Se acaba de consumar un hecho trágico en Bolivia, relacionado con la violación permanente a los Derechos Humanos por parte del Movimiento al Socialismo (MAS), tanto durante la era de Morales como ahora en la de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Este martes, sobre las 05:40 de la mañana (hora local), ha fallecido Marco Antonio Aramayo.
Aramayo tenía 53 años de edad, era economista y fue director ejecutivo del Fondo para los Indígenas Originarios Campesinos (FONDIOC) entre septiembre de 2013 y febrero de 2015. En 2016 se hizo famoso por haber denunciado un desfalco en el Gobierno de alrededor de 170 millones de dólares, que más tarde se supo que realmente era de casi 700 millones de dólares.
El FONDIOC fue creado por el régimen de Evo Morales. Dicho escándalo implicó a exdirectores, líderes de sectores sociales del MAS y ministros, que habían recibido giros a sus cuentas bancarias personales sin haber rendido cuentas.
Entre los principales implicados de este desfalco al Fondo Indígena están Elvira Parra, ex directora del FONDIOC; Felipa Huanca, ex candidata del MAS, las ex ministras de Desarrollo Rural Julia Ramos y, por sobre todos los demás, Nemesia Achacollo, quien fue acusada por haber fraguado capacitaciones y la construcción de obras de infraestructura o que quedaron inconclusas. Sin embargo, ninguno de los implicados fue detenido ni sentenciado. Paradójicamente el único en ir a parar tras las rejas luego de esta polémica fue el propio Marco Aramayo.
A partir del momento en que Aramayo hizo sus denuncias fue acosado de manera permanente por el Gobierno de Morales y el MAS, cosa que se extendió durante 7 años. En este período el exdirector del FONDIOC pasó a convertirse en acusado en 256 procesos por distintas causas (incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por el desfalco de más de 143 millones de dólares), aunque, para alivio de todo el mundo, Nadia Cruz, actual Defensora del Pueblo, aclaró recientemente que el número de procesos en su contra era de “solamente” 88. Tuvo cuatro sentencias, tres condenatorias y una absolutoria. El Instituto de Terapia e Investigación estableció que Aramayo había sufrido diferentes formas de tortura desde el momento en el que fue detenido.
Luego de haber pasado por 50 cárceles del país, por distintos distritos judiciales sin atención médica, Aramayo fue internado en el Hospital de Cotahuma, en La Paz, debido al agobio del proceso. Primero ingresó en estado de coma, luego sufrió un daño neurológico y finalmente sufrió un paro cardiorespiratorio, aunque las causas de su fallecimiento este martes no están del todo confirmadas. Entre las hipótesis que se manejan está la del envenenamiento.
No es el primer escándalo de persecución política y manipulación de la justicia durante la era del MAS en el país. Se pueden mencionar muchos, como el de Leopoldo Fernández, Gary Prado y Jacob Ostreicher, que sufrieron persecución política, decenas de juicios sin pruebas en su contra, y hasta el encarcelamiento.
Otro caso igualmente trágico fue el de José María Bakovic, quien había sido elegido por el 90% del Congreso por su intachable trayectoria profesional para ser el primer Presidente Ejecutivo del entonces Servicio Nacional de Caminos Institucionalizado (hoy Administradora Boliviana de Caminos, ABC). Bakovic falleció a los 74 años de edad por enfrentar 76 juicios del Estado en su contra, en 7 departamentos del país, y durante 8 largos años, sin que se demostrara culpa alguna.
Se pueden mencionar decenas de casos similares. Ya ni hablar del asalto al Hotel las Américas en 2009. Sin embargo, y sin lugar a dudas, el caso de violación flagrante de Derechos Humanos más actual y emblemático es el de la expresidente Jeanine Áñez, que guarda prisión preventiva ilegal durante más de un año en La Paz por un supuesto golpe de Estado contra Morales en 2019, sin prueba alguna hasta el momento.
Sobre el fallecimiento de Aramayo, el ministro de Justicia de Arce Catacora, Iván Lima, ha dicho, con el mayor cinismo posible, como si el asunto le hubiera sido absolutamente ajeno a su cartera, que “hay una justicia que no ha sido humana”, que “no ha tomado las medidas necesarias para preservar la vida de este ex funcionario del Estado”. Igualmente, Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, ha dicho que no escatimó en esfuerzos para preservar la vida de Aramayo.
El caso de Aramayo, sin lugar a dudas, representa no sólo la mayor aberración jurídica en la historia del país, sino la mejor ilustración de la manera atroz y sistemática en que el régimen del MAS en Bolivia viola los derechos fundamentales incluso de sus propios militantes si es necesario, y en nombre del indigenismo y de los más desfavorecidos.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera el 20 de abril de 2022.