Mi propuesta de dolarización para Bolivia no requiere de reforma constitucional
Acabo de enterarme de que Steve Hanke ha sido nombrado asesor especial de la Asamblea Nacional de Venezuela en asuntos económicos, monetarios y energéticos. Trabaja con el diputado Antonio Ecarri en un proyecto de dolarización total, o sea, eliminar el bolívar, sustituirlo por el dólar y cerrar el Banco Central. Alas y buen viento. Es la vía correcta para un país que lleva más de una década en hiperinflación.
Pero no es la única, ni necesariamente la más viable en todos los contextos. En Bolivia la situación es distinta, y mi propuesta también lo es. No se trata de una dolarización plena al estilo Hanke. Es una dolarización paralela con emisión cero. El boliviano sigue circulando. El dólar coexiste libremente con los billetes que ya están debajo de los colchones de la gente. El Banco Central de Bolivia no puede emitir un solo boliviano adicional. Ni el gobierno ni el BCB pueden manipular las tasas de interés crediticio en moneda nacional.
Esa es la diferencia central. Y es la que hace que mi propuesta no requiera reforma constitucional.
La Constitución Política del Estado de 2009 establece, en los artículos 326 a 329, la existencia del Banco Central, sus atribuciones de determinar y ejecutar la política monetaria, autorizar la emisión de la moneda y mantener la estabilidad del poder adquisitivo. También señala que las transacciones públicas se realizarán en moneda nacional. Ninguno de esos artículos prohíbe que, por ley ordinaria, se congele de manera permanente la emisión de nuevos bolivianos ni que se quite al BCB y al Ejecutivo la facultad de fijar o manipular tasas de interés. La restricción de emisión y de tasas no elimina la institución ni la moneda; solo les quita las herramientas con las que han destruido el valor del boliviano durante años.
En Venezuela, el artículo 318 de la Constitución de 1999 declara expresamente que la unidad monetaria es el bolívar y que el Banco Central ejerce de forma exclusiva e intransferible las competencias monetarias. Sustituir el bolívar y cerrar el BCV exige, por tanto, una enmienda o reforma constitucional, con referendo incluido. Hanke puede redactar un proyecto de ley, pero el marco constitucional venezolano no le permite eludir ese trámite. En Bolivia, al no tocar la existencia formal del boliviano ni del BCB, bastaría con una modificación a la Ley del Banco Central (Ley 1670) o, en el extremo, con un programa monetario blindado y una norma de rango legal que prohíba de manera explícita cualquier emisión adicional y cualquier intervención en tasas.
Esa es la ventaja operativa. La medida puede implementarse con velocidad. No necesita dos tercios de la Asamblea ni un referendo. No abre el flanco de la “pérdida de soberanía monetaria” que tanto gusta a los nacionalistas de siempre. El boliviano no desaparece; simplemente deja de poder ser fabricado. El dólar que ya existe en manos de la ciudadanía gana espacio de forma natural. Y al impedir la manipulación de tasas en bolivianos se elimina el principal mecanismo artificial que activa la ley de Gresham: el crédito barato en moneda local que hace que la gente gaste bolivianos y atesore dólares.
Y por cierto, mi propuesta no es un currency board al uso como durante la convertibilidad en Argentina. En el gobierno de Menem el peso seguía siendo la única moneda de curso legal, respaldado uno a uno por reservas oficiales, y el dólar no circulaba libremente. En cambio, en Bolivia no habría tal paridad fija ni convertibilidad obligatoria. Solo hay una base monetaria de bolivianos congelada en su nivel actual —incluso inferior a M1— y la coexistencia libre con los dólares que ya están en la economía real.
Entonces, la propuesta de Hanke es más limpia, más radical y, en términos de ancla de expectativas, más potente. La mía es más realista para el momento boliviano, pues evita el alboroto constitucional, reduce la resistencia política y ataca de raíz la capacidad del Estado de seguir financiándose con la máquina de imprimir. Mientras el Banco Central siga siendo caja fiscal, cualquier otra reforma será cosmética. Congelar la emisión y neutralizar las tasas es el primer paso que se puede dar sin tener que convocar a una Asamblea Constituyente.
En definitiva, la pregunta ya no es si dolarizar o no, sino cómo hacerlo de la forma más rápida y menos costosa en capital político. Mi propuesta está sobre la mesa.
