Tendría que haberse convertido en un terremoto político, pero debido a que el documento preliminar estuvo altamente cargado por escepticismo sobre lo que podía decir, el informe de Diego García-Sayán, relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) asignado a una investigación sobre la independencia de jueces y abogados en relación al poder político en Bolivia, finalmente ha visto la luz y no favorece en nada al régimen de Luis Arce Catacora y el Movimiento al Socialismo (MAS), contrariamente a lo que estos afirman.
Los medios han reportado el informe final de la ONU con timidez e incluso indiferencia, pero el documento de García-Sayán está compuesto de una serie de elementos importantes en los que, por un lado, no hace suficiente énfasis en el caso emblemático de abuso de poder y violación de Derechos Humanos fundamentales como el de la expresidente Jeanine Áñez, pero, por el otro, hay muchos que se puede y debe rescatar.
Aunque se trata de una evaluación relativamente breve, de 20 páginas, y de que data del 11 de mayo, resulta imposible pasar por alto el hecho de que el relator de la ONU ha evitado referirse al caso concreto de Jeanine Áñez desde que visitó Bolivia a mediados de febrero, siendo que la expresidenta guarda prisión preventiva desde el 12 de marzo de 2021 sin prueba alguna en su contra por los casos Golpe de Estado I y II, y que, por tanto, se trata pues de un caso emblemático, escandaloso e inocultable.
A pesar de esto, algunos analistas y expertos legales opositores, como William Herrera, abogado constitucionalista, se muestran optimistas y destacan el hecho de que García-Sayán ha rescatado tantas de sus observaciones sobre el fallido y decadente sistema de justicia en Bolivia.
Por ejemplo, Herrera afirma: “El informe es muy completo. En un principio hubo sospechas de que el relator estuviera alineado al Movimiento del Socialismo del Siglo XXI (SSXXI), y de que había sido invitado para decir que en Bolivia todo está bien. Sin embargo, ya lo había adelantado en su informe preliminar, que nada de aquello sucedía. Ahora se confirma todo lo que hemos venido denunciando todos los que hemos venido trabajando en este proceso de reforma: la falta de independencia de poderes, la intromisión política, la falta de presupuesto”.
¿Cuál ha sido la reacción del régimen? Iván Lima Magne, ministro de Justicia de Arce, ha vuelto a aparecer en los medios luego de más de un mes para pronunciarse sobre este informe, y sobre todo para confundir al público sobre sus conclusiones y aprovechar de deslindar la responsabilidad directa del MAS por su intromisión en el Poder Judicial al menos desde 2006, y más todavía por las elecciones de 2017 que encabezó para nombrar magistrados donde hubo un escandaloso 20% de ausentismo y un 68% de votos nulos y blancos en protesta.
Lima Magne ha afirmado desde sus redes sociales este miércoles: “Es un informe de un tercero imparcial que se presentará ante la ONU. Destaca que la reforma judicial debe realizarse con el consenso, diálogo y acuerdo entre todos los bolivianos”.
Y además agregó al día siguiente: “Nos adherimos al planteamiento del relator García-Sayán en su Informe; el consenso, el diálogo y el acuerdo entre todos los bolivianos son la base estructural para una política pública de largo alcance como es la transformación de la Justicia”.
El informe de García-Sayán todavía tiene que ser presentado formalmente en Ginebra y ante la ONU el siguiente mes de junio, por lo que se espera que sus conclusiones -cuidadosamente escritas- generen mayor impacto que el que ha tenido hasta ahora incluso en Bolivia.
Pero si hubiera un solo elemento a destacar del informe final de García Sayán no es todo lo que dice puntualmente, sino lo que representa a partir de sus conclusiones más importantes: si acaso la oposición en Bolivia no ha entendido todavía que si hay alguna causa de la que debe convertir en bandera para encarar al régimen de Arce Catacora y el MAS, es la descomposición absoluta de sus instituciones, la profunda crisis del Poder Judicial y, de manera más concreta todavía, los abusos contra la expresidenta Áñez, por mucho de nefasto que haya tenido; aunque sea difícil esperar mucho de la más que cuestionable oposición -de hecho, ni siquiera se ha pronunciado con contundencia al respecto-, es una cuestión de principios.
Igualmente, la Comunidad Internacional no puede seguir haciendo la vista gorda sobre el profundo y crónico deterioro del Estado de Derecho en Bolivia. Muchos de los que defienden los valores de la Civilización Occidental se sorprendieron de la caída de Morales en 2019 debido a su monumental fraude. Muchos incluso reaccionaron tarde, pero lo hicieron. Y unos pocos actuaron a la altura de las circunstancias y superando expectativas, como la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea, que hasta hoy se mantienen firmes respecto a lo sucedido en ese entonces. Pero se necesita más, mucho más y en proporción al proyecto del SSXXI, de nuevo, es una cuestión de principios.
Entretanto, William Herrera advierte que si el régimen de Arce se mantiene en la desidia respecto de la descomposición absoluta del Estado en Bolivia, así como del informe de García-Sayán y, por tanto, de la ONU, habrá cada vez mayor inseguridad jurídica y ciudadana, y que la creciente corrupción e impunidad se traducen en “un cóctel peligrosísimo, una combinación diabólica y fatal”, y que “si no se toman medidas urgentes no se sabe hasta dónde vamos a llegar”.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 27 de mayo de 2022.
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