La situación económica en Bolivia ha alcanzado un punto de inflexión que se torna insostenible. Esta semana, en su desesperado intento por mantener a flote una economía que hace agua por todos lados, Luis Arce Catacora y su gabinete de ministros sostuvieron al menos tres reuniones con grupos empresariales privados de diversos sectores.
Estas reuniones culminaron con la firma de un acuerdo de 17 puntos, que incluye medidas como la importación directa de hidrocarburos y distintos incentivos para la construcción de plantas privadas de biodiésel, y lo que es más preocupante, la búsqueda de financiamiento externo de cualquier organismo multilateral que esté dispuesto a otorgar préstamos.
Pero la pregunta crucial en este escenario es: ¿puede la crisis económica en Bolivia solucionarse, aunque sea temporalmente, con la inyección de más dólares provenientes de nuevos créditos? La respuesta es un rotundo no.
El problema de fondo es el derrumbe de las reservas
La falta de dólares en la economía boliviana no es un problema que pueda solucionarse simplemente obteniendo más créditos. Si no hay dólares es porque no hay reservas, y si no hay reservas es porque el Gobierno, de manera deliberada y corrupta, las ha saqueado, demostrando un irrespeto absoluto por cualquier mínima norma de institucionalidad. Este es un punto fundamental que no puede ser obviado. Las reservas internacionales no son de libre disponibilidad; pertenecen a la ciudadanía. Son el respaldo de los depósitos en los bancos, y es por eso que, en la actual coyuntura, la población no puede retirar sus depósitos en dólares de los bancos.
El Gobierno, en un intento desesperado por evitar el colapso económico, recurre a la obtención de más deuda externa, bajo la premisa de que más dólares aliviarán la situación. Sin embargo, esta es una solución temporal que apenas se concentra en los síntomas del problema y no aborda realmente las causas subyacentes de la crisis. Lo que realmente está haciendo el Gobierno es hipotecar el futuro de la nación, transfiriendo la responsabilidad del pago de esta deuda a la misma ciudadanía a la que ya le han confiscado sus ahorros de manera indirecta. Es la gente la que pagará esta deuda a través de todavía más y mayores impuestos e inflación, no el Gobierno.
La urgencia de señalar al responsable y que reponga lo perdido
La solución no pasa por seguir acumulando deuda. Lo que realmente se necesita es que el Gobierno reponga las reservas, es decir, que devuelva la plata que se ha gastado. Esto solo se puede lograr mediante una reducción drástica del gasto público estructural y la renuncia a cuantas atribuciones y competencias tenga sobre la economía, algo que los del Movimiento al Socialismo no están dispuestos a hacer porque implicaría perder un incalculable capital político.
En todo caso, la estrategia de Arce Catacora desde que ha asumido el poder en 2020 ha sido engañar al conjunto de la ciudadanía (comenzando por los empresarios que se prestan para la fotografía), presentándose como un actor democrático y dialogante, cuando en realidad solo está emprendiendo la huida hacia adelante, intentando mantener a la ciudadanía distraída hasta las próximas elecciones, cuya fecha ha sido recientemente anunciada por el Tribunal Supremo Electoral para el 17 de agosto de 2025.
La crisis energética es un reflejo más del fracaso estatal
El colapso de la capacidad productiva de la estatal petrolera es otro testimonio del fracaso del modelo estatal. Hoy, Bolivia se encuentra importando a precios internacionales el 46% de la gasolina y el 21% del diésel el 56% de la gasolina y el 86% del diésel que consume, y aun así, el Gobierno se ve obligado a subvencionar todo el consumo de combustible para mantener los precios internos congelados.
Para darse una idea de la magnitud del desastre solamente en el sector, con el Movimiento al Socialismo en el poder, Bolivia ha pasado de ser un exportador de energía con altos impuestos a un importador neto con un nivel de subvenciones inasumible.
Esta situación, que ha terminado siendo insostenible una vez llegado el largo plazo, no solo evidencia la incapacidad del Estado para gestionar eficientemente los recursos energéticos, sino que también subraya su responsabilidad directa en la crisis actual. Al igual que en el resto de la economía, la única salida viable para el sector energético es su liberalización absoluta. Es evidente que solo un mercado libre puede corregir este desastre.
No hay alternativa a un radical cambio de rumbo
De nuevo, lo que realmente necesita Bolivia no es más deuda, sino un cambio profundo en su modelo económico y político. La crisis actual no es solo el resultado de una corrupción desmedida, sino también de un sistema político que ha centralizado el poder y que ha utilizado los recursos de la ciudadanía para perpetuarse en el poder. Es hora de que el Gobierno (y todos aquellos empresarios que han lucrado como nunca antes con él) asuma su responsabilidad por el desastre actual. Es imperativo que se comience a señalar con claridad a los responsables y que se proponga, sin medias tintas, el retorno a la Constitución Política del Estado de 1967, con las reformas de 1994.
Este retorno no es solo una cuestión de nostalgia por tiempos mejores, sino una necesidad urgente para restablecer la democracia liberal, el Estado de Derecho, la separación y el equilibrio de poderes, y para abolir el fraudulento Estado Plurinacional y fallido Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano, además de la liberalización de la economía, sin mayores demoras, podrá sacar a Bolivia del abismo en el que se encuentra.
En definitiva, Bolivia se encuentra en una encrucijada histórica. La crisis económica actual no se resolverá con más deuda ni con parches temporales. La única salida es un cambio radical en el modelo económico y político, un retorno a un sistema que respete la vida, la libertad y la propiedad sin complejos ni remilgos. Solo así se podrá construir un futuro próspero y sostenible para el país. No hay más alternativas, mucho menos tiempo que perder.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera (España), el 21 de agosto de 2024.