Probablemente nunca antes se había hablado tanto sobre la manera en que Bolivia ha caído de rodillas ante el narcotráfico como hoy en día. Tal vez se vieron cosas semejantes en los años 80, cuando había otros reyes de la droga que campeaban a sus anchas; pero nunca se había visto que además estuvieran inspirados explícitamente en la doctrina del socialismo para hacerse del Estado y consolidar su poder de manera inédita.
Eso es lo que está sucediendo hoy en Bolivia: el país ha caído en manos del narcosocialismo desde que, a finales de 2005, Evo Morales, líder cocalero del Chapare, ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta y rediseñó el Estado para terminar con la República, la presunción de inocencia, la separación y equilibrio de poderes, y expandir el narcotráfico como nunca antes.
Hoy, 16 años más tarde, y a pesar de que no se cuenta con una prensa plenamente libre, se escucha en las noticias sobre las denuncias permanentes de los abusos que sufren los perseguidos políticos por el régimen del Movimiento al Socialismo (MAS), donde uno de los casos emblemáticos es el de la expresidenta Jeanine Áñez, que guarda prisión preventiva desde el 15 de marzo de 2021 por el supuesto “golpe de Estado” de 2019.
La última denuncia que Áñez ha realizado por medio de una carta contra el régimen del MAS, sostiene lo siguiente: “Lo que sucede en Bolivia es una época casi medieval y totalitaria que se repite en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela y otros lugares del mundo, donde hay presos políticos, entre ellos, grandes mujeres defensoras de la libertad y de la democracia, valientes jóvenes también, que están luchando desde sus terribles e injustos encierros por los derechos que pretenden estos regímenes arrebatarles a todos”.
Además, la expresidenta agregó: «Bolivia no merece que, a nombre de la élite política masista, sea sometida a todos los abusos y los atropellos que comete un gobierno que ataca con su poder político y judicial a las personas que defienden la democracia, la libertad y la igualdad ante la ley».
También se escucha de manera permanente sobre narcovideos en redes sociales, de redes de jueces escandalosamente corruptos, de narcopolicías investigados por la DEA y la extradición que Estados Unidos solicita de uno de ellos, Maximiliano Dávila.
Sobre esto último, Carlos Romero, ex ministro de Gobierno de Morales, ha planteado con inconfundible sarcasmo y cinismo a Estados Unidos, un cambalache por el ex ministro de Gobierno de Áñez, Arturo Murillo, y el ex ministro del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín.
Con semejante postura de encubrimiento de Dávila, lo que queda claro es que el régimen del MAS parece empezar a quedar acorralado en su propio relato, y seguir con su inevitable curso de implosión: o Arce colabora con el “imperio americano” dejando expuestos los vínculos directos de toda la estructura masista con el narcotráfico, o evita mientras pueda la extradición de Dávila para no ser delatados por el narcopolicía ávido de venganza por su traicionero arresto.
De la misma forma, y como si los problemas derivados de la concentración del poder que ahora los desbordan no hubiesen sido causados por el propio régimen del MAS, Iván Lima, ministro de Justicia de Luis Arce, habla por cuarta oportunidad en un poco más de un año, sobre una reforma del Poder Judicial. Pero no lo hace por caso de narcotráfico alguno, sino por la corrupción de todo el sistema judicial que el Ejecutivo carga encima. Esta vez Lima pretende realizar una evaluación de 1.134 jueces en el país, aunque ni siquiera ha hablado de métodos ni plazos para lograr su supuesto objetivo.
Peor aún, y como el súmmum de la anomia absoluta, de la degeneración que han sufrido los valores de la sociedad relativamente civilizada que Bolivia tuvo alguna vez mientras fue una República, Héctor Arce, dirigente cocalero del trópico cochabambino y diputado del MAS, planteó “aplicar la pena de muerte en el país y ejecutar a feminicidas, asesinos y violadores cada 6 de agosto, aniversario de Bolivia”, olvidando, casualmente, a los narcopolicías de los que hoy tanto se habla, y omitiendo los casos más obvios de estupro del dirigente cocalero al que responde, Evo Morales.
Para el ex ministro Sánchez Berzaín, aludido por Romero, “desde que el dirigente más importante de las federaciones de cultivadores de coca ilegal y base del narcotráfico, Evo Morales, llega a la Presidencia, de la mano de un proyecto transnacional que se conoce como ‘socialismo del siglo XXI’, y que ha expandido el modelo de la dictadura cubana, ocurren hechos que constituyen a Bolivia como un narcoestado”.
Y además explica: “Se establece un sistema de dictadura, se concentra el poder en un narcoestado, es un sistema creado para aumentar la producción de coca ilegal. Asumen que la lucha contra el narcotráfico es un mecanismo para someter al pueblo”.
Ahora, agrega Sánchez Berzaín, “desde el MAS buscan proteger al dirigente cocalero intentando desviar la atención del escándalo que surgió mediante una investigación de la DEA”, por eso “toda la estructura del Gobierno se mueve, porque saben que eso puede llegar a Evo Morales, quien se declara acosado o perseguido por la derecha; quieren protegerlo de toda forma para que eso no lo alcance”.
Como se puede observar con la consideración de apenas algunos elementos recientes sobre del deterioro crónico de la justicia y del avance del socialismo y el narcotráfico, Bolivia sufre una profunda crisis que, aunque su final empezara hoy con la implosión definitiva del MAS, será muy difícil de sobrellevar sin un liderazgo político con un objetivo claro y concreto: recuperar la libertad y la democracia por medio de la firma del acta de defunción del Estado Plurinacional y el retorno de la República y el Estado de Derecho.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 9 de febrero de 2022.