El 2024 será recordado como un año de tensiones extremas en Bolivia, marcado por un deterioro constante en lo político, económico, ambiental y social. A continuación repasamos los hechos más relevantes que han definido un período de crisis cada vez más difícil de encarar.
La opereta del supuesto golpe de Estado
El supuesto golpe atribuido al general Juan José Zúñiga en junio fue una maniobra que evidencia la estrategia del Gobierno de Luis Arce para desviar la atención de las crecientes crisis económica y energética que golpean al país. Este evento permitió al oficialismo posicionarse como víctima de una conspiración interna, mientras buscaba justificar el uso de la fuerza para implementar medidas impopulares y consolidar su control político. La narrativa del «golpe» no solo intentó ocultar la incapacidad del Gobierno para gestionar el colapso de sectores clave, sino que también sirvió para desviar el foco de las crecientes críticas nacionales e internacionales hacia su gestión.
Este tipo de maniobras refleja una estrategia común en regímenes debilitados: apelar al miedo y a la amenaza de desestabilización para movilizar a sus bases y desacreditar a la oposición. Sin embargo, lejos de fortalecer al gobierno, estas tácticas suelen erosionar aún más la confianza de la población, aumentar la polarización y alimentar la percepción de que el país se encuentra en un estado de crisis política e institucional permanente.
El mayor desastre ambiental de la historia
El incendio forestal más devastador en la historia de Bolivia no solo destruyó una extensión inédita de 14 millones de hectáreas de selvas y bosques en reservas naturales nacionales, sino que también expuso la incapacidad del Gobierno para responder adecuadamente a emergencias de esta magnitud. La negativa de declarar emergencia ambiental y la tardía e insuficiente ayuda por parte del Estado no solo agravaron la devastación ecológica, sino que también intensificaron el impacto económico y social en Santa Cruz, una región clave para la agricultura y la economía nacional.
La coincidencia con la peor sequía en tres décadas empeoró la crisis, afectando gravemente la producción agrícola y exacerbando la escasez de agua. Además, la falta de respuesta efectiva generó indignación ciudadana, evidenciando la desconexión del Gobierno con las necesidades urgentes de las regiones más afectadas. Este desastre dejó al país en un estado de vulnerabilidad extrema, tanto en términos ambientales como económicos, poniendo de manifiesto la urgencia de políticas más eficaces y responsables para gestionar el cambio climático y los desastres naturales.
Evo Morales, fugitivo
Evo Morales enfrentó un año particularmente crítico. En diciembre, un mandamiento de aprehensión por trata y tráfico de personas finalmente puso en jaque su futuro político luego de un extenso enfrentamiento con Arce por el l9derazgo del partido y las disputas por el poder político. Este caso, acompañado de investigaciones en Argentina, se sumó a su desvinculación como líder formal del MAS, marcando el inicio de su declive político.
Sin embargo, Morales mantuvo su capacidad de movilización, liderando bloqueos de las principales rutas del país durante un mes, que incluyeron la toma de al menos tres cuarteles militares en el Chapare, que es del dominio de producción de hoja de coca y narcotráfico. Desde hace al menos dos meses, no existe control policial ni militar en sectores clave de la provincia.
Elecciones judiciales sin legitimidad
Las elecciones judiciales de 2024 reflejaron el alto deterioro institucional del país, debido al avanzado nivel de cooptación del sistema judicial por parte del partido de Gobierno. Con altos niveles de votos nulos y blancos, estas elecciones dejaron en evidencia, por tercera vez consecutiva luego de 2011 y 2017, la desconfianza y el repudio de la ciudadanía hacia un sistema judicial cooptado por el oficialismo. No obstante, el factor agravante de estas elecciones viene con la posibilidad de que, ante una serie de irregularidades, fruto del cálculo político oficialista, podría poner en riesgo las elecciones generales de 2025, aumentando la incertidumbre política.
La extradición de Maximiliano Dávila y la inseguridad regional
Hace solamente un par de semanas atrás, El exjefe antidrogas Maximiliano Dávila fue extraditado a Estados Unidos, dejando al descubierto los profundos vínculos entre el narcotráfico y el poder político en Bolivia. Este caso subraya no solo el avance del crimen organizado, que opera con alarmante impunidad, sino también la infiltración del narcotráfico en las más altas esferas del poder. Como consecuencia, se ha erosionado de forma significativa la credibilidad de instituciones clave como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, MAS y los gobiernos tanto de Evo Morales como de Luis Arce Catacora.
Una de las mayores repercusiones de esta captura estatal por parte del narcotráfico ha sido el creciente aislamiento de Bolivia en la región y en el ámbito internacional. Este aislamiento se intensificó en 2024, cuando autoridades argentinas, incluida la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y figuras como la embajadora argentina en Costa Rica y el exvicepresidente Carlos Ruckauf, además de distintos periodistas chilenos, advirtieron sobre la presencia de miembros del grupo terrorista Hezbolá en territorio boliviano. Estas denuncias, que apuntan a una vulneración potencial de la seguridad en la Triple Frontera, conocida por los altos niveles de narcotráfico, en especial para Argentina, trajeron a la memoria los trágicos atentados contra la AMIA en 1994.
La incapacidad del Gobierno de Luis Arce para responder de manera contundente a estos señalamientos, sumada al desprestigio internacional que dejó la extradición de un alto funcionario antidrogas acusado de narcotráfico, ha consolidado la percepción de Bolivia como un terreno propicio para actividades ilícitas que trascienden al narcotráfico, proyectando al país como un espacio de inseguridad y descontrol que alimenta la desconfianza y el aislamiento regional.
El agravamiento de la crisis económica
El Gobierno de Arce intensificó su política de intervención económica en 2024, implementando prohibiciones de exportaciones, controles de precios cada vez más agresivos hasta la militarización de gasolineras. Esto, sumado a la peor sequía en tres décadas, generó una crisis de escasez tanto de alimentos como de combustibles, que está siendo sostenida con alfileres luego de que el Gobierno de Arce recurrió al gobierno de Vladimir Putin en Rusia, que ha provisto al país de diésel, gasolina y petróleo liviano bajo condiciones que Bolivia no conoce todavía.
La economía boliviana continuó su declive, cerrando el año con un crecimiento proyectado de apenas 1,7% según la CEPAL, muy por debajo de la meta oficial del 3,71%. Bolivia tuvo el segundo peor desempeño de Sudamérica, solo superado por Ecuador (0,8%). El riesgo país, que osciló entre 1.800 y 2.300 puntos, el nivel más elevado de toda América Latina solamente por debajo del de Venezuela, cerró nuevamente por encima de los 2.000 puntos, reflejando la falta de confianza en la capacidad del país para superar su crisis, debido a una serie de indicadores que así lo reflejan, como un déficit fiscal acumulado que supera el 11% del PIB y ahora uno de los más elevados niveles de inflación solamente por detrás de Venezuela y todavía de Argentina.
La combinación de sequía, controles de precios y políticas restrictivas llevó al sector agropecuario a uno de sus peores años. La producción agrícola, especialmente de granos y carne, se desplomó, aumentando la dependencia del país de importaciones y agravando la inseguridad alimentaria.
Incipiente perfilamiento de candidatos para 2025
A medida que se acercan las elecciones generales de 2025, el panorama político de Bolivia sigue decepcionando. La oposición, lejos de capitalizar la creciente desaprobación hacia el Gobierno de Luis Arce, permanece fragmentada y atrapada en luchas internas, lo que refuerza la posibilidad de un escenario favorable para el MAS, a pesar de su impopularidad y del continuo deterioro institucional que promueve. Los candidatos tradicionales no solo carecen de unidad, sino que también han demostrado una alarmante falta de creatividad e integridad, al insistir en fórmulas políticas obsoletas que no responden a la realidad actual del país.
La negativa de la oposición a adoptar ideas audaces o reformas profundas, incluso frente al extraordinario éxito de Javier Milei en Argentina, subraya su falta de visión. Milei, contra todo pronóstico, ha logrado implementar medidas económicas que rescataron a su país del borde de la hiperinflación, ofreciendo una hoja de ruta que combina pragmatismo y principios sólidos. Sin embargo, la oposición boliviana parece incapaz de romper con los paradigmas tradicionales, prefiriendo la comodidad de la mediocridad a enfrentar con valentía los problemas estructurales del país. Esto no solo evidencia una carencia de liderazgo genuino, sino también una profunda desconexión con el anhelo de cambio que exige la ciudadanía.
Un régimen cada vez más desesperado y autoritario
Las medidas económicas del Gobierno, combinadas con la represión a la disidencia y la manipulación del aparato judicial, reflejan un giro cada vez más desesperado y autoritario. La falta de transparencia en las elecciones judiciales y el uso de las fuerzas de seguridad para contener protestas y medidas económicas impopulares han alimentado el descontento social.
En definitiva, Bolivia enfrenta una de las crisis más profundas de su historia reciente, donde los problemas políticos, económicos, sociales y ambientales convergen en un escenario de inestabilidad que llevan a Arce Catacora a tener una de las peores calificaciones de gestión gubernamental de toda América Latina. Sin un liderazgo opositor claro ni políticas coherentes y ambiciosas, el 2025 se perfila como un año decisivo para el futuro del país.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera (España), el 24 de diciembre de 2024.