Luego de las promesas proselitistas de 2020 para encarar la crisis de la pandemia, las protestas populares y la poca o débil discusión en torno a la devolución anticipada de aportes de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), finalmente se aprobó una ley que lo permite.
Más allá de discutir en detalle los supuestos beneficios que esta reforma traería para los aportantes, es importante destacar los errores conceptuales, los argumentos y, sobre todo, la demagogia que los políticos practican para discutir una política que no traerá todos los beneficios que promete.
“La gente lo necesita”
El argumento de que “la gente lo necesita” no es más que demagogia paternalista, pues la mejor manera de encarar una crisis económica generalizada es permitiendo cuanta flexibilidad laboral y productiva sea posible.
Esto es así no sólo porque la libre contratación les daría mayor margen de maniobra -sobre todo a las micro y pequeñas empresas- para mantenerse a flote si pudieran despedir personal, sino que, además, permitiría a las empresas más capitalizadas contratar lo más pronto posible esa nueva fuerza laboral que ha quedado liberada.
Lo último que se necesita es que las empresas sufran pérdidas mayores a las estrictamente necesarias, incurriendo en despidos demasiado costosos para no prolongar su agonía, y que encima existan muy pocos incentivos para contratar nuevo personal.
En todo caso, se ha empujado al público al peor de los mundos. Por un lado, hoy la alternativa para los empresarios es contratar o re-contratar personal negociando “por debajo de la mesa”, es decir, recurriendo a la informalidad para ahorrarse los excesivos costos sociales.
Y por el otro lado, para los trabajadores significa tener que refugiarse en el subempleo. Es decir, trabajar por mucho menos de su capacidad y calificación. Y además tener que dejar de aportar para su jubilación en el largo plazo.
Los sistemas de ahorro previsional como los de las AFP no fueron diseñados para entornos de crisis, sino para el futuro de más largo plazo, para la jubilación.
“Es nuestra plata”
Por supuesto que los aportes que administran las AFP son de los aportantes. Sin embargo, existen contratos de por medio que deben ser respetados, y que si acaso son rescindidos deben considerar una penalidad para el aportante a ser discutida en las instancias que correspondan.
Además, para que los aportes sean devueltos en un plazo anterior al establecido por contrato, dado que no se encuentran en un cofre en la habitación trasera de las oficinas de las AFP, los fondos deben ser primero desinvertidos (siguiendo la tendencia de venta de activos de los grandes capitalistas internacionales de los últimos dos años), añadiendo todavía mayor incertidumbre e imprevisibilidad al inversionista privado de largo plazo.
“La rentabilidad es demasiado baja”
Efectivamente, las rentabilidades de las AFP en Bolivia son bajas, pero se explican así: Morales y Arce se han encargado de desincentivar el ahorro y la inversión privada con gasto público desmedido, inflación y tasas de interés excesivamente bajas y durante demasiado tiempo, para financiar el gasto público desbocado y acumular el déficit fiscal a niveles de vértigo.
Es más, para tener una idea de la importancia del ahorro en el largo plazo, ha sido justamente el superávit del sistema financiero el que ha sostenido la economía nacional durante varios años, y más aún durante todo 2020, como se puede apreciar en la siguiente ilustración.
Deuda Interna del Sector Público No Financiero con el Sector Privado
Fuente: Fundación Milenio con datos del Banco Central de Bolivia.
En este sentido, la manera de proteger el ahorro privado en el sistema financiero pasa por exigir un recorte decidido en el gasto público estructural, no en buscar nuevas fuentes de financiamiento.
“Lo están haciendo también en Chile y Perú”
El hecho de que una mala idea haya sido aplicada en algún lugar más, no la hace buena, pues el populismo paternalista o la desconexión entre el mundo del análisis técnico y el de la demagogia política pueden ser incompatibles entre sí en cualquier lugar del mundo.
En el caso de Chile, aquello que se suponía que era una reforma excepcional y que autorizaría a los aportantes de las AFP hacer un único retiro del 10% de sus fondos de pensiones, terminó autorizando un segundo y un tercer retiro, y ahora no saben cómo detener un cuarto retiro, a pesar de las advertencias de los expertos -que incluyen al presidente del Banco Central de Chile- y de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional ya el segundo retiro.
Así como afirma Ingrid Jones, economista del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), en Chile, “los retiros deterioraron el mercado financiero local con tasas al alza, tipo de cambio elevado y mayores presiones inflacionarias, lo que golpea a todos, especialmente a los hogares más vulnerables”.
Igualmente, así como afirmaba Luis Larraín, presidente del Consejo de LyD, ya en abril: “El auténtico objetivo del retiro de fondos ha sido destruir el sistema de capitalización individual en pensiones e instaurar un sistema de reparto y para allá van”.
“Hay suficiente liquidez”
Es interesante escuchar a Arce Catacora advertir: “Yo también tengo que decirles en mi calidad de Presidente del Estado Plurinacional, que lo piensen y lo mediten profundamente”.
Sin embargo, resulta deplorable que la oposición haya aprobado el proyecto con el argumento de que “hay suficiente liquidez”, porque no es que Arce no se opone a los retiros y solamente se limita a lanzar tímidas advertencias, sino que, a fin de cuentas, sabe que esto terminará socavando las AFP y abriendo el paso final hacia la creación de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (GPSSLP) que ha buscado desde hace más de 10 años.
De nuevo, y así como en Chile, el objetivo es restaurar el sistema de reparto para fortalecer al régimen y tener que ver nuevos casos como el de Dante Escobar Plata y FOCSSAP. Caso contrario, lo primero que tanto el oficialismo como la oposición hubieran presentado como argumento sólido es un estudio actuarial que demuestre la sostenibilidad de las propuestas de retiro.
Además, si el argumento para aprobar un supuesto único retiro es que existe suficiente liquidez para hacerlo, entonces existe el incentivo suficiente para que la ciudadanía exija un segundo, tercer y cuarto retiro de aportes, y más aún para que los políticos tanto oficialistas como de oposición se presten una vez más al juego del populismo y la demagogia paternalista para aprobarlos.
Los desafíos a encarar
La ciudadanía está encaminada a un grave problema de mediano y largo plazo por haberse dejado engañar con sus políticos ante las vicisitudes del corto plazo.
Desde luego, existe el problema de que una buena cantidad de aportantes no vea un centavo de sus ahorros en determinado momento -así como sucedió en Argentina en 2008, cuando el kirchnerismo decidió estatizar los aportes de manera sorpresiva- dada la urgente necesidad de financiamiento que el Estado tiene ahora mismo.
Sin embargo, también es necesario advertir que si acaso el sistema de AFP termina colapsando eventualmente, y peor aún, se lo termina sustituyendo con el sistema piramidal de reparto de la GPSSLP, terminará siendo presa de la voluntad del gobernante de turno para financiar su jubilación.