El asalto a la propiedad privada en Bolivia no es nuevo ni ha empezado con el régimen de Arce Catacora en el último año. Sin embargo, con los cambios que ha habido en el poder desde la caída de Morales en 2019, el Estado de Derecho está cada vez más cerca de desaparecer por completo, y esta semana se ha marcado un hito histórico en este sentido.
Las últimas y más intensas ocupaciones ilegales de tierras y estancias se vienen registrando aproximadamente desde el 10 de septiembre, por parte de grupos irregulares afines al Movimiento al Socialismo (MAS) en Guarayos, provincia de Santa Cruz.
Casi como si se tratara del cumplimiento de aquella promesa que Morales hizo desde Argentina a los militantes del MAS en enero de 2020, por medio de la radio Kausachun Coca, de que a su retorno al país organizaría “milicias armadas del pueblo como en Venezuela”, la pasada semana el país vio cómo un grupo irregular fuertemente armado capturó en Las Londras, Guarayos, a 17 personas (empresarios, trabajadores agropecuarios, periodistas, coroneles y sargentos de policía entre ellas).
Las tuvieron secuestradas y torturaron durante 12 horas, y debido a las graves heridas que sufrieron, algunas tuvieron que ser atendidas de manera urgente con intervención quirúrgica.
Por su lado, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, envió al lugar un contingente de 200 policías armados 72 horas más tarde, que no encontraron más que un campamento clandestino abandonado.
Igualmente, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también se hizo presente 72 horas más tarde en el lugar “para frenar” a los grupos irregulares.
Curiosamente hasta hoy -cinco días más tarde- no hay un solo detenido, y además el comandante de la Policía Nacional, Jhonny Aguilera, dijo sobre este hecho que no fue más que “un altercado”. Pero, lo que es peor aún, es que las Fuerzas Armadas ni siquiera se han pronunciado sobre el hecho.
Sobre las declaraciones de Aguilera, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz ha salido al paso rechazándolas y afirmando que aquellos hechos constituyeron secuestro y tortura, y no un simple altercado. Además exigieron a la fiscalía que investigue a uno de los encapuchados, dado que las víctimas pudieron identificarlo.
Para mayor espanto, dicho grupo irregular armado -que dice pertenecer a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) afín al MAS- ha ejercido presión hasta lograr la destitución de dos fiscales que habían iniciado investigaciones debido a las denuncias que hicieron las víctimas.
Entretanto, las tierras y estancias invadidas y que consiguieron a tiros, siguen en poder de estos grupos irregulares.
A todo esto, cabe preguntarse entonces, ¿Dónde puede refugiarse la ciudadanía, ¿Cómo se puede proteger la propiedad privada en el país si las instancias llamadas a intervenir en su defensa no sólo no interfieren, sino que incluso parecen encubrir?
No habrá que olvidar, pues, que durante meses se desarrolló una marcha de indígenas del oriente del país en reclamo por el avasallamiento de cocaleros del Chapare, que el régimen de Arce no atendió sino sólo sobre el final, y sin que hubiera acuerdos claros.
Asimismo, tampoco habrá que olvidar que hubo encapuchados del denominado «Ejército Guerrero Wila Lluch’us» (gorros rojos), que amenazaron con incendiar la casa de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, sobre lo que el ministro de Gobierno afirmó que se trataba de un montaje, que el audio de los videos había sido modificado.
Todos estos hechos recientes han quedado impunes durante el régimen de Arce de la misma manera que quedaron muchos otros similares durante el régimen de 13 años de Morales.
En rigor, lo último que queda de la institucionalidad democrática de la otrora República de Bolivia está siendo aplastada por el Estado Plurinacional, a la misma velocidad en que al régimen de Arce cae en cuenta de que ha perdido todo el control sobre la gestión de la crisis económica -no consigue financiamiento- y la gestión de la crisis sanitaria –ha tenido que tirar a la basura 128.000 dosis AstraZeneca y otras de Johnson & Johnson-, y de que empieza a enfrentarse a mayores conflictos políticos por las denominadas “leyes malditas” que terminan con la presunción de inocencia en el país.
Esto es parte del cóctel explosivo del socialismo de Arce al que nos referimos recientemente, y que se intensifica de manera cada vez más acelerada.
Unos afirman que se trata de la construcción del escenario caótico ideal para el retorno de Morales al poder. Otros sostienen que es el pretexto para que Arce implemente el uso de la fuerza sobre la ciudadanía, pero no necesariamente para que Morales retorne.
Y finalmente, están quienes con más cautela interpretan este caos como la implosión inevitable del MAS. Aunque eso no signifique que el país vaya a vivir pronto mejores días.
Como sea, van por todo, y seguirán avanzando sobre los derechos individuales de propiedad privada en la medida que la sociedad civil organizada lo permita.