El 14 de septiembre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició su 76ª Asamblea General, una instancia en la que se suele abordar aspectos que se consideran prioritarios para el conjunto de los 193 Estados miembros que la conforman. Ahora que es el turno de Bolivia para intervenir, Arce Catacora acaba de plantear en este foro el alivio de la deuda externa del país.
Este objetivo no es nuevo ni constituye sorpresa alguna, y a pesar de los riesgos que la idea conlleva, el régimen de Arce ya había planteado la búsqueda de financiamiento mediante una emisión de bonos soberanos por 3.000 millones de dólares en el primer trimestre, y a pesar de que hasta el momento no lo ha conseguido, también había planteado ya en el plan de gobierno que presentó para las elecciones de octubre de 2020, el impago de la deuda pública externa a los organismos internacionales durante los dos primeros años de su gobierno. Sin embargo, lo que llama la atención es que luego de haber presumido durante años sobre la solidez de la economía nacional -fanfarronería a la que se prestaron reconocidas revistas económicas y financieras internacionales, además del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI)-, y de ser la economía que más crecía en la región, ahora se encuentre a punto de encarar las consecuencias de acumular problemas que ahora son crónicos y muy serios.
Bolivia: Crecimiento de la deuda pública 2003-2020 (en USD)
Lo que está claro es que, a pesar de que el régimen de Arce ya sostuvo a finales de abril de este año, que los niveles de la deuda pública -que alcanzan el 60% del Producto Interno Bruto- son sostenibles, ahora recurre al mundo mediante de la ONU por piedad sobre la deuda pública externa -que alcanza el 31,7% del PIB.
Han sido distintos expertos independientes y en distintas tribunas quienes han discutido durante este primer año del régimen de Arce, si las medidas implementadas realmente permiten alcanzar la recuperación o al menos la estabilidad.
Entre estas discusiones se encontraba la idea de que, pasadas las oportunidades que todo nuevo gobierno tiene, al país no le queda más alternativa que FMI en busca de financiamiento. Sin embargo, si acaso Bolivia ha recurrido al organismo internacional en meses recientes, aparentemente le está siendo muy difícil o simplemente imposible conseguir los fondos que ahora le urgen.
Por ejemplo, El Salvador se encuentra probablemente en un escenario muy similar. En los últimos meses, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha generado polémica -e incluso fricción- con la Casa Blanca debido a que el “dictador millennial” habría incumplido una serie de acuerdos y, por tanto, no consiguió financiamiento de los Estados Unidos ni del FMI -por eso también el porqué del apresurado e improvisado proyecto con Bitcoin.
Es por esto que José Miguel Vivanco, director para las américas de Human Rights Watch, se ha dirigido al FMI para pedirle que, si acaso decide conceder créditos para el régimen de Bukele -que trata de sortear una inminente crisis económica derivada no sólo de la pandemia, sino del avanzado deterioro de las cuentas públicas-, establezca cláusulas democráticas luego de la serie de arremetidas que ha realizado contra el Órgano Judicial.
En Bolivia sucede algo muy similar: además del agravamiento de la crisis económica que la pandemia ha provocado, la serie de detenciones ilegales que el régimen de Arce viene realizando al menos desde el mes de marzo -mes en el que inicia el emblemático caso de la expresidenta constitucional Jeanine Áñez– podrían estar dificultando el financiamiento, pues esto ilustra la falta de voluntad por cumplir no solo con la institucionalidad democrática en el país, sino además con una serie de acuerdos internacionales.
Pero es el propio deterioro de las cuentas públicas en Bolivia el que tampoco ayuda a las causas del socialismo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dijo recientemente que el crecimiento económico del 5,1% en Bolivia en 2021 será inferior al promedio del crecimiento de los países de la región, que será del 5,9%.
En todo caso, lo importante a destacar de este nuevo hecho -y que incluso podría marcar un hito en la política económica del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia-, es que, si acaso el régimen de Arce se resiste a reconocer que es el propio modelo económico establecido el primer día de mayo de 2006 con la nacionalización de los hidrocarburos, el que falla e impide encarar la crisis, pues es al menos el plan que ha implementado desde que asumió el cargo hace ya casi un año, que redunda en tratar de fortalecer el modelo.
En suma, Bolivia se acerca finalmente a un examen que será muy difícil aprobar, y estará en manos de los organismos internacionales oxigenar un proyecto claramente totalitario que avanza cada día sobre los derechos individuales de propiedad privada de sus ciudadanos. Al tiempo.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosera, el 24 de septiembre de 2021.