El domingo 15 de diciembre, la ciudadanía boliviana acudió nuevamente a las urnas para renovar a los miembros de las altas cortes de justicia. Sin embargo, estas elecciones estuvieron marcadas, una vez más, por la desconfianza ciudadana hacia los candidatos y las instituciones. En varios departamentos del país, como Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, la participación fue mínima, reflejando el agotamiento de un sistema que nunca generó legitimidad.
Se trata del tercer intento de elegir por voto popular a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. Los antecedentes no son alentadores: en 2011, más del 60% de los votos fueron nulos o en blanco; en 2017, esta cifra superó el 65%. Aunque todavía resta conocer la proporción de los votos protesta que escribieron consignas, insultos, garabatos y demás en las papeletas de estas elecciones, que debieron ser convocadas hace por lo menos un año, todo apunta a que los resultados de esta tercera elección no serán diferentes, configurando otro fiasco impulsado por el Movimiento al Socialismo (MAS) mediante su maquinaria de fraude y abuso de poder.
Como bien señala Arturo Yáñez Cortés, estas elecciones confirman el fracaso del sistema de elección popular para altos cargos judiciales, pues este modelo prioriza la popularidad sobre la idoneidad técnica, generando autoridades ilegítimas incapaces de garantizar justicia e inclinadas a intereses políticos. A esto se suma la ineficiencia del Órgano Electoral, que, lejos de garantizar transparencia, ha profundizado la incertidumbre en un contexto de crisis institucional y económica que se agrava al menos desde principios de 2023.
La relación entre leyes y economía: la magnitud del problema
Pero vamos más lejos, porque el problema de fondo trasciende lo electoral. Como bien explica Enrique Ghersi, abogado, constitucionalista, jurista y político peruano, la desconexión histórica entre el derecho y la economía ha generado un sistema normativo que, lejos de facilitar el desarrollo, se convierte en un obstáculo. Mientras los economistas suelen asumir que el derecho es inmutable, los abogados ignoran los costos asociados a la creación y cumplimiento de las leyes, cuando lo cierto es que cada norma implica un costo significativo, tanto en su elaboración como en su posterior implementación, algo de lo que el país no puede seguir dándose el lujo de asumir en un contexto crítico.
Peor aún, las leyes en Bolivia se han convertido en mandatos coactivos específicos, diseñados no para garantizar justicia, sino para someter al adversario político y acumular poder. A diferencia de las normas abstractas y generales que aplican por igual a todos los ciudadanos, los mandatos son concretos y benefician a grupos específicos, como empresarios prebendarios, sindicatos y otros intereses que buscan privilegios a expensas del resto de la sociedad: mercantilismo puro y duro.
Esto ha sido el Estado Plurinacional desde que fue impuesto por medio de su nueva Constitución en 2009, que además constituye un documento nulo de pleno derecho, puesto que viola las normas legales que regían su aprobación, carece de legitimidad democrática debido al fraude y la imposición, es contraria a los principios fundamentales de un Estado democrático de derecho, como la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la protección de los derechos individuales.
Las consecuencias económicas de los mandatos coactivos
Por ejemplo, para dar cuenta de las consecuencias de contar con un sistema judicial ceñido a la Constitución del Estado Plurinacional, este sistema perpetúa la informalidad. Mientras algunos recurren a ella para protegerse de un Estado hostil, otros la aprovechan gracias a privilegios concedidos por el propio sistema. Es decir, cuantos más recursos de la ciudadanía ha sustraído y destinado el MAS a imponer el sistema de mandatos coactivos del Estado Plurinacional, mayor informalidad ha habido en el país.
Una ilustración muy sencilla para esta afirmación es la imposición del régimen tributario y la burocracia estatal bajo el gobierno del MAS. A medida que el Estado Plurinacional ha crecido desproporcionadamente, aumentando la presión fiscal y regulatoria sobre los ciudadanos y pequeños empresarios, más recursos se han destinado a sostener una estructura estatal ineficiente y coactiva, perversa.
De manera más específica, en el sector formal de la economía, los pequeños comerciantes y empresarios enfrentan altas cargas impositivas, requisitos burocráticos complejos y fiscalización excesiva. Esto ha llevado a que muchos de ellos, incapaces de cumplir con las exigencias del sistema, opten por migrar hacia la informalidad para evitar costos elevados y sanciones arbitrarias. Al mismo tiempo, los recursos recaudados por el Gobierno se destinan a mantener un aparato burocrático innecesario y programas clientelistas, en lugar de generar un entorno favorable para la inversión y el emprendimiento.
Entonces, el resultado es un círculo vicioso infinito: cuanto más el MAS expande el Estado y sus mandatos coactivos, más incentivos tienen los ciudadanos para hacerse invisibles y operar fuera del sistema formal, lo que se refleja en el crecimiento del comercio informal en ciudades como El Alto y La Paz, donde la economía sumergida representa más de un 80%, una de las tasas más elevadas del mundo.
La necesidad de un cambio estructural ambicioso
En definitiva, Bolivia atraviesa una ausencia absoluta del Estado de Derecho, producto de proyecto de acumulación de poder del MAS, que ha sustituido el sistema de leyes —donde los individuos pueden perseguir libremente sus propios fines— por un modelo de mandatos coactivos que impone los intereses del poder político sobre la ciudadanía. Este proceso ha desdibujado el orden jurídico establecido en la Constitución de 1967 y sus reformas de 1994, las cuales establecían un marco institucional basado en la separación de poderes y la igualdad ante la ley.
Con esto en cuenta, es urgente que el conjunto de la ciudadanía no solamente exija a sus políticos transparencia en el sistema de votación de cara a las elecciones generales de agosto de 2025, sino además construya el objetivo de desmontar el Estado Plurinacional y su fraudulenta Constitución de 2009, no solo como un experimento jurídicamente aberrante, sino también como un proyecto político diseñado para acumular poder y erosionar las bases institucionales y de libertad en el país.
La abolición de este sistema debe ser el primer paso hacia la recuperación de un modelo que priorice la independencia y calidad en la administración de justicia, restableciendo el auténtico Estado de Derecho que Bolivia necesita para garantizar el equilibrio entre los poderes del Estado y devolver la libertad y seguridad jurídica a sus ciudadanos.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera (España), el 18 de diciembre de 2024.