Mientras el régimen de Arce se decide a responder al desafío del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de recurrir a instancias internacionales para dirimir los resultados de la auditoría sobre el proceso electoral de finales de 2019 en Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Ejecutivo detallar las condiciones de salud de la expresidenta Jeanine Áñez, así como las medidas asumidas para proteger sus derechos, en el plazo de una semana.
Actualmente, la expresidenta Añez se encuentra bajo prisión preventiva en la ciudad de La Paz, durante ya casi seis meses, desde que se la detuvo ilegalmente el 13 marzo en el departamento del Beni, acusada en al menos 7 juicios por “terrorismo, sedición, conspiración y genocidio” en un supuesto golpe de Estado contra Evo Morales, entre otros.
Durante este período, y ante la inocultable vulneración de sus derechos humanos y constitucionales, a Áñez se la ha impedido ver a sus abogados, médicos y familiares, ha sufrido varias descompensaciones, ha perdido entre 10 y 15 kilos de peso, y sufre de “trastorno depresivo severo con ideación suicida”, de acuerdo con una valoración psiquiátrica reciente, al punto de haber intentado quitarse la vida y afirmar que ya no quiere vivir porque sus hijos necesitan hacer su vida.
Ante la solicitud de la CIDH, Iván Lima Magne, ministro de Justicia, ha afirmado este viernes que “se va a presentar la respuesta inclusive antes del plazo señalado porque (en el caso de Áñez) se ha respetado el debido proceso y se ha cumplido el estándar máximo de protección que señala la CIDH”.
Además, agregó que “es poco probable que este caso pueda tener resultado favorable a la señora Áñez, porque los temas del debido proceso no son parte de los casos que atienda; usualmente ellos atienden casos de pena de muerte, casos en los cuales la vida de una persona está en riesgo (…) y no cuando existe un debido proceso en curso”.
Entretanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se encontraría discutiendo las proposiciones acusatorias en contra de la expresidenta para los juicios de responsabilidades dentro de tres procesos impulsados por el ministerio de Lima Magne, que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) envió la anterior semana: crédito del FMI, la ampliación del funcionamiento de Fundempresa, la vulneración de derechos durante la pandemia y los fallecimientos en Sacaba y Senkata. En el Movimiento al Socialismo (MAS), confían en que se lograrán los dos tercios necesarios para aprobar los juicios de responsabilidades contra la expresidenta.
No obstante, Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, ya había afirmado el pasado 13 de junio, que su bancada apoyaría un juicio de responsabilidades contra la exmandataria en la ALP, “si es por corrupción o violación a derechos humanos”, porque, de otra manera, aprobar el juicio contra Áñez se traduce en reconocer que hubo golpe de Estado contra Morales en 2019.
Esta misma semana, el régimen de Arce reactivó el juicio por el caso Quiborax contra Mesa. En 2018, tras el fallo del tribunal arbitral del Banco Mundial que ordenó a Bolivia compensar 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax por la reversión de sus concesiones mineras en el salar de Uyuni.
Sobre tal reactivación, Mesa aseguró que se trata de una estrategia del MAS para forzar los dos tercios necesarios para enjuiciar a Áñez en la ALP.
De manera paralela, Jorge Terceros y el almirante Gonzalo Jarjury, comandante de la Fuerza Aérea y comandante de la Armada Boliviana durante el gobierno de Áñez, respectivamente, hicieron descargos en su defensa en el juicio que se les sigue por el caso del supuesto golpe de 2019. Terceros y Jarjury presentaron documentación que demuestra que Evo Morales decidió renunciar el día anterior al que las Fuerzas Armadas (FFAA) se lo sugirieran de manera pública el 11 de noviembre de 2019.
Con todos estos elementos, Williams Bascopé, abogado y constitucionalista, ha afirmado que “la fiscalía general y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia han enviado al Parlamento la solicitud de autorización de juicio de responsabilidades a Áñez; entonces se cae el caso golpe de Estado y no tiene razón jurídica la detención de Jeanine, porque la reconocen como expresidenta”, con lo cual el MAS se ha puesto la soga al cuello en el caso de supuesto golpe contra Morales en 2019.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 6 de septiembre de 2021.