Luego de que sorprendiera en diciembre con dos decretos supremos, el N° 4640 y el N° 4641, que establecen la obligatoriedad de portar el carnet de vacunación contra el Covid-19 para asistir a lugares tanto públicos como privados en Bolivia, la noche de este miércoles el régimen de Arce decidió retroceder la medida hasta el 26 de este mismo mes, “debido a las largas filas en los puntos de vacunación y los reclamos por la falta de personal para cubrir la demanda por las vacunas”.
Lo que en realidad se está dejando en claro con este nuevo plazo para portar el carnet de vacunación es que se sigue improvisando, primero piensan en la medida y luego ven cómo la aplican. Así ha sido desde un principio: un nuevo hito caótico en la gestión de la crisis sanitaria.
No se había pensado en aquellas personas que se habían vacunado en el extranjero y el calvario que tendrían que pasar para homologar sus vacunas ante Cancillería, mucho menos se había puesto a punto las aplicaciones móviles o las plataformas digitales para obtener el mentado carnet, y se produjo aglomeraciones insospechadas en los puntos de vacunación.
Si el régimen de Arce no ha tenido éxito durante más de un año a cargo de la gestión de la crisis sanitaria (se encuentra al fondos de la tabla de vacunación regional) es porque, para empezar, el Movimiento al Socialismo (MAS) se encargó de propagar mentiras sobre el coronavirus desde un inicio.
Cuando Jeanine Áñez llevaba apenas tres meses de gobierno, corrían rumores para boicotear las medidas iniciales de cuarentena, como que el virus no existía, que solamente se propagaba por la noche, que se trataban de mentiras del imperio americano como el SIDA y el Ántrax, como afirmaba la ex diputada por el MAS Juana Quispe en marzo de 2020.
Esto es algo que ha destacado Toño Siñani, dirigente gremial de El Alto que lidera las movilización en contra de las vacunación obligatoria, y que hasta el momento nadie le ha podido desmentir: “los mismos dirigentes del MAS decían que es un invento de la derecha y ahora nos sorprenden con que nos tenemos que vacunar con vacunas de la derecha”.
Más tarde, cuando el MAS y Arce recuperaron el poder, monopolizaron la gestión de la crisis sanitaria, e incluso impusieron la confidencialidad de los contratos para adquirir vacunas. Hasta el día de hoy no se sabe cuáles fueron los tratos entre el gobierno boliviano y el ruso para adquirir las primeras dosis de Sputnik V; no se tiene conocimiento sobre el precio que se paga por cada una de ellas, o qué sucedería en caso de que, así como sucedió, Rusia tardaría meses en entregar las segundas dosis para determinado grupo etario de la población.
Ese fue el momento a partir del cual la improvisación fue más evidente, pues se empezaron a aplicar segundas dosis como primeras y primeras como segundas, y a extender arbitrariamente el lapso de tiempo de aplicación entre unas y otras, por ejemplo.
Pero además de todos los errores cometidos en cada medida implementada, también hubo errores por las medidas no implementadas: hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de una agenda concreta de vacunación, de centros de atención de dudas o emergencias, campañas de información sobre la constitución de las vacunas, etc.
Lejos de encontrar maneras para persuadir a la gente sobre las medidas implementadas y por implementar. Por el contrario, todo lo realizado hasta el momento ha servido para generar todavía más desconfianza del público en las instituciones estatales y el rechazo generalizado a las vacunas.
Incluso se ha insistido en los beneficios de la medicina tradicional de los saberes andinos ancestrales frente a los de la medicina occidental con la que se encara la pandemia. De hecho, una de las últimas personas en vacunarse ha sido el propio vicepresidente Choquehuanca, quien dijo que cuando contrajo el virus chino se trató a sí mismo incluso comiendo pasto.
Son estas, y no otras, las principales causas del fracaso de la vacunación en Bolivia, y el principal responsable es no otro que el régimen de Arce Catacora.
Pero el mayor de los colmos se consuma cuando la ciudadanía y la oposición pretenden premiar al régimen de Arce otorgándole más poder: en vez de poner los puntos sobre las íes, Comunidad Ciudadana, liderada por Carlos Mesa, prepara una propuesta de ley “para reasignar un presupuesto de 605 millones de dólares con el fin de hacer frente a las nuevas variantes de la pandemia y equipar a los hospitales”, sin siquiera haber exigido primero cuentas sobre la gestión de la crisis de la pandemia tanto a Hacienda como al ministro de Salud, Jeyson Auza.
¿Por qué Comunidad Ciudadana quiere premiar el fracaso del régimen de Arce en la gestión de la crisis sanitaria otorgándole más poder? ¿Por qué la oposición no se aboca a levantar la confidencialidad de los contratos de las vacunas en primer lugar? ¿Por qué no exige que se termine la monopolización de la gestión de la crisis?
Los contagios son cada vez mayores, pero la letalidad es cada vez menor, pero ¿por qué entonces la premura reciente en aplicar las dosis existentes? Esto es algo que solamente el régimen de Arce podría tratar de justificar si acaso no hubiera confidencialidad en los contratos y transparencia en la asignación de vacunas. Aparentemente la respuesta está en que pronto habrá millones de vacunas cerca de la caducidad. ¿Qué dirá la oposición si acaso esto sucede y ni siquiera lo advirtió en su momento?
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 7 de enero de 2022.
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