El fracaso del régimen de Arce con el censo 2022 abre nuevos frentes de conflicto en Bolivia

Luego de responsabilizar a los 11 meses de gobierno de la expresidente Jeanine Áñez por todos los males posibles en el país, y además alardear de aciertos que no son tales, al régimen de Luis Arce Catacora se le hace cada vez más difícil encarar los desafíos de la profunda crisis que se agrava en varios ámbitos, y acaba de anotar un nuevo fracaso en su amplio repertorio: se ha visto forzado a aplazar el Censo de Población y Vivienda 2022.

Sucede que, debido a la ineptitud demostrada por las autoridades fundamentalmente del ministerio de Planificación y el Instituto Nacional de Estadística (INE), y la incertidumbre generada por lo mismo, se esperaba que fracasaría, o que simplemente fuera postergado o suspendido. Pues dicho y hecho: el régimen de Arce ha decidido postergar el Censo 2022 hasta 2024, aunque sin fecha concreta.

Desde luego, el fracaso no tiene que ver únicamente con la posibilidad de realizarlo o no, sino por todo lo que implica para el país en su conjunto, para las demandas de su población en relación a su realidad actual. 

Por ejemplo, la crisis de la pandemia ya había revelado las grandes falencias estructurales en el sistema sanitario público del país y la falta de ahorro. Bolivia simplemente no se encontraba preparada para asumir el desafío de una eventualidad cualquiera. El mundo le planteó el más duro desafío a todo el andamiaje político, económico y social que el Movimiento al Socialismo (MAS) había montado desde que accedió al poder en 2006.

Las revelaciones que trajo la pandemia

Para ilustrar este hecho solamente es cuestión de recordar que ya en 2015, Bloomberg elaboró un ranking con datos sobre la esperanza de vida y causas de muerte de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y determinó que Bolivia era el país con la peor salud de Sudamérica, y el segundo peor de América Latina y el Caribe, ocupando el lugar 93 de 145 países del mundo.

Igualmente, en 2020 y en el marco de la pandemia del Covid-19, fue ampliamente evidente el hecho de que el país contaba con una serie de centros de salud nuevos y relativamente nuevos, pero que no contaban con equipamiento ni con personal sanitario, por lo que se encontraban fuera de servicio o incluso abandonados, como el caso del hospital de Montero hasta el día de hoy.

Además, se descubrió que Arce mintió sobre el verdadero presupuesto que se había asignado al sector salud desde que Evo Morales se convirtió en presidente del país, en 2006. Dijo que aquel año el presupuesto en salud era de $300 millones, y que en 2019 el presupuesto asignado había sido de $3.000 millones. Sin embargo, lo cierto es que nunca en ese período se asignó más de un 6% del presupuesto nacional, es decir, que nunca superó los $2.400 millones.

Esto guarda relación directa con los informes de la Universidad Johns Hopkins y el Instituto Lowy sobre el desempeño de Bolivia frente a la pandemia en cuanto a número de camas, enfermeras, intensivistas, médicos, decesos, etc. En febrero de 2021 se supo que ambas instituciones ubicaron al país ‘en la cola’ de Sudamérica y del mundo en cuanto a desempeño para afrontar la pandemia por este motivo.

Johns Hopkins afirmó que Bolivia tenía hasta ese entonces un gasto per cápita en salud de $445,8, por debajo de países como Paraguay, que invierte más de $us 700 por ciudadano; de Ecuador, que invierte casi $1.000; y hasta de Venezuela, que invierte más de $500 per cápita.

Por su lado, Lowy sostuvo que, en una puntuación de peor a mejor desempeño sanitario entre 0 y 100, Bolivia obtuvo un resultado de apenas 18,9.

Santa Cruz, el departamento más afectado

Para peor, dado que el Censo de 2012 también constituyó un rotundo fracaso, porque, entre otros problemas, fue realizado con una cartografía incompleta y cometió una serie de omisiones importantes, lo que se sabe sobre las demandas y necesidades del país en materia censal están enmarcadas en los resultados de los censos de 2001 y 2012. Es decir, el país elabora gran parte de sus políticas públicas con base a un diagnóstico de hace más de 20 años, o con grandes errores y manipulaciones políticas desde hace 10.

Pero esta es solamente una pequeña ilustración de los problemas que el país enfrenta a nivel nacional, pero el panorama se oscurece todavía más cuando el análisis se realiza sobre cada departamento en el país, donde, indudablemente, el más afectado es Santa Cruz.

Santa Cruz es el departamento de mayor crecimiento del país con mucha diferencia sobre el resto. Crece de manera extraordinaria en aspectos tanto migratorios como demográficos y económicos, pero consigue la misma asignación presupuestaria y de representación política de hace 10 o 20 años, cuando la realidad era muy distinta.

A falta de un censo fiable -no como el que se realizó en 2012-, si no hubiera sido por las urgencias que planteó la pandemia no se tendría un conocimiento preciso sobre la realidad del sistema sanitario público en el país. Pero existen serios problemas también en el sistema educativo, por ejemplo.

Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), afirmó lo siguiente: “hoy la UAGRM recibe recursos de acuerdo a los datos del Censo 2012, cuando tenía 60 mil estudiantes, pero actualmente tiene inscritos más de 115 mil estudiantes. Hay que imaginar el desfase que la universidad tiene. Nosotros deberíamos recibir muchos más recursos de los que estamos recibiendo, (por tanto) postergar el censo hasta 2024 implica proyectar que recibiríamos recursos de acuerdo a los nuevos datos en 2026. Así no es posible alcanzar calidad académica”.

Se abren nuevos frentes de conflicto

Debido a este nuevo fracaso del régimen de Arce y la administración central con el desarrollo del Censo 2022, distintas instituciones y gobiernos departamentales y municipales en el país han empezado a movilizarse exigiendo por un lado que la postergación sea solamente hasta 2023 y no 2024, y por el otro, sobre todo en Santa Cruz, empiezan también a barajar la posibilidad de realizar su propio censo.

Al respecto, Maria Nela Prada, ministra de la Presidencia, ha arremetido contra el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien ha criticado duramente a Arce y estaría encabezando los movimientos de protesta, afirmando que es un irresponsable por utilizar el Censo para desestabilizar el país, y que si además el proceso de levantamiento de datos fuera tan importante para la asignación de recursos, la inversión en Santa Cruz apenas alcanza el 10% y que, por tanto, tal hecho representaría “una vergüenza, una incapacidad absoluta de hacer gestión”.

De esta manera empiezan a surgir nuevos frentes de conflicto en el país no solamente porque se teme que Arce y su gabinete derrochen los recursos obtenidos con este fin mediante un crédito internacional, sino porque además las demandas de la ciudadanía son crecientes sobre todo en un entorno de crisis, y en la expectativa de que ésta se agrave no solamente por el contexto internacional donde asoma una nueva recesión, sino porque en el país existen problemas que justamente por falta de un diagnóstico como el que permite un censo, no se reconocen como urgentes ni que se arrastra desde hace muchos años.

Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 15 de julio de 2022.