Bolivia vuelve a ilustrar muy bien el problema de la estructura económica implementada durante la última década en la región: mientras el Gobierno Central se prepara para separar los precios del gas de los del crudo, los Gobiernos Autónomos Departamentales se preparan para el incremento de impuestos para compensar los ingresos por caída petrolera.
Nuevamente, y de manera insistente, advertimos ya desde diciembre de 2013, cuando de nuevo se discutía el pacto fiscal, y cuando Rubén Costas buscaba hacerse de la Presidencia, que existía esta posibilidad de que la administración pública se resistiera a reducir su hipertrofiada estructura burocrática en favor de la capacidad de generación de valor y riqueza del empresario privado, y de que la confrontación ya no se daría entre las gobernaciones y el Gobierno Central, si de ambas contra el ciudadano mediante el incremento de impuestos.
Al igual que entonces, el problema no está en la falta de ingresos, sino en el exceso de gasto de toda la administración pública en todos sus niveles. Al mismo tiempo, y sobre todo para las autonomías, el desafío está en la reducción del aparato público, a la vez que de sus atribuciones y competencias sobre la economía; deberán pues establecer una fiscalidad amigable para la inversión fundamentalmente privada e internacional.
Al Gobierno Central se le hace relativamente más fácil porque siempre puede recurrir a la inflación para autofinanciarse silenciosamente. Pero ya no es momento de seguir discutiéndolo, el punto es que estamos cada vez más cerca de aquella realidad que advertimos.
Pues bien, tanto el Banco Mundial como el FMI coinciden en sus proyecciones de un 3.5% de crecimiento del PIB de Bolivia en 2016. Esto es menos del 5.01% que Hacienda está proyectando, y ciertamente mucho menos del pico del 6.5% de 2013. Esto podría significar entonces que el incremento de impuestos que pretenden tendría que ser mayor al que podrían estar calculando. ¿Y si aun así la compensación de ingresos no es suficiente?
No olvide que al menos desde diciembre de 2014 se anuncia que el “colchón financiero” de $40.000 millones con el que contaría Bolivia está compuesto por $15 mil millones de Reservas Internacionales Netas, $10 mil millones de aportes de jubilación de los trabajadores y $15 mil en depósitos del público en el sistema financiero. ¿Llegaremos al punto en que cuando el financiamiento sea insuficiente se termine confiscando depósitos como en la misma Unión Europea en 2013?