Luego de las varias derrotas que el régimen de Arce Catacora ha sufrido en apenas un año que lleva como presidente de Bolivia, cualquiera diría que las violaciones a los derechos humanos, todas las detenciones ilegales y la persecución política permanente de quienes formaron parte del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez, así como a policías y militares en el caso de supuesto golpe de Estado, podrían detenerse. Sin embargo, el secuestro de Marco Antonio Pumari, exdirigente cívico opositor del departamento de Potosí y candidato a la vicepresidencia por Creemos en las elecciones de 2020, marcan un nuevo hito.
Sucedió el pasado 9 de diciembre cerca de la media noche. Alrededor de 2.000 policías trasladados de distintos departamentos del país, fueron movilizados a Potosí para detener alrededor de 10 dirigentes cívicos acusados de presuntos delitos por sedición y terrorismo en las manifestaciones tras el fraude de Morales en las elecciones generales de 2019.
Entre todas las ilegalidades que se han cometido con el encarcelamiento de Marco Pumari, se identifican, por ejemplo, la falta de orden y notificación judicial, la falta de debido registro del proceso en la Fiscalía, la falta de revisión del cuaderno de investigaciones, y los allanamientos a las oficinas del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en horas de la noche, vulnerando el procedimiento penal.
Para mayor ilustración sobre la ilegalidad de la detención de Pumari, abogados, familiares y activistas afirman que este fue secuestrado, golpeado y torturado con una bolsa en la cabeza mientras aguardaba por su audiencia cautelar en una celda policial de Betanzos, en Potosí, “como en los tiempos de las dictaduras militares”.
De manera más reciente, y luego de que lo pasearon por tres pueblos antes de llevarlo a Llallagua, dictaron 6 meses de prisión preventiva para Pumari en la cárcel de Uncía, acusado de «obstaculización de procesos electorales».
Igualmente, la prensa del departamento de Potosí se declaró en emergencia ante cualquier amenaza y persecución, y pidió unidad a los periodistas.
A consecuencia de estos abusos, Comcipo convocó a una “marcha de la potosinidad” y una concentración para este martes donde se definió la celebración de una marcha nacional para este 17 de diciembre en defensa de la libertad y la democracia en Bolivia, además de la liberación de todos los presos políticos del régimen de Arce, una reforma del sistema judicial y la defensa del recurso del litio, y un cabildo nacional en Santa Cruz para el 15 de enero.
Luis Fernando Camacho, ex candidato a la presidencia y compañero fórmula de Pumari, hoy gobernador del departamento de Santa Cruz, trató de viajar a Potosí junto a una docena de parlamentarios de su partido, para acompañar las manifestaciones, pero organizaciones afines al Movimiento al Socialismo (MAS) bloquearon las carreteras para evitar su llegada desde Chuquisaca, y actualmente se encuentran varados en la carretera desde hace horas.
Carlos Mesa y dirigentes del Comité Cívico pro Santa Cruz, se encontrarían en la misma situación.
Al respecto, Camacho ha denunciado que fueron recibidos por “hordas masistas” y grupos terroristas” que impidieron su paso “a dinamitazos”.
El régimen de Arce Catacora sabe perfectamente que los desafíos para la economía en 2022 serán muy difíciles de asumir, por eso abre el paraguas antes del aguacero, dado que los ajustes e incluso reformas necesarias para cuadrar las cuentas se traducirán eventualmente en un sinfín de protestas que amenazan su poder, y que bien podrían ser guiadas por líderes como Pumari.
En todo caso, es de esperar que el escenario para la libertad y la democracia en Bolivia no sea halagüeño en 2022, así como no lo ha sido en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde no existe presunción de inocencia ni debido proceso alguno, donde se realizan secuestros y persecución permanente de opositores, y donde se arrastran severas crisis económicas durante años.
Este deterioro de la institucionalidad democrática en Bolivia, y la falta de aptitud por parte del régimen de Arce para tratar cualquier conflicto o disidencia si no es por medio del uso de la fuerza, demuestran que a la defensa de la libertad solamente le quedan las calles.
Bolivia no vive en democracia y cada día el régimen avanza sobre su libertad.