Siete días después de haber celebrado elecciones departamentales y municipales, Bolivia se ha visto nuevamente envuelta en una serie de hechos que alteran su estabilidad democrática y que cuestionan la solidez de sus instituciones, lo cual dificulta todavía más una pronta recuperación de la crisis sanitaria y económica.
En días anteriores a dichas elecciones, había expertos que ya señalaban la posibilidad de que el Movimiento al Socialismo (MAS) –partido de Evo Morales– perdiera 1,5 millones de votos frente a los que recibió en octubre de 2020 y le dieron la victoria a Luis Alberto Arce Catacora, y que, por tanto, el país debía estar nuevamente pendiente de cualquier posible irregularidad en el proceso electoral, dados antecedentes de finales de 2019.
Pues lo primero a destacar de los comicios del 7 de marzo, es que el Tribunal Supremo Electoral decidió suspender el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), de la misma forma en que lo hizo en las elecciones de octubre de 2020.
Segundo, a pesar de que el padrón electoral todavía sigue sin ser auditado, el MAS ha perdido una cantidad de votos muy importante, efectivamente: perdió 9 de las 10 alcaldías más importantes del país, y ganó en primera vuelta en apenas 3 de los 9 departamentos (Cochabamba, Oruro y Potosí), mientras debe pelear una segunda vuelta en otros tres (Chuquisaca, Tarija y Pando) y aún esperar los resultados de un último (La Paz).
Tercero, conforme avanzaba el conteo oficial de votos, hubo más de un candidato, como Gary Áñez, quien aspiraba a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, que denunció que se había registrado un “fraude descomunal” en favor de Jhonny Fernández.
Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, se encontraba en Honduras para acompañar sus elecciones primarias, lo cuál no ayudó a transmitir confianza o disipar las susceptibilidad sobre este nuevo proceso.
Luego de que se advirtiera que varios candidatos opositores estaban siendo acosados desde el Poder Judicial, y en línea con la hipótesis de que el MAS no aceptaría los resultados o se adelantaría a ellos para reafirmar su poder, en los últimos días se han registrado varias detenciones ilegales, como la de la expresidente Jeanine Áñez, dos de sus exministros, distintos policías y militares, además de dirigentes de la Resistencia Juvenil Cochala.
Luego de que Áñez fue detenida en el Beni (departamento por el que lanzó su candidatura a la gobernación) el sábado a las 01:00 de la mañana –y de que pasara dos días en celdas judiciales en La Paz–, la mañana de este lunes fue condenada a prisión preventiva durante cuatro meses por el supuesto golpe de Estado de 2019.
Asimismo, se determinaron medidas cautelares para Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, exministros del gobierno de Áñez.
Tanto respecto de la detención de Áñez como sobre los argumentos por los que se la detiene, el expresidente Jorge Tuto Quiroga argumentó:
No hubo golpe (de Estado en 2019). Lo que hubo fue fraude, renuncia del cobarde y sucesión constitucional avalada por fallos previos del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional no sólo reconoce el mandato de Jeanine Áñez, sino que además les extiende el mandato a ella, al Congreso y a todos los gobernadores y alcaldes, que ahora se encuentran en su sexto año de gestión.
En este sentido, la Ley N° 1266 -firmada y aprobada por todos los parlamentarios del MAS- reconoce el fraude y anuló las elecciones de 2019, y mediante la Ley N° 1270 se convocó a nuevas elecciones.
De la misma forma, Juan Carlos Urenda, reconocido abogado cruceño, sostuvo:
Al mismo tiempo, distintos medios y analistas como Carlos Valverde, han recurrido a revisar archivos de las declaraciones de distintas autoridades del MAS en 2019, como las de Eva Copa, presidente del Senado durante el Gobierno de Jeanine Áñez (hoy alcaldesa electa por la ciudad de El Alto), y las de Adriana Salvatierra, exsenadora durante el último gobierno de Evo Morales y ahora excandidata a la alcaldía cruceña.
En dicha revisión, Valverde da a conocer contradicciones ya no solamente entre distintos miembros y ex miembros del MAS, sino además también entre distintas autoridades de gobierno, y refuerza los argumentos por los cuales huno fraude en 2019.
Al respecto, tanto la Iglesia como distintos organismos internacionales como, Human Rights Watch, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, se han ido manifestando sobre las detenciones de Jeanine Áñez y los colaboradores de su gobierno, calificándolas como ilegales y que constituyen “un espectáculo triste de persecución política”.
Ahora bien, todos estos hechos no ayudan en absoluto al país a salir de su profunda crisis en todo nivel, democrático institucional, político, sanitario y económico. Por ejemplo, el gobierno de Arce Catacora ya ha solicitado a la Asamblea Legislativa Plurinacional la modificación del Presupuesto General del Estado 2021, que ahora proyecta una caída de ingresos.
Asimismo, se tenía proyectada una nueva emisión de bonos soberanos por $3.000 que servirían para varios objetivos, entre ellos la refinanciación de los bonos soberanos con vencimiento 2021 y 2022 -cada uno por $500 millones-, o de la gestión para encarar la pandemia.
Desde luego, ante el quiebre institucional y la incertidumbre que se cierne sobre su estabilidad a corto plazo, ahora a Bolivia le será todavía más difícil no sólo emitir nuevos bonos soberanos, sino además financiarse mediante a atracción de Inversión Extranjera Directa.
En el entretanto se esperaban masivas concentraciones cívico ciudadanas al finalizar la tarde del lunes en distintos lugares del país, como Santa Cruz de la Sierra, donde se anticipaba una de las mayores convocatorias. La policía se encuentra acuartelada en las 10 principales ciudades del país.
Artículo originalmente publicado en La Gaceta de la Iberoesfera, el lunes 15 de marzo de 2021.