El pasado martes el Banco Central de Bolivia (BCB) publicó una nota dando cuenta de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había decidido incrementar la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) de Bolivia en aproximadamente 326 millones de dólares, o la cuota mediante la cual el país puede solicitar créditos con este organismo si así lo requiere eventualmente.
De acuerdo con el FMI, los DEG son activos de reservas internacionales creados en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de sus países miembros, y que pudiesen ser utilizados para adquirir la moneda nacional en los mercados cambiarios, de ser necesario, a fin de mantener su paridad cambiaria.
Ante tal noticia, la opinión pública se alarmó -e incluso se indignó- debido a que los DEG fueron motivo de controversia hace meses, cuando luego de que Carlos Schlink, exviceministro de Tesoro y Crédito Público del gobierno de Jeanine Añez, recurrió al FMI en 2020 en busca de la monetización de los DEG que Bolivia tenía asignados entonces, para encarar las emergencias de la pandemia del Covid-19.
Tanto en su momento como hoy día, la operativa de Schlink fue mal interpretada por propios y extraños, pues se supuso que constituía una solicitud de crédito que implicaba cumplir con las típicas condiciones que el organismo suele exigir a cambio de su financiamiento -como la reducción del déficit fiscal, por ejemplo-, y que se requería de la anuencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Sin embargo, no se trató de un crédito, el FMI no estableció mayores condiciones que pagar un interés mínimo que permitiera cumplir con gastos operativos, y tampoco se requería que la ALP se pronuncie al respecto siquiera. Todo esto fue aclarado tanto por Schlink como por el FMI en su momento.
Meses más tarde, una vez que Arce Catacora es presidente, el BCB decide devolver los DEG al FMI que no habían sido utilizados, pero la devolución generó un costo financiero de 24,3 millones de dólares (19,6 millones por variación cambiaria, y 4,7 millones por concepto de intereses y comisiones), por los que se pretende responsabilizar a Schlink, y por los que fue aprehendido sin debido proceso (ni siquiera fue notificado) este pasado mes de junio.
Probablemente el descuido de la operativa con los DEG en 2020 fue buscar la anuencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde el Movimiento al Socialismo (MAS) presumía de su mayoría, y cuando nada obligaba al viceministro a hacerlo. Ese fue el momento en se empezó a buscar una causa política detrás del hecho de haber recurrido al FMI, pero este es otro asunto.
Ahora bien, lo único que ha sucedido este 24 de agosto es que el FMI ha incrementado la asignación de DEG para Bolivia como parte de la cuota que tiene como miembro del FMI, al igual que la tienen en distintas proporciones el resto de los 190 países miembros a partir del acuerdo de Bretton Woods de 1944.
En otras palabras, el FMI ha informado a Bolivia que tiene un vale que puede cobrar cuando así lo crea conveniente, ya sea monetizándolo o utilizándolo como garantía si acaso solicita un crédito del organismo, y al menos por el momento, el régimen de Arce no ha realizado operativa alguna con esos recursos, ni ha solicitado un crédito ni ha realizado un swap o canje de divisas.
Lamentablemente, esto es algo que no ha entendido la oposición, pues acusa al gobierno de haber adquirido un crédito del FMI por el que hace tan solo unos meses había mandado a aprehender injustamente a Schlink, cuando, en realidad, ni lo que hizo Schlink en su momento ni lo que hace ahora el régimen de Arce constituye solicitud de crédito alguna. Es decir, hoy la oposición se ahoga en un vaso de agua de la misma manera en que lo hizo el régimen de Arce hace meses.
Es más, dado que podría estar avecinándose una crisis sistémica en el sector bancario y financiero, derivada de la devolución anticipada de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), la acumulación de créditos diferidos, el incremento sistemático de la mora bancaria y la acumulación de activos tóxicos en toda la banca, financiados con tasas de interés artificialmente bajas durante la etapa del auge, la oposición tendría que empezar a ilustrarse en la materia desde ahora, porque para eso sí que Arce se verá forzado a solicitar créditos por una cifra considerablemente mayor a la que hoy es objeto de fútil controversia.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 26 de agosto de 2021.