Bolivia va a empezar 2022 con una de las medidas más siniestras que se haya implementado en el primer año del régimen de Arce y Choquehuanca. A partir del primer día de enero regirá lo que en Europa mejor se conoce como el pasaporte Covid.
Hasta el momento el sistema de carnetización no funciona, el número de casos ha ascendido a niveles históricos, no se tiene conocimiento sólido sobre la variante Ómicron en el país, y Bolivia se ubica en el fondo de la tabla regional en la campaña de vacunación, pero los decesos han caído dramáticamente. Por eso resulta difícil creer que más de un año después de recuperar el poder el régimen recurra recién a la obligatoriedad de las vacunas porque realmente están ocupados con el problema, y que además cuentan con la idoneidad para encarar el virus.
Pero la polémica se intensifica a raíz de que David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional, se ha rehusado a vacunarse porque confía más en la medicina ancestral basada en uso de hierbas, preparados y ceremonias, y porque ha afirmado haber estado contagiado de Covid-19 en al menos dos oportunidades, y que adquirió inmunidad natural tratándose a sí mismo ingiriendo mezclas de cúrcuma, jengibre, cebolla, ajo, miel, cebolla y limón, e incluso comiendo pasto.
David Choquehuanca fue canciller de Evo Morales entre enero de 2006 y enero de 2017, y fue mejor conocido por haber causado un sinnúmero de controversias comparables, como haber afirmado en 2007, basado en su conocimiento la cosmovisión andina, que las piedras tienen sexo; por haber ordenado cambiar los números y el sentido de las manecillas del reloj de la Asamblea Legislativa Plurinacional en sentido contrario al convencional en 2012, “como una convocatoria a pensar desde el sur”; y por haber aseverado que “cuando uno come papalisa no necesita tomar viagra”.
Aún así, Choquehuanca ha dicho que se vacunará en los próximos días, “porque hay que ser responsable”.
Debido a que el régimen no cree en persuasión alguna, sino solamente en imposiciones, las primeras reacciones en el país han sido marchas y protestas callejeras que la gran generalidad de medios se ha apresurado en calificar de “anti vacunas” y no necesariamente como iniciativas en contra de las imposiciones. Cualesquiera fueran los argumentos de estos marchistas y huelguistas, están cumpliendo con el rol de resguardar los derechos fundamentales de las minorías.
Pero, al mismo tiempo, la posición del propio vicepresidente no podía ser más deleznable. Choquehuanca no ha defendido a quienes, así como él mismo, han recurrido a cualquier otro método para encarar el coronavirus Covid-19. Peor aún, Choquehuanca no sólo abandona sus principios, sino que, además, aprueba la imposición de las vacunas para el conjunto de la ciudadanía e incluso para sí mismo.
La discusión aquí no es sobre las vacunas, sino el derecho que Choquehuanca tiene de creer que comer pasto garantiza la cura contra el Covid-19, o el derecho que cualquier otro individuo tiene de temer a las vacunas por sus efectos secundarios o cualquier otro efecto, sino sobre la imposición de la voluntad de unos sobre otros.
Tal vez el vicepresidente acepta vacunar a alguien en contra de su voluntad porque entiende pues que el objetivo de la portación obligatoria del carnet de vacunación para el ingreso a cualquier espacio público, no está directamente vinculada a la gestión de la crisis sanitaria, sino al deterioro de las condiciones para seguir ejerciendo el poder en 2022, un año lleno de desafíos para el régimen del que él es parte.
¿Es que acaso ya nadie se acuerda que el Apartheid (el sistema de segregación racial que se impuso en Sudáfrica entre 1948 y 1992), estuvo dirigido a conservar el poder y privilegios de blancos contra quien no fuera blanco para supuestamente “promover el desarrollo”?
¿Es que acaso ya nadie se acuerda que en la Alemania nazi se les prohibió a quienes no fueran arios el acceso a las universidades, el uso de transportes públicos y el frecuentar lugares públicos como teatros o jardines, en nombre de “la preservación del orden y el interés público”?
Estos regímenes eran “legales” y además eran apoyados por la población mayoritaria y respaldados por la evidencia empírica de la ciencia.
El problema no son las vacunas, sino las imposiciones en Bolivia. El problema es la segregación entre vacunados y no vacunados en nombre del bienestar público. Así como muy bien decía Benjamin Franklin, indistintamente de cuales fueran las circunstancias: aquellos que sacrifican libertad por seguridad no merecen tener ninguna de las dos.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 31 de diciembre de 2021.