Mientras Bolivia y el mundo parecen estar fascinados con la disputa por el poder entre el actual presidente Luis Arce Catacora y el jefe cocalero Evo Morales Ayma, la nación está al borde de un precipicio, y no es por esta batalla que puede ser más una cortina de humo que una lucha real. El país enfrenta una crisis que va mucho más allá de las acusaciones de narcotráfico, infidelidades y escándalos sexuales que dominan los titulares denigrantes para todo ciudadano de bien.
El verdadero problema es el colapso económico y la erosión de la institucionalidad democrática, aspectos que están siendo peligrosamente ignorados. El Movimiento al Socialismo (MAS), como partido, está arrastrando al país por esta aparente pugna interna, pero lo que realmente está en juego no solo son las elecciones judiciales de diciembre, sino, y sobre todo, las presidenciales de agosto de 2025, si acaso las dudas de que, además de todo, la maquinaria del fraude de 2019 no sigue intacta. La magnitud de estas amenazas va mucho más allá de la lucha entre Arce y Morales.
La situación económica en Bolivia es crítica: la inflación aumenta, la escasez se agrava y el descontento ciudadano crece. Sin embargo, el enfoque parece haberse desviado hacia una guerra política que distrae de los verdaderos problemas. Los combustibles siguen escaseando, la gente no puede recuperar sus ahorros en dólares en los bancos, los precios de productos básicos suben diariamente y la capacidad del Estado para mantener los subsidios o manejar la deuda pública permanece en duda. Pero, ¿qué hace el gobierno ante esta situación? Nada que realmente resuelva los problemas estructurales de fondo. En cambio, Arce y Morales continúan su espectáculo público de demostraciones de fuerza política y ataques personales de la más baja catadura, mientras la agonía del país se prolonga.
Institucionalidad democrática bajo asedio
Más preocupante que la crisis económica es el desmantelamiento de lo poco de la institucionalidad democrática del país. El reciente fallo de la Sala Constitucional de Pando, que de momento ha suspendido las elecciones judiciales previstas para diciembre, es un golpe directo a la poca institucionalidad que queda en pie. Y esto no es un evento aislado. Desde el monumental fraude electoral de 2019 hasta la huida de Morales a México y Argentina, Bolivia ha experimentado una degradación progresiva de sus instituciones.
La renuncia de Carlos Eduardo Gómez Rojas, vocal suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en septiembre de 2023, dejó al organismo en una posición extremadamente vulnerable. Solo quedan dos vocales suplentes, lo que compromete seriamente la capacidad del TSE para garantizar elecciones transparentes y justas. La presión política sobre este órgano, sumada a la división interna del MAS, pone en peligro no solo las elecciones judiciales de diciembre, sino las cruciales elecciones presidenciales de 2025.
La sombra de la crisis de 2019
Es imposible hablar de la situación actual sin recordar las elecciones fraudulentas de 2019, que marcaron el comienzo del fin del «proceso de cambio» liderado por Evo Morales. A pesar de las promesas de transparencia y reformas, los problemas persisten. Desde 2020, el TSE ha sido un campo de batalla de renuncias y destituciones, con vocales que abandonan sus cargos denunciando irregularidades y una constante injerencia política. Salvador Romero Ballivián, quien fue designado por el gobierno interino de Jeanine Áñez, renunció en abril de 2021. Poco después, Rosario Baptista y María Angélica Ruiz también abandonaron el tribunal, señalando las insostenibles presiones bajo las que trabajaban.
Estos hechos revelan una crisis institucional mucho más profunda de lo que la aparente lucha de egos entre Arce y Morales podría sugerir. La falta de vocales suplentes y el «asedio» al que se ve sometido el TSE, como lo calificó su actual vicepresidente Francisco Vargas, son síntomas de una democracia que se está desmoronando.
Elecciones 2025: ¿Una batalla perdida?
La presión sobre el TSE no es solo interna. La reciente solicitud del organismo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recibir garantías y protección frente a las crecientes amenazas y ataques políticos es una clara señal de que las elecciones generales de agosto de 2025 están en grave riesgo. El propio vocal Tahuichi Quispe, al referirse a estas elecciones como «la madre de las batallas políticas», subraya la importancia de este evento para el futuro de la nación. Si el MAS no logra solucionar su crisis interna y la presión sobre el TSE continúa, las próximas elecciones, si acaso las hubiera, podrían no solo ser una repetición de las de 2019, sino un punto de no retorno para la democracia boliviana.
El movimiento de Morales para consolidar su candidatura presidencial en el congreso de Lauca Ñ en octubre de 2023, a pesar de las advertencias del TSE, y la vigilia de 17 días organizada por sus seguidores en Cochabamba, son solo el preludio de lo que podría ser una crisis política aún más profunda. El MAS, que gobernó durante casi dos décadas, está peligrosamente fragmentado y su disputa interna podría llevar no solo a su caída, sino a un colapso institucional más amplio.
El fin del ciclo del MAS
Sin lugar a dudas, el ciclo del MAS está llegando a su fin, aunque eso no quiera decir que vaya a abandonar el Gobierno, ni pronto ni fácilmente. Tras casi 20 años en el poder, el partido está agotado política, programática y sobre todo moralmente. No obstante, la oposición tampoco ofrece una alternativa sólida. Los liderazgos personalistas y la falta de cohesión han debilitado a los movimientos opositores, que hasta ahora no han podido capitalizar la crisis del MAS para presentar un proyecto de país viable.
El gran desafío para la oposición será armar un proyecto político coherente y pragmático que ofrezca estabilidad y certidumbre a un país cansado de la polarización y la corrupción. Pero en un contexto donde las instituciones están siendo desmanteladas y la ciudadanía está cada vez más desconfiada, no bastará con oponerse al MAS. La oposición deberá ofrecer soluciones claras y tangibles para restaurar la democracia y la economía boliviana.
En definitiva, mientras el país sigue distraído por la lucha de poder entre Arce y Morales, Bolivia enfrenta una crisis económica e institucional de proporciones históricas. El colapso del TSE y la incertidumbre sobre las próximas elecciones judiciales y presidenciales son señales claras de que la democracia está en peligro. Si no se toman medidas urgentes para fortalecer las instituciones y restaurar la confianza de los ciudadanos, Bolivia corre el riesgo de caer en una espiral de caos político y económico del que será muy difícil salir, como ya sucede en Nicaragua o Venezuela, cuando no en la propia Cuba. La historia no juzgará las peleas internas del MAS, sino la destrucción de un país que, en medio de una tormenta, fue abandonado a su suerte.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera (España), el 16 de octubre de 2024.