Este 2 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) finalmente presentó su informe sobre los hechos de finales de 2019 en Bolivia ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El informe ya había sido asomado en un acto público en agosto de 2021 frente a Luis Arce Catacora, presentando sugerencias de reforma del Poder Judicial.
En la presentación ante la OEA, el GIEI ha recalcado que su informe no busca determinar si en Bolivia hubo fraude o golpe de estado, sino que se limitó a afirmar que no hubo genocidio, que hubo masacre, y que el Poder Judicial está entregado al poder político. Para el periodista Carlos Valverde, si bien adolece de ciertos problemas, el informe del GIEI es aceptable y suficiente porque le impide al régimen de Arce utilizarlo políticamente.
A pesar de que insiste incansablemente en ello, al régimen de Arce se le hace cada vez más difícil sostener el relato del golpe de Estado contra Morales, a la vez que sus abusos y atropellos contra la ex presidenta Jeanine Áñez, que lleva un año de prisión preventiva sin una sola prueba en su contra, se hacen escandalosamente inocultables.
Pero además, lo curioso es que las recientes versiones del propio Álvaro García Linera, ex vicepresidente, que fortalecen la necesidad de tomar en cuenta el hecho de que Evo Morales ya había decidido renunciar al cargo mucho antes de que el Gral. Williams Kalimán se lo sugirió de acuerdo a su Carta Orgánica y en conferencia de prensa junto al resto de miembros del Alto Mando.
Son al menos cinco instituciones internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Unión Europea, Amnistía Internacional y el Comité de NNUU contra la Tortura (y a las que podría sumarse la Organización de Naciones Unidas, de la mano del relator Diego García-Sayán (que presentará su informe en un par de meses), las que han destacado la necesidad de someter al Poder Judicial en Bolivia a una profunda reforma estructural.
Es decir, si las instituciones convocadas por el propio régimen de Arce no se inclinan claramente a su favor, como esperaba, y si estas más bien destacan que el Poder Judicial en Bolivia está sometido al poder político, lo mínimo que se debe hacer al respecto es identificar primero el caso de Áñez como un auténtico atropello de sus derechos fundamentales, y que bien puede extrapolarse a decenas de otros casos de persecución política, entonces es el propio régimen de Arce Catacora el que se sigue hundiendo a sí mismo en su forzado relato de golpe de estado contra Morales.
Comité pro Santa Cruz convoca al paro cívico en protesta por el sometimiento de la justicia
Y justamente debido al estado calamitoso de la justicia en el país, el Comité pro Santa Cruz acaba de convocar a un nuevo paro cívico para este viernes. Se espera que el paro sea suficientemente contundente a pesar de que la iniciativa no cuenta con el apoyo de todos los integrantes de la institución cívica.
Así, los médicos, gremiales, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), el transporte urbano y otros colectivos cívicos han anunciado que acatarán la medida de presión. Mientras por otro lado, Rolando Borda, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, afín al Movimiento al Socialismo (MAS), afirmó que su sector no se sumará a la medida debido a que “se trata de una medida política para desestabilizar la democracia”.
Igualmente, Óscar Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), rechazó la medida sosteniendo que “el sector productivo no puede parar sus actividades diarias porque los animales no pueden dejar de comer, las plantas no pueden dejar de crecer”.
La convocatoria al paro cívico en protesta por una justicia parcializada con el régimen de Arce en un día viernes no es lo más común. Tampoco está claro si cumplirá con un objetivo concreto más que el de la protesta. Probablemente sea este el motivo por el que algunos sectores como la CAO, han manifestado su negativa sobre la iniciativa del Comité pro Santa Cruz, y no solamente por el hecho de que haya sectores afines al MAS.
Sin embargo, esta acción se trata más de una iniciativa de protesta que de una medida de presión. Probablemente más adelante las iniciativas en busca de una reforma estructural del Poder Judicial vayan tomando más forma, pero esta podría ser la primera medida del año orientada en esa dirección.
Entretanto la institución cívica cruceña, también se ha pronunciado en contra de la posición oficial del régimen de Arce en la ONU sobre la invasión de Rusia sobre Ucrania, como una clara ilustración de lo que defiende: “la paz, la democracia, la institucionalidad, el apego a la ley y el Estado Derecho”, dijo Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Santa Cruz, en un año lleno de incertidumbre para el futuro de corto plazo del país.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 4 de marzo de 2022.