Aunque le sea prácticamente imposible, Evo Morales necesita lavar su imagen y retomar el poder en Bolivia, ya la mejor manera es hacerlo por medio de una nueva asistencia de la ciudadanía a las urnas, con un padrón electoral del que se presume que tiene entre un millón y un millón y medio de votos fantasma en favor de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).
Hace unas semanas, Morales planteó ante la derrota de una de las denominadas “leyes malditas” por la oposición, la Ley N° 1386 de Ganancias Ilícitas, que se dirima el camino hacia el federalismo frente a una nueva discusión nacional que ha provocado otra de estas leyes, la Ley N° 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social, que termina con las autonomías en Bolivia, y sobre la que los principales alcaldes del país se encuentran asistiendo a una mesa de diálogo instalada por el régimen de Arce Catacora.
Luis Fernando Camacho, gobernador opositor del departamento de Santa Cruz, aceptó la idea de discutir sobre federalismo, aunque no se pronunció sobre el plebiscito que propone Morales para que el MAS pueda concentrar aún más el poder (el que probablemente él buscará retomar luego).
La idea ha dividido nuevamente a la propia oposición, pues muchos consideran que se trata de un tema que distrae la atención de los temas verdaderamente importantes, como la defensa de lo que ya se tiene ahora mismo (que es la asignación de recursos de acuerdo a ley autonómica y en un entorno de crisis económica generalizada).
Desde luego, lo que Camacho busca es una bandera para proyectarse como líder nacional en Bolivia. Por eso ha iniciado una campaña para hablar sobre el federalismo en el resto del país.
El gobernador cruceño ha iniciado su cruzada en el departamento de Tarija. Fue recibido con agresiones por parte del masismo de ese departamento, y más tarde se organizaron grupos de choque para impedirle tomar su vuelo de retorno. Los masistas bloquearon el acceso al aeropuerto Oriel Lea Plaza “a quienes portaran carnet de identidad expedido en Santa Cruz”.
Todo esto ilustra la grave crisis estructural por la que atraviesa Bolivia desde hace ya varios años, pero si no se la empieza a discutir desde hoy, ¿cuándo entonces?
Ni las autonomías ni el federalismo conducen a la libertad por sí mismos
Cuando se escucha hablar de autonomías en Bolivia, el primer modelo de las mismas que viene a la mente es, por ejemplo, el de las Comunidades Autónomas de la España actual, implementadas hace ya 40 años.
Igualmente, cuando se escucha hablar de federalismo, la primera interpretación es que se trata de un paso más hacia la independencia y la secesión. Y cuando se escucha hablar de independencia y secesión, se piensa también en el separatismo gallego, vasco o catalán, e incluso del pacto fiscal que se propone frente al modelo implementado en y desde Madrid.
Sin entrar en demasiados detalles al respecto, lo importante a destacar es la interpretación que pueden tener unos y otros sobre todos estos términos y conceptos. Por ejemplo, en 2016, con motivo del décimo aniversario de la declaración del fin de la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA, o “País Vasco y Libertad” en euskera), hace unas semanas volvió a circular un vídeo en redes sociales en el que Arnaldo Otegi, jefe de Bildu, explicaba sus proyectos a la nueva izquierda española de PSOE-Podemos en 2016:
“(Alfonso Daniel Rodríguez) Castelao era un federalista convencido, pero llegó a la conclusión -así como han llegado a la misma conclusión algunos federalistas catalanes- que difícilmente uno puede construir un Estado federal y federarse con alguien que no quiere federarse contigo. Calvo Sotelo dijo ‘antes una España roja que una España rota’, Castelao le contestó -y yo estoy totalmente de acuerdo con él- ‘para que algún día España sea roja, republicana y laica, esa España tendrá que estar anteriormente rota’”.
Para darse una idea de lo que significa lo dicho por Otegi, la banda terrorista ETA -que se proclamaba independentista, socialista y revolucionaria- tiene 829 víctimas mortales en su haber por toda España.
En otras palabras, el federalismo en sí mismo no es garantía de nada, bien puede conducir hacia la libertad individual, como bien puede conducir a gravísimos errores como el del comunismo y sus crímenes. Es por eso que resulta imprescindible discutir claramente el objetivo que Bolivia quiere alcanzar, ya sea mediante la profundización de las autonomías o con la implementación del federalismo.
El fracaso del proceso autonómico en Bolivia
Juan Carlos Urenda Díaz, abogado constitucionalista cruceño formado en Harvard, que ha trabajado y escrito mucho sobre la materia, ha dicho recientemente en una entrevista con Maggy Talavera.
Por ejemplo, el Dr. Urenda ha afirmado que “una de las razones por las que ha fracasado el proceso autonómico es que aquí se da una autonomía de mentiras. Hay más candados que competencias. La Constitución boliviana tiene el germen de su propia destrucción autonómica”.
Juan Carlos Urenda también ha sostenido: “Ha habido un avance muy importante, se eligen gobernadores por voto popular y las asambleas legislativas tienen facultades normativas, pero no tienen competencias claras en la Constitución ni recursos. Bolivia es el primer país con autonomías centralizadas, un oximorón perfecto”.
Además, Urenda agrega que “si bien las autonomías son parte del camino que es preciso andar para alcanzar el federalismo, primero es necesario consolidarlas. No se conoce en la historia de la humanidad un Estado que haya pasado de ser unitario centralizado a federal de la noche a la mañana. El mejor camino para arribar al federalismo es profundizar el modelo autonómico”.
Sobre la manera de alcanzar el federalismo, Urenda sostiene que existen solamente dos caminos: “desde el momento en que se crea un Estado, o desde el proceso autonómico, pero si se impulsa un tercer proceso revolucionario, que implica borrón y cuenta nueva, es muy peligroso porque se puede perder tanto la aspiración federalista como lo poco que hoy existe de autonomías”.
Probablemente se necesite una reforma parcial de la constitución para profundizar las competencias que tienen ahora las autonomías en la Constitución, que son muy pocas. Sin embargo, aunque las autonomías no hubiesen sido saboteadas como con el régimen del MAS, el objetivo sigue siendo el federalismo.
Un error de diseño inicial en las autonomías
Hay otro aspecto más por el cual han fracasado las autonomías y no se está abordando: el hecho de que el Estado en su conjunto, en todos sus niveles de administración y organización territorial, tanto de gobierno central como de las autonomías departamentales y municipales, tienen la misma voracidad fiscal, están diseñadas primero para ir ganando cuantas más atribuciones y competencias sean posibles sobre la economía conforme pase el tiempo.
Claro que ante el centralismo es preferible seguir el principio de subsidiariedad, donde la solución debe estar lo más cerca posible del problema. Sin embargo, si hoy tanto el gobierno central como las autonomías departamentales tienen problemas de financiamiento, no es porque existe una redistribución inequitativa de recursos -como afirman los proponentes del pacto fiscal-, sino porque todos los niveles de administración pública entraron en una carrera del gasto sin precedentes durante la etapa del auge, y ahora se niegan a ajustarse en la etapa de ajuste. ¿Quién propone hoy recortar el gasto tanto del gobierno central como de las autonomías?
“Aquellos que niegan los derechos individuales no pueden pretender además ser defensores de las minorías”, decía Ayn Rand. Es decir, el que verdaderamente importa aquí es el ciudadano, el individuo, y no el Estado, porque, por muy cerca que se encuentre geográficamente del problema a solucionar, sigue siendo este quien está llamado a solucionarlo.
Es por esto que la búsqueda del pacto fiscal, entendido como redistribución de los recursos más equitativa, es una nueva equivocación que también puede truncar lo poco de autonomía que se tiene actualmente.
Entonces, si lo que se quiere es llevar más recursos a las regiones para solucionar los problemas de la gente, primero es necesario reconocer a quién y cómo estos se están quitando primero (ya sea por medio de impuestos, de la apropiación estatal indebida de rentas por explotación de recursos naturales, o por el efecto expulsión de emprendedores e inversionistas privados que genera el exceso de gasto público en cualquiera de sus niveles de administración).
Un federalismo liberal para Bolivia
Si partimos de la idea de que la riqueza no se trata de quitarle algo a alguien más (ni de ser solidario con recursos ajenos), sino de crear abundancia para el mundo, la manera de profundizar las autonomías para alcanzar el federalismo es girar desde el concepto del pacto fiscal hacia el de la competencia fiscal.
En este sentido, las aspiraciones del federalismo en Bolivia no pueden nacer con la idea de que sirve «para cobrar sus propios impuestos y así generar desarrollo”. Si fuera el caso nacería muerto, porque presupone que es el Estado el que se hace cargo de su desarrollo mediante gasto público en primer lugar.
El espíritu de un federalismo de corte liberal, en cambio, es el de la competencia fiscal entre regiones, para ver quién atrae más capital privado en función de que sea este quien se haga cargo de la solución de sus problemas.
El federalismo con espíritu liberal es el que cobra sus propios impuestos, efectivamente, pero con los incentivos adecuados: cuanto menor sea la recaudación, mejor. Hasta ahí su aspecto práctico, pero sólo tiene futuro si se aborda un límite explícito sobre su capacidad de gasto y además de endeudamiento.
La clave de todo este asunto es discutir sobre cuáles son las atribuciones y competencias del Estado sobre la economía, sobre quién se hace cargo de su desarrollo: la iniciativa privada (el mercado), o el arrogante burócrata que sabe lo que es mejor para los demás (el Estado).
En este sentido, si el federalismo por el que el Bolivia se termina inclinando es uno del tipo liberal, buscará limitar el propio poder de los eventuales estados o departamentos federales, apuntando al primer mecanismo de acumulación de poder, que es la capacidad de gasto y endeudamiento público que tenga la administración.
Se trata de un debate y trabajo de muy largo aliento, y que no solucionará los problemas del país que se identifique con este espíritu, pero tiene que empezar alguna vez, y probablemente la mejor manera de hacerlo es mediante la construcción de un nuevo partido político fundado con estos principios fundamentales, lo cual, a su vez, permitirá empezar a cohesionar las distintas iniciativas opositoras de hoy. Y no mañana, sino desde hoy, en tiempos donde son cada vez menos los recursos existentes para redistribuir.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el jueves 2 de diciembre de 2021.
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