Luego de una serie de demandas populares, protestas e incluso gente que marchó hasta la ciudad de gobierno desde otras ciudades del país exigiendo la devolución anticipada de sus aportes a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), finalmente se aprobó una ley impulsada y aprobada tanto por oficialismo como por oposición, que lo permite.
Más allá de los detalles sobre cómo se supone que beneficiará a los interesados, se trata de un candado que no debió abrirse nunca.
El pretexto para hacerlo tiene todos los componentes del más rancio populismo paternalista, tanto por parte del oficialismo como de la oposición, que presume de haber hecho la propuesta sin entender siquiera en qué consiste el funcionamiento del sistema ni, por tanto, los peligros en los que estos retiros se traducen.
Uno de los pretextos utilizados para proponer y aprobar los retiros es “porque la gente lo necesita”, y que las AFP y el sistema financiero en general “cuentan con suficiente liquidez”, pero no toman en cuenta que así como ha sucedido en Chile o Perú, justamente porque habría suficiente liquidez ahora el público tiene el incentivo para exigir más y mayores retiros en un futuro no muy lejano.
Este tipo de propuestas en Chile empezaron mucho antes de la pandemia y las cuarentenas, y vinieron desde la extrema izquierda, “porque la rentabilidad de los fondos era demasiado baja”, pero la intención siempre fue la de atacar la piedra angular del modelo económico de los Chicago Boys diseñado e implementado entre finales de los 70 y principios de los 80. Siempre fue una propuesta política intransigente. Ahora en Chile no saben cómo detener el cuarto retiro.
Tanto en Chile como en Bolivia, se debió asumir el desafío de reformar el sistema desde su estructura. Hoy mismo las AFP tienen una baja rentabilidad no por ineptitud alguna ni por “intereses oscuros” o engaños a los aportantes, sino porque las AFP operan con una ley obsoleta de mediados de los 90, porque han sido acosadas de manera permanente por los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) con su política de bolivianización y represión financiera para, a fin de cuentas, financiar el gasto desbocado gasto público.
Este proyecto de retiro anticipado puede terminar convirtiéndose en una auténtica bomba de tiempo, pero a pesar de la reciente aprobación de la ley que lo permite, hay que hacer lo posible por defender el sistema bancario y financiero, porque es el último pilar que queda en pie en medio de la crisis, y en el que todavía se sostiene la economía nacional.
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