Este miércoles 17 de febrero, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Roger Edwin Rojas Ulo, anunció la devolución de un financiamiento que el Fondo Monetario Internacional había aprobado en abril de 2020 en favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sin haber sido utilizado.
Por un lado, el anuncio del BCB ha sorprendido a distintos analistas y ex funcionarios del gobierno de Jeanine Áñez, pues en diciembre de 2020 el gobierno nacional apeló a la solidaridad internacional para la condonación de la deuda externa de Bolivia.
Óscar Ortíz, ex Ministro de Economía y Finanzas Públicas del gobierno de Jeanine Áñez, afirmó este jueves en el programa Sin Compostura, de Carlos Valverde Bravo, que la operación no se trató de la contratación de un crédito, sino de un canje de divisas en virtud del Instrumento de Financiamiento Rápido. Esta operación es mejor conocida como una venta de Derechos Especiales de Giro de Bolivia hacia el FMI a cambio de divisas a determinado tipo de cambio.
En este mismo sentido, Carlos Schlink, ya en junio de 2020, cuando se desempeñaba como Viceministro del Tesoro, hizo conocer a la opinión pública que todas las iniciativas orientadas a conseguir financiamiento internacional para enfrentar la crisis sanitaria y económica del gobierno de Jeanine Áñez, fue bloqueada por la mayoría parlamentaria del Movimiento al Socialismo, y que -curiosamente- la única aprobada había sido la del FMI.
Al mismo tiempo, la decisión del BCB también ha confundido a la población afirmando que ha devuelto un crédito al FMI. Sin embargo, aquellos $346,7 millones de capital devueltos en realidad constituyen 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro, es decir, el 100% de la cuota que Bolivia tiene como miembro del FMI, al igual que la tienen en distintas proporciones el resto de los 190 países miembros a partir del acuerdo de Bretton Woods de 1944.
De acuerdo con el FMI, los DEG (Special Drawing Rights, en inglés), son activos de reservas internacionales creados en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros, y que pudiesen ser utilizadas para adquirir la moneda nacional en los mercados cambiarios, de ser necesario, a fin de mantener su paridad cambiaria.
En su propio comunicado oficial, el BCB especifica que, en total, realizó un pago de $351,5 millones, es decir, $346,7 millones por el pago de capital y un costo financiero de $24,3 millones en 9 meses desde el desembolso ($19,6 millones son por variación cambiaria, y $4,7 millones por concepto de intereses y comisiones). La diferencia de $24,3 millones, entonces, constituye un simple costo financiero por comisiones y diferencia de tipo de cambio entre abril de 2020 y febrero de 2021.
Ahora bien, si acaso la intención de la devolución de dichos fondos es hacer notar que el país no necesita de nuevos créditos, el partido de gobierno olvida que desde 2007 aprobó en el Congreso más de 230 créditos internacionales que representan más de $17.000 millones, y que a finales de enero de 2021, un mes más tarde de la solicitud de condonación de deuda ante la Asamblea General de la ONU, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció que trabaja en una emisión de bonos soberanos en mercados internacionales por $3.000 millones que podría concluirse en cualquier momento.
Sin embargo, el presidente del BCB ha afirmado que se han observado irregularidades en este proceso de canje de divisas, motivo por el cual Andrónico Rodríguez, Senador del MAS por Cochabamba, anunció un juicio de responsabilidades contra de la expresidenta Jeanine Áñez.
Finalmente, lo que no queda claro es si la decisión de devolver los recursos al FMI se debe a un rechazo por mantener cualquier vínculo con el organismo, al temor de un escenario de sobre-endeudamiento, o a irregularidades que aún están por demostrarse y que, de todas maneras, no necesariamente justifican un costo innecesario de $24,3 millones.
Artículo originalmente publicado en La Gaceta de la Iberoesfera, el 19 de febrero de 2021.