Cautela en Colombia después del 21 de junio

He venido desarrollando una herramienta propia de medición de conflictividad asimétrica y debilidad institucional pensada específicamente para mercados emergentes, con la que trato de establecer niveles de peligro objetivos sobre los que resulta importante considerar con suficiente rigor analítico. No se trata de un ejercicio de pronóstico político al uso, sino de un esfuerzo por cuantificar señales que de otro modo quedan dispersas entre la opinión y la coyuntura, para poder alertar sobre lo que está ocurriendo de la manera más objetiva posible. Aplicado al caso colombiano en las últimas semanas, ese ejercicio arroja una conclusión que conviene compartir antes de que el país celebre o lamente el resultado del domingo.

Una advertencia necesaria antes de la euforia

Si las encuestas no fallan y Abelardo de la Espriella se convierte el domingo en el próximo presidente de Colombia, habrá motivos legítimos para el optimismo. El programa que ya fue bautizado como Abelardonomics —diecisiete puntos que van desde la reactivación de la exploración petrolera y el fracking hasta la eliminación del impuesto al patrimonio, pasando por una reforma de gobierno corporativo en Ecopetrol que sacaría a Ricardo Roa el 8 de agosto— es, en mi lectura, el programa de ajuste más ambicioso y coherente que un candidato colombiano ha presentado en una generación. Que la sola expectativa de su llegada haya provocado una caída de 200 puntos básicos en los Títulos de Tesorería (TES), un ahorro proyectado de 16 billones de pesos en intereses de deuda, y que el COLCAP registrara la mejor sesión bursátil del mundo el día después de la primera vuelta, no es casualidad ni efervescencia pasajera. Es el mercado leyendo correctamente que hay, por fin, una hoja de ruta seria.

Pero el FRACTAL Index, que hemos venido calibrando semana a semana en los últimos tres meses, y más aún desde el 9 de junio, obliga a realizar una lectura que llama a la cautela. Como veremos más adelante, el score actual de Colombia —6.10 sobre 10, a apenas 0.20 puntos del umbral crítico de 6.30— no describe un país que resuelve sus problemas el domingo por la noche. Describe un país que entra a la fase más peligrosa de su transición reciente, independientemente de quién gane.

Lo que el índice nos está diciendo

La variable del índice que más ha escalado en estas dos semanas no es la de violencia armada ni la de capacidad institucional, sino la que nosotros llamamos golpe posmoderno, y que alcanzó esta semana su máximo histórico en la serie colombiana: 9 sobre 10. No es una variable abstracta. Es la medición concreta de una secuencia de hechos verificables: un presidente en ejercicio que se niega a aceptar resultados electorales antes de que ocurran, que invoca explícitamente al M-19 como precedente de respuesta legítima ante fraudes no probados, y al que un tribunal le ordena rectificar y desobedece sin consecuencias. Gustavo Petro no necesita perder limpiamente las elecciones para hacer daño. Ya lo está haciendo desde antes del domingo.

Esto no es un fenómeno exclusivamente colombiano. Es el mismo patrón que el FRACTAL ha documentado en Bolivia con el evismo, en Argentina con el kirchnerismo, en Perú con Castillo y tras su vacancia. La izquierda latinoamericana del siglo XXI aprendió que la insurgencia armada es costosa y derrotable —Fujimori capturó a Abimael Guzmán sin concesiones en 1992 y derrotó al MRTA en 1997— pero que la guerra narrativa, el lawfare y la captura institucional son baratos, lentos, y casi imposibles de combatir con los instrumentos tradicionales del Estado. Petro es, en ese sentido, el alumno más aplicado de esa escuela en toda la región.

No confundir cambio de gobierno con cambio de estructura

Aquí es donde quiero ser más preciso que la euforia post-electoral permitirá. Hay una variable del FRACTAL —la que mide apoyo externo al irregular, es decir, la capacidad operativa real de los actores armados— que no baja simplemente porque cambie el ocupante de la Casa de Nariño. Y la evidencia que hemos venido acumulando esta semana explica por qué.

El boom cocalero colombiano de la última década no es opinión ni especulación periodística: está documentado año tras año por la propia UNODC. En 2023, el cultivo de coca alcanzó 253.000 hectáreas —un 10% más que en 2022— y la producción potencial de cocaína pura llegó a 2.664 toneladas, un salto del 53% interanual. Es el décimo año consecutivo de aumento. Para 2024, esa cifra superó ya las 3.001 toneladas, la más alta jamás registrada. Colombia no solo sigue siendo el mayor productor mundial: lo es por un margen que se ensancha cada año.

Las causas de ese boom están igualmente bien identificadas. El fin de las aspersiones aéreas con glifosato en 2015 retiró la herramienta de erradicación más efectiva que tenía el Estado. El acuerdo de paz de 2016 con las FARC, lejos de resolver el problema, lo descentralizó. Al retirarse la guerrilla del control territorial sobre los cultivos, el propio programa de sustitución de cultivos terminó incentivando perversamente a miles de campesinos a sembrar más coca para calificar a los subsidios. Y sobre ese terreno fértil, una nueva generación de grupos armados —disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otros— se profesionalizó con una eficiencia inédita con mejor tecnología agronómica, en ocasiones con apoyo de expertos mexicanos, y una diversificación de rutas que hoy llega con fuerza creciente a Europa y Asia, impulsada por una demanda global en expansión. El Financial Times documentó esta semana exactamente este fenómeno, señalando cómo esa nueva generación de bandas armadas más profesionales ha llevado la producción a múltiplos de lo que era hace una década, con efectos directos sobre la violencia, el crimen organizado y sectores productivos como el petrolero.

El resultado es la ironía que define la era Petro en materia de seguridad. Mientras predicaba la “Paz Total”, el número de combatientes de estructuras armadas ilegales pasó de aproximadamente 7.750 a finales de 2018 a casi 22.000 hacia julio de 2025 —un incremento del 45% solo desde que él llegó al poder. El atentado de Cajibío del 25 de abril —veinte muertos, treinta y seis heridos, veintiséis acciones coordinadas en 48 horas atribuidas a la columna Jaime Martínez de las disidencias FARC— no es un episodio aislado de campaña electoral. Es la manifestación visible de una infraestructura armada, agronómica y narco-territorial que tiene vida propia, presupuesto propio y lógica propia, y que le sobrevivirá a cualquier resultado en las urnas. Esa es exactamente la misma lección que el FRACTAL Index nos ha enseñado con el Chapare boliviano: el actor institucional puede cambiar, el gobierno puede rotar, pero la infraestructura ilícita que financia y sostiene la conflictividad estructural no se desmonta por decreto ni por cambio de gabinete. De la Espriella puede ganar el domingo. El boom cocalero colombiano, lamentablemente, no va a desaparecer el lunes.

Lo que sí puede mejorar, y lo que no

Conviene ser justos con la metodología y no caer en el pesimismo fácil. Si De la Espriella gana y la transición es ordenada, hay variables del FRACTAL que deberían mejorar con relativa rapidez. La legitimidad del gobierno, hoy lastrada por el interregno y la sombra de fraude sembrada por Gustavo Petro, puede normalizarse en cuanto haya una toma de posesión reconocida internacionalmente —ya tiene el respaldo adelantado de Trump, Milei y Noboa. El apoyo externo al gobierno, hoy moderado, debería dispararse si se confirma el acercamiento a Washington que ya insinuó el propio De la Espriella al evaluar ayuda estadounidense para refinanciar deuda pública. Y la unidad de esfuerzo institucional debería fortalecerse si, como promete Abelardonomics, se restaura una relación normal entre el Ejecutivo y el Banco de la República, algo que el propio mercado ya está pagando por adelantado.

Pero ninguna de esas mejoras toca la variable que de verdad define el riesgo estructural de largo plazo en Colombia. La capacidad armada y narco-territorial que el vacío de 2016 permitió escalar y que Petro, paradójicamente, agravó mientras predicaba la paz total. Esa variable no responde a discursos de toma de posesión, sino a operativos militares sostenidos, a recuperación efectiva de territorio, y a una política antinarcóticos que vaya más allá de la retórica —algo que, hay que decirlo con honestidad, ningún gobierno colombiano ha logrado de manera duradera en cuatro décadas.

La comparación que importa

Quiero cerrar con la comparación que de verdad debería preocuparnos. Si Cepeda hubiera ganado —y todavía no podemos descartar que Petro intente desconocer el resultado del domingo si pierde, dada la munición narrativa que ya ha sembrado— el escenario habría sido sustancialmente peor. No porque la infraestructura narco-territorial cambiara de magnitud, sino porque las dos variables que sí responden con rapidez a quién gobierna —legitimidad y golpe posmoderno— se habrían disparado en la dirección opuesta, con un Petro saliente convertido en poder fáctico permanente detrás de un sucesor ideológicamente afín. Esa es, en esencia, la diferencia entre Goni en Bolivia 2003 y lo que hoy enfrenta Rodrigo Paz: la diferencia entre un colapso institucional abierto y una presión narrativa sostenida desde dentro del propio aparato del Estado.

Colombia bajo De la Espriella enfrentará tiempos difíciles. La herencia fiscal, la infraestructura armada heredada, y un Petro que con toda probabilidad no se quedará callado tras dejar el poder garantizan que el FRACTAL Score no caiga a zona de tranquilidad de la noche a la mañana. Pero la alternativa —Colombia bajo el petrismo continuado, con la variable de golpe posmoderno ya en su máximo histórico antes incluso de gobernar de nuevo— habría sido sustancialmente más grave, y posiblemente irreversible en el plazo de una sola administración. Esa es la distinción que el índice nos permite hacer con rigor, y es la que vale la pena tener clara antes de que llegue el domingo.