Mientras aquellos países donde se ha producido y aplicado masivamente la vacuna contra el covid-19 están reabriendo sus fronteras al turismo y empiezan incluso los conciertos públicos, Bolivia está alcanzando cifras récord de contagios y fallecidos.
Este pasado viernes 21 de mayo, el país registró 3.005 casos diarios, la cifra máxima desde el inicio de la pandemia. El primer pico llegó con la segunda ola, cuando se registraron 2.866 casos el pasado 27 de enero, de acuerdo con el Ministerio de Salud.
Igualmente, aunque la aplicación de pruebas rápidas se ha incrementado y el ritmo de aumento de fallecidos por covid-19 todavía es menor que en la primera ola de la pandemia, la cifra sigue subiendo.
Por el ritmo que lleva la tendencia se está considerando aplicar las mismas medidas que en las primeras semanas de la pandemia –hace más de un año–, cuando se tenía mucho menor conocimiento sobre lo más recomendable para encararla.
Entre el 8 de noviembre de 2020 -fecha en la que Arce Catacora asumió la presidencia- y el 23 de mayo de 2021, el número de fallecidos por covid-19 por millón de habitantes ha ascendido de 754 a 1.194.
Por el momento, con el 14% de la población vacunada, cuatro regiones en Bolivia (Santa Cruz, Oruro, Tarija y Cochabamba) volvieron establecer una cuarentena rígida durante todo el domingo de este fin de semana y a aplicar restricciones de lunes a viernes para encarar la tercera ola de contagios.
Probablemente el retorno a las cuarentenas masivas y forzosas no sean la mejor medida, pero lo que hasta aquí se observa claramente es que existe la necesidad de acelerar la gestión de las vacunas y atender una serie de factores que deben acompañar la gestión de la crisis en su conjunto.
En el entretanto, los cementerios vuelven a saturarse. El de Cochabamba, por ejemplo, colapsó este fin de semana por primera vez desde mediados de 2020.
Igualmente, los hospitales públicos ya no disponen de los medicamentos que se entregan de forma gratuita dentro del Sistema Único de Salud (SUS), que depende directamente del gobierno central, para pacientes críticos de covid-19.
De la misma forma, la Asociación de Cadenas de Farmacias alertó sobre la falta de provisión de al menos 22 productos que se usan en la atención de pacientes covídicos en las Unidades de Terapia Intensiva.
Debido a la escasez de medicamentos, que a su vez provoca una variación de precios que muchas veces ha superado el 100%, Jhonny Fernández, nuevo alcalde de la ciudad de Santa Cruz por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), amenazó este lunes con clausurar las farmacias que especulen con los precios, pero aún así, se ha observado la manera en que se han generado mercados negros para la venta de medicamentos.
El alcalde ignora que su iniciativa va contra el conocimiento adquirido durante 4.000 años de controles de precios, y con ella solo empeorará el problema que pretende solucionar. Obvia también lo que sucede con las restricciones al comercio internacional que se aplican en el principal aeropuerto del departamento cruceño, como una de las principales causas del desabastecimiento y crecimiento de mercados negros.
Durante el mismo fin de semana recorrió por las redes la denuncia pública de Jorge Vaca, un ciudadano extranjero de visita en el país, contra “las mafias aeroportuarias” y los controles cada vez más abusivos que realiza la Aduana de Bolivia, sobre todo en el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz.
“Yo vengo de recorrer los cinco continentes, países de todo tipo, países comunistas, pero nunca he visto actuar a agentes aeroportuarios de aduanas como en este aeropuerto; son como una jauría de perros hambrientos detrás de una víctima”, dijo Vaca.
Al mismo tiempo, se tuvo conocimiento de que cinco empresas y obras estatales ubicadas en el Chapare -región del trópico cochabambino controlada por los productores de hoja de coca- costaron Bs. 7.173 millones ($1.030 millones).
Entre estas obras se encuentra el Centro de Alto Rendimiento construido como subsede de los XI Juegos Suramericanos 2018, que, entre otras cosas, cuenta con un estadio con capacidad para 25.000 personas, un coliseo y siete canchas auxiliares de tenis, un polideportivo, una cancha de voleibol de playa, una pista atlética y 14 edificios con 235 habitaciones.
Aunque muchas de esas empresas nunca tuvieron funcionamiento antes de la crisis económica actual, constituyen parte de los argumentos para que hoy el gobierno de Arce busque incrementar la deuda y el gasto público.
En diciembre de 2020, Marcelo Montenegro, titular de Hacienda, sostuvo: “A la fecha tenemos el dato del crecimiento al primer semestre de -11,1%. La inversión pública registra una caída de más de $2.000 millones. Ahí está el elemento que explica por qué la economía boliviana no ha podido recuperarse”.
Desde luego, mientras estas empresas y obras públicas fueron construidas durante el gobierno de Morales, ayudaron a robustecer las cifras de crecimiento macroeconómico. Por lo mismo, afirman que un nuevo incremento de la deuda y el gasto público reactivará la economía. Sin embargo, si Bolivia no hubiera gastado de semejante manera durante el auge de materias primas previo, hoy tendría mayor capacidad para encarar la crisis.
Para mayor colmo, este mismo fin de semana, David Choquehuanca, Vicepresidente del Estado Plurinacional, ha llegado a afirmar en una reunión de las Juventudes del Movimiento al Socialismo (MAS), en el municipio de Incahuasi, Chuquisaca, que “la revolución no es más hospitales, más carreteras; revolución es lo que llevamos dentro y es la moral”. En otras palabras, la crisis de Bolivia no es ni sanitaria ni económica, sino esotérica o metafísica.
Si el gobierno de Luis Arce buscara encarar la crisis tanto sanitaria como económica, terminaría con el monopolio de la administración de la pandemia, trabajando en colaboración con el sector privado y específicamente el de las farmacias, clínicas y hospitales privados que cuentan con una red de comunicación y logística consolidados; abriría la economía al comercio internacional e impediría los controles de precios para abastecer los mercados del sector sanitario (y todos los demás) y terminaría con los mercados negros de vacunas, medicamentos e insumos, de la manera más rápida y eficiente posible; flexibilizaría la contratación de personal sanitario tanto en el ámbito público como privado; no incrementaría, sino que recortaría impuestos; y detendría de manera inmediata los proyectos de gasto en infraestructura pública sin demanda real efectiva de mercado, solamente para empezar.
Si nada de esto sucede, significa que Arce no sabe por dónde empezar a gestionar la crisis o simplemente tiene otras prioridades.
Artículo originalmente publicado en La Gaceta de la Iberosfera, el martes 25 de mayo de 2021.