medida anunciada a finales de 2019, entró en vigor recién a inicios de 2020, lo cual se tradujo en, por ejemplo, cierto alivio en la caída permanente de las reservas internacionales del BCB desde 2013.
Pero más aún, otro elemento positivo a destacar fue la decisión de no incurrir en una devaluación cambiaria. Pese a que existe cierto consenso tanto entre políticos como economistas opositores independientes, en torno a que el tipo de cambio fijo sería uno de los mayores desaciertos que el Movimiento al Socialismo arrastra desde fines de 2011 en materia de política económica, una devaluación cambiaria podría constituir un error todavía mayor fundamentalmente por los efectos explosivos que tendría sobre el balance del conjunto del sistema bancario y financiero excesivamente denominado en moneda nacional o “bolivianizado”.
Lamentablemente las iniciativas orientadas a la austeridad —que ya estaban previamente condicionadas por un PGE 2020 elaborado por el gobierno de Morales en 2019 que nunca fue re-adaptado a las circunstancias de la pandemia en 2020 por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS mantenía una mayoría de dos tercios— fueron interrumpidas por la renuncia de José Luis Parada como titular de Hacienda, así como por el alejamiento temporal de Óscar Ortiz Antelo por problemas de salud, quien lo reemplazó temporalmente en el cargo hasta muy poco tiempo antes de las elecciones de octubre.
Respecto de lo negativo en el ámbito económico, entre los mayores desaciertos probablemente estuvo primero la falta de un diagnóstico general tanto de Hacienda como del Banco Central de Bolivia, para saber cuáles fueron las condiciones en las que el gobierno de Jeanine Áñez realmente heredó la economía, que ya se encaminaba hacia una crisis generalizada incluso antes de la propia crisis provocada por el fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Con su silencio Añez daba a entender que todo estaba bien, y avalaba implícitamente el trabajo de Arce en Hacienda.
Luego, apenas se empezaba a superar la peor etapa de las cuarentenas, Áñez anunció una política económica típicamente keynesiana de “obras con empleos” para la recuperación, que no se traduce en otra cosa más que en un incremento de la deuda, expansión del gasto y acumulación del déficit fiscal, que contradecía el espíritu inicial con el que Áñez iniciaba su gobierno.
La administración de la crisis de la pandemia
Entre finales de marzo e inicios de abril se tuvo conocimiento de un estudio de Oxford Economics, que afirmaba que Bolivia tenía la economía más vulnerable respecto de otras economías emergentes para encarar la pandemia, debido fundamentales a las precarias condiciones del sistema de salud y la creciente presión fiscal heredada del gobierno de Morales y el trabajo de su entonces ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Alberto Arce Catacora, forzó al gobierno a incrementar la deuda pública de manera urgente y fundamentalmente por la falta de ahorro previo.
El gobierno de Jeanine Áñez consiguió un “crédito puente” de liquidez de alrededor de $1.000 millones del Banco Central de Bolivia, hasta conseguir nuevos préstamos de distintos organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Agence Française de Développement (AFD), lo cual haría que la cifra final ascendiera a $1.400 millones.
En este mismo sentido, el Banco Central de Bolivia decidió incurrir en una agresiva ampliación de la base monetaria para inyectar una cantidad de liquidez en la economía de aproximadamente $600 millones. Parte de aquella inyección tuvo fuente en el incremento de deuda, pero también en una devaluación en el mercado secundario donde el TGN emitió deuda para que el el BCB, a su vez, compre títulos y valores tanto en dólares como bolivianos en manos de las AFP.
Una parte importante de esta inyección de liquidez sirvió para la creación de un programa de transferencias de dinero en efectivo, o “bonos”, de manera directa a distintos segmentos de la población.
Tal vez se trató de una medida acertada, pues se trataba de un programa temporal, de emergencia, y con bonos muy focalizados, pero el peligro se concentraba en que luego se extendieran y fueran permanentes como herramienta política, como parte de un programa populista ambicioso de cara a las elecciones de octubre, y que eventualmente forme parte del modelo estructural keynesiano de estímulo de la demanda agregada interna del MAS, el Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano (MESCPB).
Finalmente, al cierre del tercer trimestre, y a consecuencia sobre todo de los confinamientos masivos y forzosos ante la pandemia del Covid-19, ya sobre el final del gobierno de Jeanine Áñez se proyectó una recesión económica del -11,1% del PIB en 2020.
La polémica de la candidatura y el bloqueo de oxígeno
Entre los aspectos más polémicos que marcaron el gobierno de transición durante 2020, fue el anuncio de la candidatura de Jeanine Áñez a la presidencia el 25 de enero. Áñez fue duramente criticada por crear una división del voto aún mayor que la que ya creaba para enfrentar al Movimiento al Socialismo, consigna construida con éxito por la oposición para enfrentar a Morales en las elecciones de 2019.
Por esto mismo, las medidas de emergencia implementadas para encarar la pandemia del Covid-19 estuvieron marcadas por la falta de credibilidad, pues se pensaba que todo estaba orientado a utilizar los medios del aparato público burocrático para enaltecer su figura como candidata.
Más aún, entre muchas de las medidas necesarias que nunca se llegaron a implementar para consolidar la rebelión pacífica ciudadana nacional de finales 2019 estaban los ajustes y reformas económicas estructurales, como la eliminación total o parcial, gradual o definitiva del subsidio a los hidrocarburos, o las reformas estructurales que permitieran recuperar el sistema republicano de equilibrio de poderes establecido en 1825 y que había sido reemplazado ilegal e ilegítimamente por la Constitución del Estado Plurinacional en 2009, probablemente por temor a perder votos.
Probablemente el mayor error del gobierno de Jeanine Áñez fue no haber concluido la rebelión iniciada contra el gobierno de Evo Morales a partir del desacato del referéndum del 21 de febrero de 2016, y más aún por el fraude del 20 de octubre de 2019, en cuanto asumió el mandato de gobierno.
Dado que el problema no era únicamente Morales, sino todo el aparato político montado para la acumulación y extensión de poder, con el gobierno de Áñez y la narrativa de “pacificar el país”, se perdió la oportunidad de retornar a la República como forma de convivencia pacífica, libre y democrática entre ciudadanos, y luego, en el medio de la gestión de la crisis de la pandemia, se perdió hasta verse forzada a declinar su candidatura más tarde.
Entre los principales y más importantes hechos que cuestionaron la capacidad de Áñez para gobernar, así como el deterioro de imagen como candidata, están el escándalo de sobreprecio en la compra de respiradores españoles por parte del Ministerio de Salud a cargo de Marcelo Navajas, y la gestión del bloqueo de caminos por parte de miembros y simpatizantes del MAS, que impidió el paso de oxígeno desde Santa Cruz en el oriente del país para pacientes graves contagiados con Covid-19 en los principales hospitales clínicas de Oruro y La Paz en el occidente.
Dicho bloqueo probablemente marcó el momento más delicado para el gobierno durante la pandemia, pues no sólo tenía más de 7.000 camiones varados en las carreteras durante varios días, sino que también provocó la muerte de más de 40 pacientes por falta de oxígeno.
La polémica y mayores críticas contra el gobierno de Jeanine Áñez se generaron por la falta de intervención de la policía o incluso de las FFAA en el bloqueo. Aunque tanto el Ministerio de Gobierno como el Ministerio de Defensa afirmaron que su intervención podría haber provocado consecuencias con una cantidad de fallecidos todavía mayor y, por tanto, la renuncia o incluso la propia caída del gobierno de Áñez, la aprobación popular no pudo ser menor.
Además de otros hechos relativamente menores hasta ese entonces, la inestabilidad política que conllevó la crisis de la pandemia provocó más de 50 designaciones de ministerios en menos de un año.
Entre los factores externos que más deterioraron la imagen del gobierno y entorpecieron su gestión, estuvieron la intromisión permanente de la Asamblea Legislativa Plurinacional con Eva Copa como presidente del Senado, y la injerencia de los gobiernos primero de México y España, y luego de Argentina, que no dejaban de calificar al gobierno de Áñez, reconocido como constitucional por la propia bancada del MAS en el Parlamento, como un gobierno de facto y de mostrar a Morales como la víctima de un golpe de estado en 2019.
Finalmente, respecto de la gestión de la pandemia resulta muy difícil hacer evaluaciones objetivas. Por ejemplo, si se toma en cuenta el número oficial de fallecidos por Covid-19 por millón de habitantes, los resultados de Bolivia no se alejan demasiado de los de algunos de los países vecinos.
La nueva división de la oposición en las elecciones de octubre
Entre los aspectos más importantes a destacar de todo lo sucedido durante 2020 en Bolivia, están las campañas electorales y los resultados de las elecciones del mes de octubre.
Inicialmente el Tribunal Supremo Electoral tenía las elecciones previstas para el 3 de mayo, luego del arduo trabajo que significaba realizar primero nuevas designaciones de autoridades a nivel nacional y solucionar las irregularidades y hechos concretos de fraude de las elecciones de 2019, y luego sanear el padrón electoral, que, entre otros aspectos, eliminó más 80 mil fallecidos que figuraban como votantes activos.
Más tarde las elecciones fueron postergadas primero para el 17 de mayo, luego se propuso fechas tentativas entre el 7 de junio y el 6 de septiembre, y finalmente se celebraron el 18 de octubre.
Los protagonistas de las elecciones fueron Luis Arce Catacora, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Chi Hyun Chung.
Entre los factores que explicaron la victoria de Arce en primera vuelta con el 55,11 % de votos, estuvo la debilidad e improvisación de los programas de gobierno propuestos, la falta de solvencia de los candidatos para defenderlos, y el cambio permanente de los discursos que se acomodaban según el público ante el que se presentaban en campaña a medida que se acercaba el 18 de octubre.
Pero más aún, el aval implícito que concedieron los principales candidatos sobre el MESCPB del MAS, la herencia económica recibida de Arce en Hacienda, sobre las medidas necesarias para continuar encarando la pandemia, y los programas económicos necesarios para enfrentar también la severa crisis económica que traerían consigo las cuarentenas masivas y forzosas durante meses.
Todos los candidatos coincidieron, por ejemplo, en que lo que se requería en el corto plazo era el incremento de la deuda pública externa, la acumulación del déficit fiscal y el fortalecimiento del gasto público, y se concentraban en discutir solamente en el destino del gasto sin cuestionar el gasto en sí mismo.
Y para el largo plazo, el consenso se construyó también en el fortalecimiento de la industria nacional.
Todo esto ya lo había desarrollado de una u otra forma el MAS durante al menos 13 años continuos.
El inicio del gobierno de Arce Catacora
Las primeras características del gobierno de Arce Catacora en menos de dos meses ha sido la continuidad de las políticas del Movimiento al Socialismo y Evo Morales desde 2006 en varios aspectos.
La primera característica de los viejos vicios del MAS que Arce Catacora ha retomado de manera inmediata y decidida en su gobierno ha sido la intervención del Poder Ejecutivo en los menesteres del Poder Judicial. De manera más concreta, siendo que tenía varias acusaciones formales en su contra, como fraude electoral, sedición y terrorismo, Evo Morales abandonó su refugio en Argentina y retornó a Bolivia sin que fuera siquiera citado a declarar por parte de la Fiscalía por dichas acusaciones.
De igual forma, en materia de relaciones internacionales, los primeros invitados especiales de Arce para su posesión fueron Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel, y Mohammad Yavad Zarif, que no se traduce en más que la reanudación del vínculo diplomático con los regímenes de Venezuela, Cuba e Irán.
Y finalmente, en materia económica, si bien Arce Catacora había anunciado en su primer discurso como mandatario que su gobierno sería “sumamente austero”, creó más ministerios y viceministerios, incrementó la deuda pública en la reformulación del programa financiero 2020 entre Hacienda y el BCB, y programó en el PGE 2021 un incremento todavía mayor de la deuda pública y privada, una mayor acumulación del déficit fiscal, y un incremento del gasto público tanto productivo como burocrático.
Por lo que se ve hasta el momento, Arce Catacora no tiene realmente un plan. Ha anunciado varias medidas aisladas, y ha retomado el MESCPB. Si se toma en cuenta que la desaceleración económica tiene sus inicios a mediados de 2013, mucho antes de la caída de los precios internacionales del petróleo, se infiere que el modelo está agotado, y que, en el mejor de los casos, Bolivia verá un rebote estadístico de las cifras del Producto Interno Bruto, mas no una recuperación sólida y sostenible a largo plazo.
Conclusiones
A modo de recuento, se puede decir que así como 2019 se caracterizó por una rebelión ciudadana pacífica nacional que quedó inconclusa fundamentalmente porque el gobierno de Jeanine Áñez no la concluyó con la recuperación de la República, 2020 se caracterizó por la frustración de aquella rebelión con la victoria de Arce Catacora, que inició su gobierno sobre la estructura estatal y de acumulación de poder que habrá construído el MAS durante 14 años y que había intacta mientras no tuvo el gobierno a su cargo.
Ahora Bolivia cierra 2020 con un nuevo gobierno que lleva apenas mes y medio de trabajo, y ya ha retomado los viejos vicios políticos de intervenir en la justicia, de otorgar privilegios a los miembros de su partido frente a los derechos del conjunto de la ciudadanía boliviana, y de incrementar la deuda, incrementar el gasto público y acumular el déficit fiscal, pero no para asumir el desafío de una severa crisis en todo ámbito, sino para postergarla a cambio de agravarla o a la espera de que se solucione sola en el camino.
Por el momento el país está concentrado en las elecciones departamentales y municipales programadas para marzo de 2021, que encuentran nuevamente dividida a la oposición (aunque también al propio partido de gobierno), en medio de la llegada de la segunda ola de contagios por Covid-19 y la incertidumbre que genera la falta de medidas al respecto, así como falta de una gestión clara para conseguir vacunas, lo cual ayudaría, a su vez, a mejorar las perspectivas de recuperación económica.