Entre todas las medidas cosméticas, aisladas e improvisadas que viene implementando el nuevo gobierno del MAS en Bolivia, circula por las redes lo que parece ser el borrador de un nuevo proyecto de ley orientado a permitir el retiro anticipado de un 15% de los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para quienes tengan un saldo acumulado inferior a los Bs. 100.000 ($14.400).
Son varios los estigmas generados alrededor de los objetivos de las AFP, así como de los mitos alrededor de los beneficios que tendrían los retiros anticipados para encarar la crisis económica.
Los sistemas de pensiones datan desde que Otto von Bismarck implementó uno por primera vez en la Alemania de los 1880, fundamentalmente para detener el acelerado proceso de emigración de los alemanes hacia EEUU de aquel entonces, y fue diseñado para generar una pensión a las personas cuando se retiran del ámbito laboral. En el caso de las mujeres, la pensión sería alrededor de los 60 años y en el caso de los hombres a los 65.
Sin embargo, el diseño del sistema de pensiones de Bismarck, si bien estaba pensado para sostenerse a largo plazo, y a pesar de que sigue existiendo en la gran mayoría de países alrededor del mundo, eventualmente terminó quebrando allí donde se lo aplicó. Este es el sistema mejor conocido como “de reparto”, donde los trabajadores activos realizan un aporte considerado como solidario –pero que, en realidad, es obligatorio– a un fondo con el que se financian las pensiones y jubilaciones de los trabajadores que ya están retirados.
Uno de los problemas más grandes del sistema –que es el que se tiene en la gran mayoría de países alrededor del mundo– es que pretende solucionar problemas de corto plazo con financiamiento de largo plazo. Esta es una medida típicamente populista porque, en apariencia, los problemas más urgentes están solucionados, aunque si acaso se advierte que las consecuencias de dicha política en el largo plazo recaerá de manera considerablemente más agravada sobre las siguientes dos o tres generaciones, la solución ya no es de la actual.
De igual forma, el problema práctico fundamental de este sistema es que si la cantidad de jubilados es mayor que la de los aportantes –como sucede ahora sobre todo en Europa- tarde o temprano colapsa.
El escenario se complica todavía más cuando –para tratar de evitar el colapso del sistema– los gobernantes pretenden postergar las soluciones, que implican un costo político de corto plazo muy alto. En cambio, siguen acudiendo a recursos económicos adicionales mediante incrementos permanentes de la deuda, impuestos o devaluación.
Con todo esto en mente, en el Chile de principios de los años 80 se creó un sistema alternativo: el sistema de capitalización individual. Este sistema consiste en que cada trabajador hace un aporte obligatorio de aproximadamente un 10% de su sueldo a una cuenta propia y para su jubilación futura.
En tanto el trabajador no se haya jubilado, esos aportes forman parte de un fondo privado administrado por gestoras idealmente independientes del poder político, que cumplen con el mandato explícito de invertir dichos aportes para así generar rentabilidades futuras a cambio de una comisión.
Queda claro que tanto el sistema de pensiones de reparto como el de capitalización individual, no fueron creados como un fondo de emergencia, sino como un fondo de pensiones a largo plazo.
Actualmente ambos sistemas de pensiones están en crisis alrededor del mundo, pero hay que dejar muy claramente establecido que no lo están por las mismas causas.
El primero, el de reparto, está no sólo en crisis sino inherentemente en bancarrota. Y el segundo, el de capitalización individual, está en crisis por el acoso político de sus detractores, que son, a su vez, acérrimos defensores del primer sistema.
En el caso de Chile, el proyecto del retiro anticipado de los aportes no es nuevo, sino que data de mucho antes de la crisis de la pandemia y las cuarentenas, pues con argumentos de que la rentabilidad los aportes de las Administradoras de Fondos de Pensión son demasiado bajos (10% anual promedio desde su creación), lo que en realidad se pretende es atacar el corazón del modelo de libertad económica diseñado y establecido entre los años 70 y 80.
Este modelo de libre emprendimiento en Chile, sin duda alguna, representa el mayor éxito económico en la historia de América Latina, y se constituyó así en el camino a seguir para el resto de América Latina luego de que logró reducir la pobreza de un 68% en 1990 a 8,6% en 2017, y que la pobreza extrema represente hoy un 2,3% de la población, contrariamente a lo que sucede hoy con Venezuela, por ejemplo, considerada como la antítesis chilena, donde, entre otros varios aspectos, el PIB per cápita ha retrocedido a niveles a los años 40, y donde se sufre una escandalosa hiperinflación del 2.049% anual (medida en bolívares de 1997).
Ahora bien, la sola idea del retiro anticipado de los aportes, tanto en Chile como en Bolivia y cualquier otro de los más de 30 países donde se ha implementado el sistema de pensiones chileno total o parcialmente, es un ataque al propio sistema.
En el corto plazo la gente pensará que mejora su situación en medio de la crisis de la pandemia, pero no ve que a largo plazo tendrá que incrementar sus aportes o trabajar más, para alcanzar las pensiones que se tenía proyectadas antes del retiro de sus aportes, o que deberá elegir un perfil de inversión de mayor riesgo como aportante.
Peor aún, la incertidumbre es mayor si acaso el proyecto para un segundo retiro equivalente también al 10% es aprobado pronto, pues los incentivos que las actuales gestoras tienen para generar rentabilidades de la manera más competitiva posible es relativamente menor o directamente se pierde.
Si este es el caso, eventualmente podría no quedar alternativa más que la del retorno al sistema de reparto para que determinado régimen populista decida aplicar una política de transferencia forzosa de riqueza, hasta que el sistema vuelva a quebrar de manera inexorable.
Si hoy Bolivia decide copiar las desafortunadas políticas chilenas para el retiro anticipado de aportes, sería considerablemente más difícil sostener el mismo sistema de capitalización individual o de AFP, pues la rentabilidad ha sido considerablemente menor en los últimos 15 años, debido a varios factores, aunque todos, como habíamos señalado, de índole política.
Durante el período que comprende su creación a mediados de los 90 y principios de los 2000, cuando aparece el MAS en escena política, las rentabilidades de las AFP fueron superiores a la rentabilidad promedio de las de la región, pero luego cayeron hasta ubicarse apenas por encima del 1%.
¿Cómo sucedió esto? Por tres factores fundamentales: por exceso de gasto público, por mantener un diseño desde los 90 que se ha hecho obsoleto, y por la reducción arbitraria de las tasas de interés.
Como Arce Catacora creía (y cree) que lo que impulsa el crecimiento es el gasto –aunque no pueda explicar por qué desde 2013 a mayor gasto hubo mayor desaceleración– pretendió sustituir la caída de los ingresos del gas con el incremento de la deuda pública.
Tal vez Arce Catacora tenía la esperanza de que sus empresas públicas serían rentables algún día del siglo XXI, pero, en el entretanto, necesitaba nuevas fuentes de financiamiento de manera desesperada, y lo único que quedaba eran los recursos en el sistema bancario y financiero.
Probablemente vio con temor que echar mano al sistema no era tan fácil (recordemos que el problema con el software duró varios años) y que el escándalo de confiscar (robar) esos recursos sería igualmente comparable al de los Kirchner en Argentina en 2008. Por eso elaboró desde hace ya varios años, el proyecto de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (GPSSLP o simplemente Gestora Pública).
El proyecto busca retornar al sistema de reparto como mecanismo o fondo de financiamiento confiscatorio, porque son esos fondos que administran las AFP (aproximadamente $20.000 millones, un equivalente a casi la mitad del PIB) los únicos que quedaban para seguir financiando el modelo de gasto del MAS, y bajo el argumento de que el Estado administraría esos fondos mejor que las AFP.
Como no lo logró, Arce echó mano de la antigua y obsoleta ley de fines de los 90 y las forzó a invertir.
Pero no solo fueron obligadas a invertir dentro del país, que ya implica mucho riesgo, sino a hacerlo también en activos de muy baja calidad y muy alto riesgo que Arce indujo a crear desde 2013 con la reforma del sistema financiero. Además, con la posibilidad de intervenir directamente en las tasas de interés imponiendo un límite máximo de liquidez en cartera del 5%.
Con tasas de interés crediticio artificialmente baratas es difícil invertir en activos de calidad a largo plazo, pero el sistema financiero está obligado a hacerlo. Esto puede funcionar durante un tiempo, pero cuanto más crece sin bases sólidas, más dura será su inevitable caída después.
Por ejemplo, las AFP fueron forzadas a invertir en determinados activos por debajo del 2% a 30 años, y comprar al menos dos tercios de la última emisión de bonos soberanos en el exterior con vencimiento en 2028. Todo esto, claro está, mucho antes de pretender justificar dicha política en un entorno de severa crisis como el de la pandemia del Covid-19. De ahí viene la baja rentabilidad de las AFP, e incentivos cada vez menores para seguir trabajando en el país.
En Chile, en cambio, las rentabilidades no sólo fueron nada desdeñables, como mencionamos antes, sino que además ofrecen seguridad. Por ejemplo, durante los ataques de la izquierda radical a fines de 2019 en Santiago de Chile, las AFP pudieron proteger los recursos de sus aportantes invirtiéndolos en el exterior –porque allá sí tienen la posibilidad de hacerlo– y además lograron rentabilidades extraordinarias de entre 8,91% y 17,68%, dependiendo cuál de las 5 categorías disponibles para invertir se observe.
Tal vez invertir hoy mismo en el exterior no sea una posibilidad para las AFP de Bolivia, pues a corto plazo se terminaría provocando el colapso del conjunto del sistema bancario y financiero, debido a la falta de liquidez y pérdida constante de Reservas Internacionales Netas en el Banco Central de Bolivia, pero haber tenido la posibilidad de invertir los últimos diez años en renta variable del Nasdaq y empresas mineras del S&P 500, la repatriación forzosa habría mucho más difícil de llevar a cabo durante 2020, habiendo alcanzado máximos históricos.
Efectivamente, no existe el sistema de pensiones perfecto. De hecho, el sistema de capitalización individual de las AFP, tanto chileno como boliviano, necesita una reforma estructural que supere las limitaciones que hoy tiene su diseño, porque data de finales de los años 90, y lo que el mundo ofrece en cuanto a clases de activos o derivados financieros es radicalmente más rico que hace 25 años.
Y por si fuera poco, si Bolivia retorna al sistema de reparto, no sólo tendrá que preguntarse a quién confiscar y beneficiar primero, sino además preguntarse si está dispuesta a ver nuevos casos como el de Dante Escobar Plata y FOCSSAP.
¿Bolivia echará mano del inicialmente exitoso modelo de las AFP como mecanismo confiscatorio de financiamiento, como ha pretendido durante años? Esperemos que aquel proyecto que está dando vueltas no pase de la versión de borrador o simple ensayo, por el bien no sólo del sistema bancario y financiero del país, sino por el bienestar de largo plazo de una cantidad cada vez mayor de los ciudadanos que hacen el esfuerzo de trabajar en un sector formal cada vez más acosado por el intervencionismo del Estado.
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