Está claro que el inicio de la recuperación económica pasa por la manera más adecuada de gestionar la crisis de la pandemia, pero parece ser que, al menos hasta el momento, tanto el nuevo gobierno del MAS como la oposición, no parecen estar a la altura de las circunstancias.
Por un lado, habiendo observado un incremento extraordinario de casos de contagio por Covid-19, que alcanza niveles de julio de 2020, los médicos manifestaronque el sistema de salud en el país se encuentra al borde de un colapso, a la vez que pidieron a las autoridades de los tres niveles de administración pública una cuarentena rígida y la suspensión o postergación de las elecciones del próximo 7 de marzo.
Como ilustración de una gestión sanitaria y de seguridad cuanto menos precaria, esta no es la primera vez que el sector sanitario manifiesta su preocupación y exige medidas. En diciembre se manifestaron dos veces, una para demandar la aceleración en la compra de vacunas contra el virus y un plan de vacunación, y otra para que coordine con los gobiernos departamentales y alcaldías.
De igual manera, la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva acaba de declararse en “emergencia extrema” debido al colapso de las unidades de terapia intensiva por falta de medicación e insumos imprescindibles.
En este sentido, si bien acaban de llegar las primeras 206 mil pruebas de antígeno nasal para el diagnóstico de Covid-19 al país, hasta el momento no se tiene conocimiento público alguno sobre un plan logístico de vacunación, ni los precios a los que el gobierno finalmente comprará las vacunas rusas Sputnik V, que serían de alrededor de $10, ni se sabe tampoco si el Tribunal Supremo Electoral finalmente postergará las elecciones como tantas veces ha sucedido durante 2020.
Para mayores cuestionamientos, el Ministerio de Salud ha anunciado que se dispondrán centros de aislamiento para las personas que den positivo en las pruebas masivas. Desde luego, a falta de información o por una capacidad de comunicación muy pobre por parte de dicho ministerio, la gente podría rehusarse a realizarse un diagnóstico rápido por temor a ser inmediatamente aislados -y se infiere que también de manera forzosa- en caso de que la prueba tenga un resultado positivo.
Por otro lado, el pasado viernes 8 de enero la Confederación de Choferes de Bolivia anunció una huelga nacional con bloqueos de las principales ciudades y carreteras del país para este martes 12 de enero, en busca de un período de gracia y una reprogramación y/o refinanciamiento de créditos mayor a los cuatro que establece el Decreto Supremo N° 4409 de diciembre de 2020.
Como hemos afirmado en distintas oportunidades, el sector bancario y financiero atraviesa por un largo período de falta de liquidez que se ha hecho aún más difícil de sobrellevar durante 2020. De hecho, se ha tenido conocimiento de que las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia con las que podría responder ante cualquier eventualidad, han sufrido una caída de más del 18% durante 2020, alcanzando niveles de 2007. Por eso, lejos de mejorar las condiciones para la recuperación, la huelga de distintos sectores programada para este martes, solamente las agrava.
Más aún, a los transportistas se les podrían ir sumando más sectores para fortalecer su demanda. De hecho, ya se sumaron la Central Obrera Boliviana, los comerciantes y las mypes, pero también podrían ir sumándose otros para fortalecer sus demandas, como aquellos quienes insisten ya no en la devolución de entre el 10% y el 50% de sus aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), como había prometido Arce Catacora, sino hasta el 100%, lo cual erosionaría aún más las condiciones de liquidez -y quién sabe si incluso de solvencia para no mucho más adelante- para el sector bancario y financiero.
De esta manera el gobierno de Arce Catacora cumple 60 días de gobierno en un escenario de crisis e incertidumbre respecto del futuro inmediato, con una huelga nacional y bloqueos de ciudades y carreteras –que se prevé que serán contundentes– por parte de sectores que en el pasado solían ser identificados como afines al partido de gobierno. Sin duda, este será el primer gran desafío del gobierno de Luis Arce Catacora, pero también de la oposición.
Como se puede observar, los elementos para ejercer la oposición al trabajo del gobierno –o la falta del mismo– no son pocos ni son menores en medio de una crisis generalizada sin precedentes.
Lamentablemente, poco se ha escuchado decir a quienes sin piedad –incluso con razón– cuestionaron y atacaron al gobierno de Jeanine Áñez, con lo cual llama la atención que hoy sean tan permisivos con un gobierno no tiene ningún plan o no sabe por dónde empezar luego de dos meses en el ejercicio del poder; parecen estar más concentrados en el fútbol nacional y las elecciones departamentales y municipales de marzo, que en las enormes y preocupantes dificultades del sector salud y el bancario y financiero.
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