Por qué el sector privado en América Latina debe invertir más en inteligencia de riesgo
En los mercados emergentes de América Latina es cada vez más común observar un fenómeno que revela con crudeza la debilidad institucional: el sector privado destina una cantidad de recursos cada vez mayor a seguridad privada, vigilancia, seguros, análisis de riesgo y research estratégico, etc. pero falta mucho más.
Según datos del BID y otros estudios (incluyendo reportes de JPMorgan), el gasto privado en seguridad/mitigación de crimen representa en promedio regional entre 0.44% y 1.6% del PIB según determinados países representativos. El costo total del crimen y la violencia ronda el 3.5% del PIB, con una parte importante absorbida por seguridad privada (empresas y hogares). Países como México y Brasil tienen cifras particularmente altas en gasto privado. En Colombia el sector de vigilancia y seguridad privada representa alrededor del 1.6% del PIB, y en Guatemala históricamente también se sitúa cerca del 1% del PIB.
En países como Colombia, Perú y Argentina la inversión privada en seguridad ya es sustancial. En Bolivia, sin embargo, sigue siendo demasiado baja a pesar de su alta vulnerabilidad estructural. El reciente episodio de 54 días de cerco a La Paz y bloqueos de carreteras nacionales es ilustrativo. La ciudadanía y las empresas exigían desesperadamente el establecimiento del Estado de Excepción, mientras el gobierno optaba por una estrategia de desgaste. Al final, todo se disolvió por agotamiento, dejando como saldo alrededor de 22 fallecidos, pérdidas económicas sustanciales, interrupciones en cadenas de suministro y una clara demostración de que el monopolio estatal de la violencia es cada vez más nominal en amplias zonas del país.
Esta realidad no es casual. Cuando el Estado falla en su atribución exclusiva de garantizar seguridad y defensa, el sector privado termina asumiendo costos que, en teoría, no le corresponden. El problema es que muchas empresas aún actúan de forma reactiva en lugar de anticipatoria.
Aquí es donde entra en escena el FRACTAL Index.
El FRACTAL Index no pretende en absoluto sustituir al Estado. Su valor radica en proporcionar inteligencia estratégica independiente sobre conflictividad asimétrica, erosión de legitimidad, control de violencia, apoyo externo a irregulares, zonas grises de gobernanza territorial paralela, etc.
Por ejemplo, con el FRACTAL Index, una empresa en Bolivia hubiera podido monitorear semana a semana la escalada de tensión previa a los bloqueos, reconocer el vacío estatal, identificar el pico de riesgo y activar protocolos de contingencia. No para evitar lo inevitable, sino para prepararse y mitigar daños.
Para peor, los bloqueos no fueron un evento aislado en Bolivia. Es muy probable que los conflictos vuelvan eventualmente con el mismo objetivo de derrocar al gobierno, y será una amenaza con réplicas por toda la región. Las tensiones políticas, la economía del narcotráfico, los sindicatos capturados y las debilidades institucionales crónicas hacen que este tipo de disrupciones sean recurrentes en la región.
El sector privado que entienda esto invertirá no solo en guardias y alarmas, sino en capacidad de anticipación. En mercados donde la institucionalidad es demasiado frágil, la inteligencia de riesgo como la del FRACTAL Index deja de ser un lujo y se convierte en una herramienta de supervivencia y competitividad.
El monopolio legítimo de la fuerza sigue siendo atribución del Estado, y mientras este no lo ejerza con efectividad, los privados están obligados a actuar con mayor inteligencia. El FRACTAL Index es una de las formas más modernas de hacerlo.
El que entienda esto primero, será el alumno aventajado.
