La imagen del régimen de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca no puede estar más deteriorada a un año de las cuestionadas elecciones de Bolivia, realizadas en octubre de 2020. Es uno de los países que peor encara la pandemia en la región, miente sobre el éxito de sus medidas económicas sin estupor, y ni siquiera acierta en una sola de sus iniciativas en el frente político.
Nunca estuvo muy claro el motivo, pero tal vez sea por todo lo anterior que Evo Morales convocó una marcha de 180 kilómetros desde la localidad de Caracollo hacia La Paz, supuestamente en apoyo al régimen de Arce. Sin embargo, esta demostración de fuerza se ha traducido en un nuevo fracaso rotundo entre los muchos más que ya acumula el Movimiento al Socialismo (MAS) en los últimos años.
Para empezar, en el acto de arranque de la “Marcha por la Patria”, Evo Morales afirmó: “Yo siento que esto solo es un calentamiento, hermano Lucho (Arce Catacora). El día lunes 29 va a reventar La Paz, vamos a demostrar nuestra fuerza. Todos estamos con el proceso de cambio a la cabeza de Lucho y David”.
Vale destacar que la última vez que Morales se había referido a la ciudad de La Paz fue desde el exilio en 2019, para ordenar a las bases del MAS que cercaran e impidieran el abastecimiento de alimento y combustible en la capital de Bolivia, como medida de castigo por su renuncia.
La reacción del alcalde opositor de La Paz, Iván Arias, sobre estas declaraciones de Morales, fue la de recibir a los marchistas con pañuelos blancos.
No obstante, ni bien comenzó se pudo ver lo deslucida que fue la marcha: el esfuerzo de Morales fue altamente cuestionado, debido a que contaba con todas las comodidades posibles para atender su alojamiento, alimentación y aseo; otros, quienes en su mayoría eran funcionarios públicos de distintos ministerios, fueron obligados a marchar por turnos; y tal vez los menos, recibieron ‘incentivos’ de 400 Bolivianos (50 Euros) diarios por asistir.
Si bien en un inicio contó con la participación del propio Arce Catacora y David Choquehuanca, las participaciones más destacadas de la marcha fueron las de los embajadores Ariel Basteiro y Elías Chévez, de Argentina y Nicaragua, respectivamente, contraviniendo todos los tratados y convenciones internacionales sobre el principio de no intervención.
Con este motivo, y de manera acertada y pertinente, las principales bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia, exigieron la destitución de ambas autoridades.
No obstante, el fracaso de la marcha masista fue todavía más evidente cuando, luego de haber prometido que el acto de recibimiento de los marchistas al llegar a La Paz concentraría entre 1 millón y un 1 millón y medio de personas en la plaza Mayor de San Francisco, aparentemente no fueron más de 30.000.
Afortunadamente, la ciudadanía paceña prefirió no enfrentar a los marchistas ni recibirlos con pañuelos blancos, como Arias sugirió, sino simplemente ignorarlos, pero esto sucede en un momento en que la ciudadanía empieza a exigir cuentas al conjunto de la clase política por las elecciones de 2020: aparentemente, masistas y opositores habrían pactado el retorno del MAS al poder, y quienes ahora tendrían que estar liderando las demandas ciudadanas contra el régimen, guardan un ensordecedor silencio sobre las denuncias de Rosario Baptista Canedo, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre el posible fraude de 2020.
La marcha de Morales tenía por objetivo apoyar a Arce Catacora y Choquehuanca, pues habrían sido elegidos legal y legítimamente con un 55% de votos, pero la frustración de la marcha ha sido tan grande que los actos han terminado radicalizando aún más su discurso, y dirigiéndose específicamente contra Santa Cruz, desde donde se lideran las protestas pacíficas ante las arremetidas del MAS y sus “leyes malditas”.
Por ejemplo, Gonzalo Quispe, secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSUTMB), amenazó con su discurso: “Si es necesario vamos a ofrendar nuestras vidas, porque esta tierra es nuestra y no de los entrometidos, carajo. Somos millones, hermanos. Hemos sellado la unidad de todo el pueblo boliviano. Si hay necesidad de marchar a otro departamento o a Santa Cruz, lo vamos a hacer para demostrar que aquí está el pueblo”.
De la misma forma, Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la Central Obrera de Bolivia (COB) amenazó así a Santa Cruz: “Cuidado, no nos provoquen, porque esta marcha se puede trasladar a Santa Cruz vamos a ir a tomar las fábricas, las industrias, compañeros”.
Al día siguiente, Morales también amenazó a la ciudadanía chuquisaqueña: “Cuidado que los compañeros decidan irse a Sucre hasta que metan a la cárcel a los golpistas”.
Manuel ‘Mamén’ Saavedra, concejal por Demócratas en la capital cruceña, le respondió a Huarachi de la siguiente manera: “Señor Huarachi, yo lo invito. De repente es una buena oportunidad para que venga a Santa Cruz y aprenda lo que significa trabajar, generar empleo y desarrollo. Le pregunto: ¿Hace cuántos años usted recibe sueldo sin trabajar, aprovechándose de su condición de dirigente sindical? Venga, le aseguro que le va a hacer bien”.
Igualmente, el Comité pro Santa Cruz publicó un comunicado al respecto, donde se destaca: “Las amenazas de los dirigentes del Movimiento al Socialismo contra Santa Cruz son inadmisibles, reprochables e inconstitucionales. Solo intentan generar un clima de odio, división y convulsión luego de que el pueblo, de manera pacífica y en las calles durante nueve días de paro multisectorial, frenara la puesta en marcha en vigencia de la ley 1386 por ser atentatoria a los derechos humanos”.
Pero las amenazas del MAS no terminan ahí. Luego de que lideró un nuevo paro pacífico de nueve días consecutivos contra la Ley N° 1386 de Ganancias Ilícitas, el MAS, por medio de una demanda interpuesta por el diputado masista Hernán Hinojosa, está tratando de que despidan de su trabajo a Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, por supuesta corrupción en la Caja Petrolera de Salud y la alcaldía cruceña.
Asimismo, esta semana el régimen de Arce decidió realimentar el caso de supuesto golpe de Estado contra Morales en 2019: la Fiscalía formalizó una nueva acusación contra la expresidenta Jeanine Añez -quien ya guarda más de ocho meses en detención preventiva en Miraflores- y 8 exjefes militares y policiales, “por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes e Incumplimiento de Deberes tipificados en los artículos N° 153 y N° 154 del Código Penal”.
Para Humberto Vacaflor Ganam, reconocido periodista de Siglo XXI, tanto la marcha como la reactivación de los juicios por supuesto golpe de Estado, ilustran las divisiones en el propio MAS. Morales quiere retornar al poder, y de esta manera les está enviando un mensaje tanto a Arce como Choquehuanca, de que quien todavía manda es él, y que se prepara para exigir el reemplazo de al menos dos tercios de los ministros del actual gabinete por hombres elegidos por él el próximo 22 de enero.
Sin embargo, Vacaflor también sostiene que, en realidad, la era del MAS en Bolivia ha llegado a su final, que el partido probablemente siga vivo durante un tiempo más, hasta 2025, y que también sea el momento de que tanto Evo Morales como Carlos Mesa empiecen a jubilarse de la política, uno por este nuevo fracaso con esta “Marcha por la Patria”, y el otro por haber reconocido la victoria de Arce en base a simples encuestas y apenas un 5% del conteo de votos.
Pero hay todavía más motivos para apoyar la hipótesis de Vacaflor. Si bien no existe liderazgo opositor visible en el horizonte, el tiempo de gracia que Arce tuvo durante su primer año como presidente para encauzar la economía, la salud o la justicia ha caducado, y probablemente el desafío en el que todo esto se traduce sea inasumible para el MAS tan pronto como desde 2022.