Es difícil encontrar una pequeña luz al final del túnel en la profunda crisis por la que Bolivia atraviesa en todo ámbito. Por ejemplo, se ha visto recientemente cómo el Tribunal Supremo Electoral, la Policía Boliviana, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, el Instituto Nacional de Estadística, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y un largo etcétera, son instituciones absolutamente sometidas al poder político del Movimiento al Socialismo (MAS), y cómo solamente luego de alguna tragedia se tiene conocimiento de los desafíos que el país deberá asumir eventualmente.
Sobre esto hay cada vez más elementos recientes, sobre los que resulta muy difícil abstraerse.
Tragedia, crisis y abuso de poder en universidades públicas
El pasado 9 de mayo, debido a una estampida causada por el uso de gases lacrimógenos para disipar los conflictos que surgieron en una asamblea estudiantil de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), de Potosí, hubo 4 fallecidos y al menos 70 heridos.
Fruto de este gravísimo hecho, se descubrió que el dirigente universitario Max Mendoza, quien inicialmente acusó a Pedro López, rector de la UATF, por haber autorizado la realización de esta asamblea, es un operador político del partido de gobierno, el MAS: al tratar de defender su posición, Mendoza ha presumido de haberse reunido con Evo Morales en más de 60 oportunidades, y de ser militante de su partido.
Pero no sólo eso, también se ha descubierto que Mendoza es un “dinosaurio” universitario: se inscribió en la carrera de Agronomía en 1989 sin haberse recibido hasta hoy, y a sus 52 años de edad, es estudiante de Derecho sin superar el segundo semestre desde hace 25 años en la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba; pero peor aún, es presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) desde 2013, realiza viajes al exterior y contrata y destituye personal a discreción, y recibe un sueldo de Bs. 21.870 (€3.000), que es superior al de un rector.
De esta manera, Mendoza habría incurrido en cuatro tipos penales al haber accedido a un cargo en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) sin cumplir requisitos legales ni tener mérito académico y ganar más de Bs. 21.000 cada mes durante cuatro años.
Mendoza ni siquiera ha sido detenido hasta el momento, pero queda claro el hecho de que el partido de gobierno, el MAS, ha tomado cada centro de estudiantes o Federación Universitaria Local (FUL), y los puestos claves de dirigencia en las universidades públicas a nivel nacional, pero sobre todo la manera en que el MAS abusa de su poder en todo ámbito donde le es posible.
Esto ha provocado que se empiece a indagar en cuántos estudiantes “dinosaurios” se registran en las universidades públicas: la Universidad Mayor de San Andrés, de la Paz, registra 14.598 dinosaurios, de ellos 7.980 con beneficios; la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba, registra 4.350; y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz, tiene 2.710 estudiantes que superan los 10 años de estudios desde su matriculación.
Gobierno amenaza con expropiación de tierras
Una ilustración reciente del abuso del Estado donde impera el régimen del MAS, es en el ámbito económico. Debido fundamentalmente al exceso de estímulos económicos monetarios para encarar los efectos de la pandemia y los encierros masivos y forzosos, y por la sequía que azota al oriente y sur boliviano, y por la invasión de Rusia sobre Ucrania como factor agravante, los precios de las materias primas han sufrido fuertes incrementos, particularmente del sector agricultor, porcicultor y avícola.
La reacción del régimen de Arce ha sido primero afirmar que la Empresa de Apoyo a la producción de Alimentos (Emapa), que depende del ministerio de Desarrollo Productivo, tiene la capacidad de proveer maíz al mercado interno y negar la escasez del grano; más tarde amenazó con restringir las exportaciones a los productores del agro cruceño y los acusó de tratar de importar maíz transgénico; y recientemente las amenazas han escalado al punto de expropiar sus tierras si acaso no incrementan su producción para garantizar la seguridad alimentaria en el país.
Desde luego, en vez de también acusar a los intermediarios de agio y especulación, o de crear historias sin asidero alguno para recorrer pueblos y provincias productoras en donde se estaría ocultando la producción, Arce y su gabinete deberían saber que la única manera de acercarse lo más posible a la mentada seguridad alimentaria es por medio de la liberación del comercio y dejar atrás la batería de medidas intervencionistas e hiper-regulatorias sobre el empresariado privado nacional.
Defensor del Pueblo incumple sus funciones
Ante semejantes abusos estatales y de todos los adláteres del régimen de Arce Catacora y David Choquehuanca, quien tendría que haber dado un paso al frente por la urgencia que revisten los hechos de la UATF y las amenazas inconfundiblemente fascistas de expropiación contra empresarios, es la Defensoría del Pueblo, y de manera más concreta, Nadia Cruz.
Aunque tendría que haber cesado sus funciones ya en 2019 como defensora interina, Cruz tendría que intervenir de oficio o al menos pronunciarse al estar percibiendo un sueldo, pero parece estar aguardando sin premura alguna por su reemplazo: la designación de un nuevo titular de la Defensoría del Pueblo ha fracasado por tercera vez consecutiva este lunes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), debido a divisiones en el propio MAS, cuando no a falta de consensos con la oposición.
Aparentemente, y así como habíamos advertido al inicio de este proceso, el MAS tendría como objetivo la ratificación de Nadia Cruz como titular de la Defensoría del Pueblo. De hecho, eso es lo que ha propuesto.
En este sentido, y desde la clandestinidad, el ex ministro de la Presidencia del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, Yerko Núñez, arremetió contra Nadia Cruz desde sus redes sociales: “La MASISTA Nadia Cruz no tiene vergüenza y quiere seguir prolongando su interinato. El 24 de julio de 2020 interpuse una denuncia en contra de la defensora del MAS ya que ejerció de manera ilegal un interinato que debió acabar en 3 meses según una sentencia constitucional”.
Al respecto, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) se ha pronunciado exigiendo una nueva convocatoria, debido a que el proceso de designación ha estado “viciado por presiones”. De hecho, uno de los postulantes, Porfirio Machado, ha desistido de su objetivo argumentando parcialidad en la ALP.
Por el momento, la ALP ha determinado un receso para la designación hasta la mañana de este miércoles. En el entretanto, no hay manera de tomar debido registro siquiera de los abusos del Estado contra la ciudadanía bajo el régimen de Arce y el MAS, sobre todo en tiempos de una crisis en varios frentes que no hace más que agravarse conforme pasa el tiempo.
Columna originamente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 18 de mayo de 2022.