Si algún escepticismo provocó la firma del Tratado de Maastricht que creaba la Unión Europea, fue la de que hubiera control sobre la cantidad de dinero en circulación, pero no sobre la capacidad de endeudamiento y gasto de los gobiernos con una misma moneda.
Para los países fiscalmente disciplinados como Alemania u Holanda, resultaba poco atractivo el compartir la misma moneda con países de conocida voracidad fiscal como Grecia, España, Portugal o Irlanda. La unión monetaria, sin embargo, siguió su camino hasta que estos países tuvieran déficits tan extravagantes que hoy resultan una amenaza para la estabilidad o la misma existencia del euro.
Para salir de esta encrucijada, se ha planteado una serie de iniciativas sobre las que han girado los debates académicos y las reuniones de mandatarios europeos, como la creación de un Fondo Monetario Europeo (FME) a imagen y semejanza del Fondo Monetario Internacional (FMI), el rescate “solidario” de los estados miembro más débiles por parte de los más fuertes, la intervención del FMI, e incluso la expulsión de los estados que violaron los acuerdos fiscales, etc. Sin embargo, con el diagnóstico equivocado de la crisis, todo esto no significa más que rústicas intervenciones políticas con cargo al contribuyente, o si se prefiere, transferencias del fruto del trabajo ajeno para alimentar a gobernantes irresponsables…
Cuando el G-20 se reunió para tratar la crisis desatada en EE.UU., el organismo determinó en forma desfachatada que ésta había sido causada por los excesos del sector privado, olvidando totalmente la responsabilidad del sector público (algunos llegaron tan lejos como el presidente Sarkozy, que incluso lanzaron alegatos en contra de los excesos del capitalismo, diciendo que existía la necesidad de moralizarlo).
Al igual que en la década de los años treinta, la recomendación de la doctrina keynesiana para los gobiernos ante los problemas de deflación y desempleo, ha seguido siendo el aumento del gasto mediante la emisión de deuda, es decir, que el Estado tenga la capacidad de comprar los títulos de deuda pública (dar dinero a cambio de ellos) para aportar más dinero al mercado. En este caso, el Banco Central Europeo (BCE) ha adquirido enormes e insostenibles pasivos, pero no en el sector el hipotecario como sucedió en EE.UU., donde forzosamente se prestó dinero a familias sin garantías, sino en deudas y obligaciones contraídas por países sin garantías, y que sostienen una política de gasto y endeudamiento por sobre sus capacidades.
En la práctica, todo ello supone desplazar o sustituir la iniciativa privada por la iniciativa pública debido a que que el Estado, al competir con la empresa privada para conseguir medios de financiamiento, provoca la subida de los tipos de interés y, por tanto, la disminución de la inversión privada.
Ahora bien, la UE ha salido finalmente al rescate de Grecia, luego de un largo duelo de dos meses y a pesar de que la zona del euro se apoyaba en los principios de su fundación de no rescatar a aquellos miembros indisciplinados. Como la economía más grande de la Unión Europea, Alemania exigió en varias oportunidades, con el apoyo de Holanda y Austria, que Grecia pague precios de mercado por cualquier préstamo de rescate, es decir, que no se la privilegie con tasas inferiores concedidas por el BCE.
Es de esperar que ahora este exceso de liquidez se traduzca en inflación, y que una nueva y más grande burbuja crediticia haya empezado a crecer por cubrir deuda con más deuda, pero lo que aún no se ha advertido es lo que podría suceder con otros países igualmente o más endeudados en la zona euro. ¿Serán rescatados también? ¿Provocarán mayor inflación y nuevas burbujas crediticias?
Toda intervención gubernamental en la economía se basa en la creencia de que las leyes económicas no operan, que los principios de causa y efecto pueden ser suspendidos, que todo en la existencia es manipulable, excepto el capricho de los burócratas quienes no permiten que la economía y el sentido común se interpongan en su camino.
Si la zona del euro fuese una economía libre, solamente el empresario y su entorno sufrirían las consecuencias de un error de juicio económico; pero como se trata de una economía controlada, la Unión entera sufrirá las consecuencias de un mal juicio económico que cometa cualquier planificador central.
Publicado en Los Tiempos.