Ha llegado la temporada en la que se suelen hacer evaluaciones del año que pasa, y elaborar algunas proyecciones para el que viene. En el caso de Bolivia la cosa es así:
Aunque tanto Delta como Ómicron no terminaron siendo tan arrasadoras como se pensaba en un principio, en el ámbito de la crisis sanitaria el país andino lleva una notable nota de reprobación. Estuvo peleando los últimos lugares en la campaña de vacunación junto a Paraguay y Venezuela en la región como los peores del ranking, pero cierra la gestión ubicado en el fondo de la tabla. Lo que sí hizo bien fue no caer en la tentación de obligar a su población a vacunarse, y es importante reconocerlo.
Sin embargo, reprueba sin posibilidad de matiz alguno en cualquier otro ámbito que se pueda pensar, lo cual lleva a sostener que 2022 podría terminar siendo el año de los sacudones en la economía de Bolivia, o al menos el inicio de ellos.
Contrariamente a lo que se pueda sostener sobre las cifras de crecimiento de corto plazo, lo cierto es que, en el mejor de los escenarios, la economía no va a crecer a niveles pre pandemia antes de 2023, pero, considerando todo lo que sucede, esta proyección sería demasiado optimista.
Si solamente se observa el camino que el sector hidrocarburos, y de manera más específica- el Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), no existe margen de maniobra alguno. El mejor momento para asumir el desafío de aplicar ya no sólo ajustes, sino además reformas estructurales el sector y, por tanto, al resto de la economía sin generar sobresaltos consecuentes, ya pasó hace mucho.
Mientras pudimos atraer capital privado para invertir en exploración y mantener mercados, se derrochó lo mejor del período de auge internacional, y luego pretendieron seguir compensando las caídas con la seguridad de que el problema sería pasajero. Pero sucedió todo lo contrario, y ahora no sólo YPFB va perdiendo cuotas de mercado, sino que el país importa una cantidad de combustibles cada vez mayor, con el riesgo de registrar déficit energético en tan sólo un par de años y, peor aún, por el ritmo al que se deteriora el sector, probablemente exista la necesidad de importar gas para abastecer la demanda interna en aproximadamente ocho años.
En este sentido, 2021 ha sido un año perdido para Bolivia, porque no se han visto señales siquiera de que las cosas vayan a cambiar ni pronto ni nunca. Peor aún: se ha visto ineptitud sin precedentes en la principal empresa estatal del país (no ha podido siquiera ejecutar la mitad de su presupuesto de inversión anual), e improvisación para tratar de compensar la falta de dotación de gas en industrias concretas en el sur del país.
Por su parte, el Movimiento al Socialismo (MAS) atraviesa por desafíos de gran magnitud. La derrota de las elecciones a gobernaciones y alcaldías en marzo fue importante, pues recibieron aproximadamente la mitad de votos que habían conseguido en las presidenciales de 2020, pero aun así necesitan de un nuevo proceso para renovarse, lograr cohesión y recuperar espacios de poder perdidos en las regiones.
El principal problema de 2022 estará marcado por la necesidad de conseguir financiamiento, y antes que el Fondo Monetario Internacional (FMI), la única que tiene recursos suficientes es China, pero esto no será gratis: los intereses de Xi Jinping sobre el Salar de Uyuni no son nuevos, pero ha sabido esperar. El régimen del MAS ofrecerá todo lo que esté a su alcance para conseguir financiamiento de corto plazo para mantenerse en el poder.
Sin embargo, si el próximo año no se consigue el financiamiento que se busca al menos desde 2019, los ajustes y reformas serán tan necesarias como inevitables, indistintamente de si son parte de un eventual acuerdo con el FMI.
Todo esto significa que el ajuste finalmente tendrá que asumirlo el sector público de Bolivia en todos sus niveles: el burocrático, el de las empresas estatales que dependen del gobierno central, el de gobernaciones y alcaldías con estructuras inconfundiblemente sobredimensionadas.
Más aún: por ahora la voracidad fiscal estatal sin precedentes está siendo financiada con deuda, y de manera más precisa, con ahorro privado. Si acaso el dinero privado no termina siendo suficiente, el contagio de la ruina de las finanzas públicas al sector bancario y financiero que se ha iniciado en el mercado secundario, podría terminar siendo inasumible, con todo lo que ello implica.
Esto es algo que el régimen sabe perfectamente, por eso se prepara al menos desde marzo con detenciones ilegales y persecución a ex autoridades del gobierno transitorio, policías, militares y civiles, para evitar que cualquier líder opositor se aproveche del río revuelto como en 2019.
Otro aspecto sobre el que existe una incertidumbre cada vez mayor, es el estado de salud de Arce Catacora, quien padecería de cáncer y visitaría Brasil de manera periódica por el mismo motivo. Pero al menos hasta el momento se guarda absoluta reserva al respecto.
Entonces, ya sea por el deterioro de la salud de Arce, que podría derivar en su renuncia, o por su incapacidad para contener el aluvión de protestas por los ajustes y las reformas, que lo podrían llevar a un referéndum revocatorio, se esperan nuevos escenarios de inestabilidad para 2022.
Pues nada es casualidad. Este parece ser el tablero sobre el que parecen empezar a prepararse los mismos jugadores de hace ya varios años: Carlos Mesa, quien apenas se ha manifestado recientemente sobre las dudas que se ciernen sobre el padrón electoral desde la renuncia de la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista, se prepara para fundar su partido.
Asimismo, el ex gobernador opositor cruceño, Rubén Costas, ha re-aparecido en la escena política desde que dejó el cargo hace unos meses, para anunciar que su partido, el Movimiento Demócrata Social, se encuentra trabajando en una reingeniería a nivel nacional, luego de que casi perdiera su sigla en las últimas elecciones a falta de votos.
¿Volverá la oposición en Bolivia a prestarse al juego que el régimen imponga, sin siquiera exigir una auditoría al padrón electoral, y peor aún, sin plantear la necesidad de asumir los desafíos que la economía plantea en 2022?