Bolivia lleva ya 23 días inmersa en un conflicto de magnitud alarmante, con bloqueos en las principales rutas del país organizados principalmente por el sector cocalero del Chapare, encabezado por Evo Morales. Este conflicto, que parece comenzar con una disputa de poder en el partido de Gobierno, ha evolucionado hasta convertirse en un enfrentamiento de amplias ramificaciones económicas, sociales y políticas, afectando profundamente al país.
El conflicto en el MAS: poder, narcos y victimización
La pugna comenzó con una disputa interna en el Movimiento al Socialismo (MAS) sobre quién debe ser el candidato en las elecciones de agosto de 2025. Morales y el actual presidente Luis Arce han intercambiado acusaciones: «narco», «corrupto», entre otras, en una espiral de ataques que fue escalando hacia la violencia simbólica entre ambos y la física en un sinnúmero de oportunidades entre sus seguidores. Morales, añorando su etapa en el poder, ha estado buscando capitalizar el descontento por la crisis económica en el país, la escasez de dólares (que no es otra cosa que una extraordinaria devaluación de la moneda nacional), los problemas de suministro de combustibles y el incremento sostenido en los precios, vendiendo la idea de que «con él estábamos mejor». Arce, en respuesta, trajo al conflicto las acusaciones de pedofilia contra Morales que se retrotraen al año 2020, o incluso a 2016, lo cual llevó a la emisión de una orden de aprehensión que el líder cocalero desestimó intensificando las protestas y los bloqueos.
De esta forma, lo que comenzó como una protesta por liderazgo partidario se ha convertido en una crisis nacional, con Morales buscando apoyo internacional y adoptando el papel de víctima aduciendo un caso de «lawfare», mientras los cocaleros del Chapare avanzan en sus manifestaciones con bloqueos y hasta amenazas de levantamiento armado. La violencia escaló, llegando al punto de que los cocaleros seguidores de Morales tomaron tres bases militares en el Chapare y capturaron al menos 200 soldados y sus armas. La respuesta tardía de la policía solo agudizó el conflicto, que ya amenaza con salirse de control y genera un ambiente de total incertidumbre.
Mientras tanto, Arce, en un intento de recuperar el control, emitió una advertencia sobre la que en realidad se esperaba la decisión de imponer un estado de sitio en algunas zonas clave. Sin embargo, la determinación de Morales y sus seguidores parece inquebrantable, y Morales ha decidido iniciar una huelga de hambre mientras los bloqueos continúan organizados por el autodenominado «Estado Mayor del Pueblo», una agrupación de cocaleros que amenaza con una revuelta popular si Morales es detenido.
A estas alturas, la pregunta que surge es si este enfrentamiento es genuino o si se trata de una puesta en escena destinada a absorber toda la atención política y terminar de desarticular a la oposición de cara a las elecciones de 2025, dando la impresión de que no existe alternativa a Arce o Morales, pues desde el espectáculo circense que el ex Gral. Juan José Zúñiga para victimizar a Arce en junio, pasando por el hecho de que Morales no sea detenido tras acumular cada día nuevas acusaciones y denuncias, y el hecho de que los cocaleros hayan tomado regimientos militares armados tan solo con palos y hondas.
Crisis energética: el modelo fallido y su estrepitoso final
En medio de este caos político y sorprendente pasividad del conjunto de la ciudadanía, la crisis económica sigue su curso implacable, revelando las fisuras profundas del modelo implementado por Arce. Este esquema, sustentado en el estímulo a la demanda agregada interna, los ingresos de las exportaciones de gas y la extraordinaria expansión monetaria y crediticia, generó una ilusión de prosperidad de corto plazo que ahora se desvanece rápidamente. Hoy Bolivia enfrenta un colapso en la producción y abastecimiento de hidrocarburos, pasando de ser un exportador neto de combustibles a un importador dependiente. Las reservas de gas han disminuido drásticamente, y la producción es insuficiente para satisfacer la demanda interna, mucho menos para mantener los ingresos por exportaciones a Brasil y Argentina.
El desabastecimiento de combustibles en el país es alarmante. La Asociación de Surtidores (Asosur) ha informado que la provisión de combustible ha disminuido hasta un 70%, mientras que la estatal petrolera YPFB, sostiene que la reducción es, como si fuera poco, del 40%; situación que explica que se debe a los bloqueos. No obstante, culpar solo a los bloqueos es cuanto menos una descarada mentira, dado que esta crisis de abastecimiento ha sido un problema recurrente en los últimos 18 meses y se ha intensificado a niveles críticos conforme ha pasado el tiempo. La falta de combustibles afecta a todo el país, en especial a Santa Cruz, un departamento productor que, además, tiene acceso fácil a combustibles importados desde Argentina y Paraguay. Si el problema solo fuera atribuible a los bloqueos en el departamento de Cochabamba, sería esta la única región afectada, pero la crisis es generalizada, lo cual evidencia que las razones van mucho más allá de las manifestaciones.
El trasfondo de esta escasez es simple pero devastador: el Gobierno no tiene los recursos para pagar los envíos de combustible. En los puertos chilenos, varios barcos rusos cargados de combustibles esperan pagos de YPFB para poder descargar. Al menos cinco choferes de cisternas han fallecido mientras aguardaban en las carreteras, y más de mil cisternas bolivianas están retenidas en Chile, Perú y Argentina a la espera de cargar combustible y retornar al país.
El colapso del modelo y la urgencia de abrir el mercado
La inminencia de un colapso energético nacional no puede ser ignorada. YPFB y el Gobierno han sostenido artificialmente los precios de los combustibles mediante subsidios, lo que ha creado una dependencia insostenible en las finanzas públicas. Esta situación no solo limita el acceso a combustibles, sino que también amenaza con paralizar la economía en su totalidad.
En consecuencia, y aunque insista en lo contrario hasta las elecciones, es momento de que el Gobierno acepte de una vez por todas que no tiene capacidad alguna para mantener esta política de precios congelados y subsidios indefinidamente. La única salida viable es liberalizar el mercado, permitir la libre importación y comercialización de combustibles a precios internacionales. De esta manera, se evitaría un colapso aún mayor y se abriría una ventana para que el país transite hacia un modelo más sostenible, en el cual las fuerzas del mercado asuman el control primero del suministro energético. Esto permitiría, aunque sea de manera parcial, aliviar la crisis de combustibles y dar un respiro a la economía del país.
En definitiva, Bolivia atraviesa un momento crítico. La pugna política entre Morales y Arce está destruyendo lo poco que queda de estabilidad social y política, mientras el país se hunde en una crisis energética y económica sin precedentes. Si no se toman decisiones radicales y urgentes, la nación andina podría enfrentar un colapso que arrastre a toda su economía y agudice aún más la división y la agonía de su población.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera (España), el 6 de noviembre de 2024.