Todos sabemos lo complicado que es quedarse sin empleo, sobre todo cuando tuvo uno seguro durante los últimos diez años. Las marchas y concentraciones cívicas del pasado martes 21 de febrero en Bolivia manifiestan contra quienes se resisten deseseperadamente a perder un empleo para el que simplemente no son aptos, mucho menos frente a la necesidad de un ajuste económico generalizado muy agresivo, una crisis económica sin necesidad de haber entrado en recesión.
Amalia Pando acaba de conversar con Dionisio Aguilar en su programa de radio Cabildeo, en una entrevista que podría terminar por convertirse en emblemática al tratarse de una víctima más del Estado, y de Hacienda en particular en la resistencia que el aparato público tiene a ajustarse cuando sus ingresos han caído de manera más que considerable desde hace ya tres años.
A Dionisio, un emprendedor cuentapropista que no se aferra a su cargo burocrático, le embargaron su casa el año pasado por una deuda con el Estado de hace 17 años porque, a interpretación de Arce Catacora, desde la promulgación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz las deudas con el Estado serían imprescriptibles. Este es un caso cada vez más común. Dionisio abrió una tienda de pinturas en 1999 y la cerró diez años más tarde, y en 2016 debería al Estado una factura de Bs. 150.000, una cifra muy superior al mismo negocio de Bs. 14.000 que tenía en 2004. Puede que Dionisio haya cometido la falta de no cerrar su empresa debidamente, pero el tema de fondo es otro.
Desde luego que Pando hace muy bien en arremeter con toda razón contra Arce Catacora, no sólo porque el Estado perdió con Aguilar en los cinco años posteriores que tuvo como plazo para encargarse de una factura, sino porque el incremento de tasas, tarifas, impuestos e inflación ha sido permanente no desde que cayeron los ingresos petroleros para la burocracia, sino desde que se decidieron en hipertrofiarla. Lo que está sucediendo ahora ya es insólito al punto en que ya se echa mano de los ahorros de las AFP. Es pues imposible compensar los ingresos petroleros con los impuestos a la ciudadanía esperando que los precios reboten. Es por esto que mientras Donald Trump busca reducir los impuestos corporativos del 35% hasta al menos el 15% en Estados Unidos, y Theresa May pretende convertir al Reino Unido en un paraíso fiscal frente a la Unión Europea tras el Brexit, Bolivia se ha convertido en el infierno tributario de América Latina, y en el segundo país con la tasa de impuestos más elevada del mundo.
La idea que Amalia Pando le dio a Dionisio de formar una Asociación de Víctimas del Servicio de Impuestos Nacionales para defenderse del ataque del Estado contra su propiedad no es mala en absoluto, pero llega tarde. No espere a que los embargos de hoy se conviertan en confiscaciones mañana, evite convertirse en Dionisio Aguilar, víctima de la voracidad fiscal del Estado por cualquier motivo.
Póngase en contacto conmigo para prever lo mejor y lo más seguro para su patrimonio y el de su familia.
La entrevista a Dionisio, desde el minuto 50: