En estos días se ha tenido conocimiento de la reactivación de un viejo proyecto del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, una reforma judicial como mecanismo de avance sobre sus objetivos socialistas de más larga tradición: menoscabar la institución de los derechos individuales de propiedad privada.
Para nadie es sorpresa que los responsables de las condiciones de la justicia en el país sean el gobierno y los miembros de su partido -el MAS-, pues ya desde la nueva Constitución de 2009 se eliminó el equilibrio de poderes de la República y la reemplazó por la acumulación de poder del Estado Plurinacional. Y de manera más reciente, en 2017, el régimen de Evo Morales llevó adelante unas elecciones judiciales donde se impuso el voto nulo con un 42,20% sobre un 42,99% de votación válida.
Desde luego, esto ha deteriorado la institucionalidad democrática del país de manera significativa. En este sentido, y sin duda alguna, el caso más emblemático de que la justicia en el país haya sido capturada por el poder político de turno es el de la prisión preventiva que la expresidenta Jeanine Áñez guarda desde hace más de seis meses.
Igualmente, la ilustración más reciente de estas aberraciones es la simple desaparición de 200 expedientes relacionados con procesos disciplinarios en contra de jueces y personal de apoyo jurisdiccional en el Consejo de la Magistratura.
No obstante, este nuevo paso del socialismo en Bolivia tiene las mismas ambiciones que desde su inicio en el poder. De acuerdo con José Antonio Rivera, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), entre los objetivos concretos que se busca con esta reforma, está el traspaso de la oficina nacional de Derechos Reales del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, de manera más concreta, al Ministerio de Justicia.
Para Rivera se trata, primero, de una reforma que traducirá en menos ingresos para el Órgano Judicial, -que en este momento solo recibe el 0.39%, cuando en otros países más pobres asignan el 4% de su presupuesto general, pero por sobre todas las cosas, significa que ahora el Ejecutivo tenga mayores posibilidades de manejar esta oficina con fines políticos, y más aún orientado a la investigación de fortunas privadas.
Esta es una de las varias reformas que pretende implementar el régimen de Arce por medio del Ministerio de Justicia. Por el momento, Iván Lima, ministro de dicha cartera, se encuentra divulgando los seis pilares de los que estaría compuesta la reforma judicial a su cargo, y que pretende implementar en un tiempo récord de 90 días.
De manera paralela, un grupo de ciudadanos y abogados, entre los que se encuentra el exmagistrado, José Antonio Rivera, anunciaron que pronto pondrán en conocimiento de la ciudadanía una propuesta para impulsar un referéndum popular que permita modificar la Constitución Plurinacional y así reformar el Órgano Judicial.
Una reforma judicial es definitivamente deseable, más aún si detrás de las iniciativas distintas a las del régimen de Arce se encuentran grupos de expertos y notables como Rivera. Sin embargo, también es importante destacar el peligro que conlleva un nuevo proceso de elecciones, dado que todavía no se ha revisado el padrón electoral con el que Evo Morales y el MAS cometieron el fraude de 2019.
Cabe recordar que se presume que existen entre un millón y un millón y medio de votos fantasma, como se ha afirmado en varias oportunidades y así como lo ha denunciado la propia vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rosario Baptista.
Más aún, cabe destacar que además de que el Órgano Judicial requiere de reformas estructurales ambiciosas, es también importante exponer a los responsables de su deterioro, además del proceso que se siguió para llegar hasta aquí.
La reaparición de Juan del Granado
Por ejemplo, Juan del Granado es uno de los entendidos en la materia que pretende llevar adelante la iniciativa ciudadana de reforma judicial junto a José Antonio Rivera.
Juan del Granado es un abogado de larga trayectoria política que primero militó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y luego desde su propio partido, el Movimiento sin Miedo (MSM).
A Del Granado se le reconoce debidamente su esfuerzo por la defensa de los DDHH y su liderazgo impulsando un exitoso Juicio de Responsabilidades contra el ex dictador militar Luis García Meza (1980-1981) y su colaborador más cercano, Luis Arce Gómez.
Sin embargo, el rol más reprochable de su carrera política fue haber sido el primer y más acérrimo aliado no sólo del MAS desde la Alcaldía de La Paz, sino -y sobre todo- de Evo Morales, al punto de incluso ser padrino de Eva Liz, hija de Morales.
Es cierto que hubo una ruptura entre Del Granado y Morales entre 2010 y 2012, probablemente con la idea de proyectar su postulación a la presidencia en las elecciones de 2014, que perdió estrepitosamente, y por lo cual se retiró de la vida política.
También puede que Juan del Granado haya roto pactos con el MAS, pero el argumento que utilizó para hacerlo fue que habían distorsionado su misión revolucionaria, lo cual siembra dudas sobre sus vocación institucional democrática, pues nunca condenó la serie de hechos delincuenciales que el partido de Morales cometió para llevar adelante la Asamblea Constituyente de 2006 y la aprobación de la Constitución Plurinacional de 2009.
No obstante, ahora Juan del Granado reaparece en la escena política con la intención de guiar el proceso de juicio de responsabilidades contra Morales y su régimen, y además apoyar la reforma judicial que ahora el propio régimen de Arce Catacora pretende llevar a cabo.
Pues es justamente de personajes tan nefastos como Juan del Granado que resulta menester tener sumo cuidado en un proceso tan delicado como el de un nuevo plebiscito y una nueva reforma constitucional a iniciativa de nada menos que el Movimiento al Socialismo.