Ver el precio del petróleo acercándose a los 40 dólares en marzo de 2020 parecía una auténtica fantasía. Nunca se había vivido cosa semejante, porque nadie creyó que fuera posible tampoco, pero hoy el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) ha alcanzado los 67 dólares, dando a pensar que las petroleras alrededor del globo se han recuperado e incluso han seguido alcanzando rentabilidades extraordinarias, mientras el resto de la economía mundial apenas empieza a encontrar el alivio luego de los confinamientos masivos y forzosos.
Precio diario del barril de petróleo WTI 2002-2021
El escenario es muy distinto en Bolivia incluso con niveles de precios que tendrían que ser altamente favorables, siendo el gas natural su principal exportación, y más aún para el sector público que ha monopolizado toda la cadena de producción, pero dicho incremento de precios no se refleja en el nivel de reservas del Banco Central de Bolivia.
Bolivia: Reservas Internacionales del BCB 1998-2021
Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo?
Por un lado, Frank Molina, actual Ministro de Hidrocarburos de Bolivia, ya ha reconocido que el gobierno de Arce es “autocrítico”, que se encuentra modificando algunos decretos, que “los resultados no han sido los esperados”, que “en este momento el país necesita mayores reservas y volúmenes de producción de gas natural”, y que el país requiere una nueva Ley de Hidrocarburos.
Y por el otro lado, se encuentra un sector del poco o nada se ha estado hablando, siendo que la crisis por la que atraviesan no es reciente ni causada -aunque sí agravada- por la pandemia: el sector de las empresas de servicios petroleros.
En una entrevista reciente con El Deber, Rodrigo Barrenechea, secretario general de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), afirma que el sector que representa se encuentra en crisis al menos desde 2019, debido a que “es muy difícil atraer inversiones al país con el actual marco regulatorio.” Ya en 2019 el 35% de nuestros asociados presentaba pérdidas. La crisis ya se veía, pero la pandemia aceleró estos malos resultados. En 2020 el 88,2% de nuestras asociadas sufrió pérdidas económicas”, explicó.
De igual manera, Barrenechea añade: “hemos visto que el 56% de las empresas ha tenido que realizar una reducción de entre el 15% y el 88% en sus planillas”, de manera tal que “el 94% de nuestros asociados ha tenido proyectos que han sido suspendidos o postergados desde principios de 2020”.
Para empezar a solucionar los graves problemas por los que atraviesan las empresas afiliadas a la CBHE, Barrenechea afirma que el trabajo empieza por “que el país sea más competitivo para las inversiones en el sector de hidrocarburos”, que es necesario “crear mejores condiciones tributarias, generar mayor agilidad en los procesos y reducir la burocracia, pero tener normas flexibles que permitan negociar mejores condiciones para (invertir en) los distintos campos que hay”.
Claramente, esto es algo que se refleja en los niveles de Inversión Extranjera Directa, que vienen cayendo de manera alarmante desde mucho antes de 2020.
Bolivia: Inversión Extranjera Directa 2005-2019
(en millones de dólares)
Sin embargo, si bien Molina afirma que se encuentra trabajando en una nueva Ley de Hidrocarburos, como Petrobras, Shell y Repsol están yéndose de Bolivia a falta de incentivos, porque, al menos en el corto plazo, no existe claridad sobre los nuevos proyectos que el gobierno estaría desarrollando.
Para colmo de males, en el caso de Petrobras, por ejemplo, el gobierno de Arce se está asegurando de que no vuelva, pues a medida que prepara su salida vendiendo sus activos, hace unas semanas recibió una demanda por un monto de 61,5 millones dólares, debido a que habría usado los terrenos de una familia con vocación de Función Económica Social (FES), y que ha reclamado el derecho propietario sobre un predio de 544 hectáreas ubicado cerca del pozo hidrocarburífero de San Alberto.
El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos (Tarija), determinó pagar los 61,5 millones de dólares a la familia y Petrobras calificó el fallo como escandaloso y absurdo, pero -como parte de varios hechos curiosos que rodean el caso– en una audiencia posterior en la que Petrobras pidió la nulidad del fallo, no se presentó la parte demandante, sino el Ministerio de Hidrocarburos.
Es decir, el caso contra Petrobras denota que el problema en el sector ya no sería solamente de falta de incentivos, sino de falta de seguridad jurídica.
El caso no está cerrado y está siendo tratado en Sucre. Sin embargo, dado que Petrobras ha demostrado que actuó de acuerdo a la norma y legislación boliviana, la CBHE ha afirmado que una resolución contraria a la compañía brasileña sentaría un muy mal precedente, porque no sólo afectaría la operación de uno de los principales campos para la provisión de gas a los mercados interno y externo, sino al sector en su conjunto, y justo cuando más capital internacional necesita.
Con todo esto, el ministro Molina está tardando demasiado en al menos dar a conocer cuáles serían los nuevos lineamientos de una Ley de Hidrocarburos, o no trabaja en ella como ha anunciado, porque resulta contradictorio que busque inversiones internacionales, y de manera paralela no muestre señal alguna de que serán bien recibidas.
En el entretanto, todo el personal de las empresas de servicios petroleros, que cuenta con una alta especialización y experiencia de más de 20 años, se están yendo de Bolivia para generar valor en otros países que cuentan con una institucionalidad más sólida, más certidumbre tanto de corto como de largo plazo, e incluso marcos impositivos y regulatorios más competitivos.
¿Será cierto que Bolivia ha iniciado la recuperación con estos antecedentes contradictorios en el sector más importantes de su economía?
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 9 de junio de 2021.