Se acaba de llevar adelante el juicio más importante de los últimos 30 años en Bolivia, el proceso contra la expresidente Jeanine Áñez, uno que solo tiene parangón con el que se estableció contra Luis García Meza, narcotraficante, dictador, militar y general de división que protagonizó un auténtico golpe de Estado en 1980.
La diferencia, desde luego, es que la condena de García Meza se llevó adelante en un juicio de responsabilidades, en democracia, bajo Estado de Derecho pleno, con todo el respeto de sus derechos fundamentales.
Jeanine Áñez, en cambio, ha sido condenada a 10 años de cárcel por algo que no sucedió, y en un proceso que en realidad confirma que en Bolivia se vive bajo dictadura todavía peor que la de García Meza.
Morales revela injerencia política en la condena de Áñez
Uno de los primeros elementos que evidencia tal aseveración es el hecho de que Evo Morales reconoció un par de días más tarde de la condena de Áñez, en una entrevista en la radio Kawsachun Coca, que la decisión de enjuiciar a Jeanine Áñez por la vía ordinaria y a la mayor velocidad posible fue tomada en una reunión política del Movimiento al Socialismo (MAS).
Morales ha dicho concretamente: “Solamente comentarles, en una reunión convocada por el hermano Lucho Arce, estaba David Choquehuanca, vicepresidente, (el ministro) Iván Lima, Ministra de la Presidencia (María Nela Prada), Pacto de Unidad, no todos, (los) jefes de bancada, senadores, diputados, presidentes de las Cámaras, casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades”.
Es decir, además de que acaba de incriminar al propio Arce Catacora en un juicio ilegal cuyas características no se veía hace décadas en el país, lo que en realidad ha sucedido es que quien ha condenado a Jeanine Áñez a 10 años de cárcel por el caso “Golpe II” es nadie menos que Evo Morales.
Aún así, el vocero presidencial Jorge Richter, ha anunciado una apelación a la sentencia porque considera que “este es sólo el primer tiempo”, que la condena no debe ser de 10, sino de 15 años en este caso, y que aún queda pendiente el caso “Golpe I”.
Juan Lanchipa, fiscal general del Estado, coincide con Richter. También ha afirmado que, además de que habría quedado demostrado el hecho de que no hubo sucesión constitucional cuando Morales renunció y huyó hacia México a finales de 2019, apelará a la sentencia contra Áñez y que también va a exigir una pena de 15 años.
En esa misma línea, el diputado Rolando Cuéllar ha dicho que ahora se encuentran a la expectativa por el caso “Golpe I” y las muertes de Sacaba y Senkata, y que buscarán que se sancione a la ex mandataria con la pena máxima de 30 años.
Las aberraciones jurídicas y contradicciones del MAS
Las aberraciones jurídicas, o mejor dicho, las ilegalidades que el régimen de Luis Arce Catacora, que no conoce de separación de poderes ni con el Legislativo ni mucho menos con el Judicial, son innumerables, pero entre los más importantes está el hecho de que los parlamentarios del MAS que no renunciaron y huyeron, o que no se escondieron en la embajada mexicana, reconocieron al Gobierno de Áñez en su momento, e incluso le extendieron su mandato en el marco de las urgencias la pandemia, así como también a gobernadores y asambleístas departamentales y un largo etcétera.
Durante todo ese periodo, el Gobierno de Áñez, su bancada en el Legislativo y el MAS trabajaron de manera conjunta y promulgaron decenas de leyes, incluida aquella que convoca a las elecciones que finalmente ganó el propio Arce Catacora.
Hubo vacío de poder porque Evo Morales, García Linera y sus principales autoridades en la Asamblea Legislativa presentaron sus dimisiones de manera pública el 10 de noviembre, y porque al día siguiente huyeron desde el Chapare en un avión hacia México.
En ese momento, Áñez, quien ni siquiera se encontraba en la ciudad de La Paz, y no fue sino hasta el día 11 o 12 de noviembre que asumió el mandato, no habiéndose “autoproclamado” como afirman Morales, el régimen de Arce y el conjunto del MAS, sino porque se siguió la línea de sucesión hasta encontrarla como segunda vicepresidente del Senado.
En otras palabras, no existe hecho penal debidamente tipificado en el Código Penal alguno contra la expresidente Jeanine Áñez, y por tanto, su sentencia no se trata de otra cosa más que una venganza política contra ella, así como también una ruin manera de reescribir la historia para lavarle la cara a Evo Morales y al conjunto del MAS por haber cometido el fraude más obsceno que se ha visto nunca en el país.
Por eso, y con toda la razón, la ex presidente Áñez manifestó en sus redes sociales: “El tirano inculpa a su propio gobierno, a Arce y Choquehuanca, Lima, del Castillo, su abogado personal Procurador, su delfín Andrónico, sus jueces y fiscales de condenarme por orden suya. ¡Puede dictar 100 años presa y seguirá siendo prófugo y cobarde!”
Entre varios otros aspectos, hay muchas preguntas que el régimen de Arce no puede responder, como por ejemplo: ¿Por qué no se ha reconocido que el juicio es nulo de pleno derecho porque Áñez ni siquiera tuvo orden de aprehensión en un principio? ¿Por qué Evo Morales y García Linera no han sido convocados a declarar en el juicio contra Áñez como las supuestas primeras víctimas? ¿Por qué se ha desechado el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el juicio contra Áñez? ¿Cómo puede Arce Catacora ser presidente hoy sin que él y su partido no hubiesen reconocido primero la presidencia de Jeanine Áñez?
La Comunidad Internacional se hace esperar
Además de lo anterior, el Gobierno de Áñez fue reconocido por la Comunidad Internacional en una muy amplia expresión: la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, Estados Unidos y otras decenas de países. Sin embargo, ahora no se pronuncian con lo que ha sucedido el pasado viernes 10 de junio.
Igualmente, ha pasado la Cumbre de las Américas, y siendo que los abusos contra Áñez se desarrollaban de manera simultánea, y de que Bolivia ha llamado la atención con otro papelón diplomático más en el que primero rechaza la invitación y luego envía al canciller Mayta sin previo aviso como emisario, no ha habido pronunciamiento alguno.
El Gobierno de Biden ha perdido la oportunidad de identificar a Bolivia en este foro como una dictadura comparable a la de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y ha preferido concentrarse apenas en los conflictos de inmigración ilegal con Centroamérica.
Afortunadamente, 23 expresidentes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) han manifestado su solidaridad con Jeanine Áñez, y han condenado su arbitraria sentencia, y además han pedido a que la OEA, la ONU y la Unión Europea intercedan como testigos de la transición constitucional en 2019.
También se han pronunciado varios senadores estadounidenses tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, entre los que destacan Marco Rubio, Ted Cruz y Bob Menéndez. Estos legisladores de Estados Unidos denunciaron la politización del sistema judicial en Bolivia tras la sentencia contra la ex presidente.
Lo lamentable es que hasta el momento incluso el infame Grupo de Puebla se ha pronunciado antes que los organismos mencionados. ¿Qué esperan?
La oposición apenas apunta a pronunciarse
Por su parte, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) ha convocado a una reunión presencial de emergencia en la ciudad de Cochabamba, la gente ha salido y seguirá saliendo a las calles, pero la oposición política apenas ha apuntado a ser meros relatores en redes sociales y notas callejeras de los canales de televisión sobre lo que sucede, pero no adelanta iniciativa concreta alguna en favor de la exmandataria.
Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, se ha pronunciado de la siguiente manera: “Este es un caso inventado, es una tramoya para blanquear un fraude electoral. Pongamos las cosas en su lugar y digamos las cosas como son: no hubo golpe de Estado, la acusación (contra Áñez) es un fraude procesal, la acusada no es ni culpable ni inocente porque no hay delito, y hay una acción de fuerza del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Lo que hizo Áñez fue asumir el cargo que le correspondía de manera automática. Hubo una sucesión constitucional impecable. El delito es de abandono de funciones de Evo Morales”.
En el caso del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, dijo en sus redes sociales: “La comunidad internacional y los bolivianos que queremos vivir en democracia repudiamos este nuevo atropello de la justicia sometida al masismo. ¡Que Dios los perdone! La justicia actuó como brazo operativo del MAS. Organizó un proceso ficticio para desconocer la lucha legítima de todo un pueblo en contra del fraude electoral de Evo Morales”.
No obstante, ni Mesa ni Camacho han propuesto acción concreta alguna de sus agrupaciones en el Legislativo sobre el caso de Áñez, en ningún ámbito. Por el momento solamente se limitan a ofrecer entrevistas a los medios o escribir mensajes alusivos en sus redes sociales.
Para colmo de males, Johnny Fernández, actual alcalde de Santa Cruz, ha cambiado de postura y ha adoptado una diametralmente opuesta a la que tenía hace menos de dos años. Luego de que en 2020 se acercó a Luis Fernando Camacho para ofrecerle las siglas de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) para que le dispute la presidencia a Arce Catacora, hoy Fernández acaba de decir que respeta la decisión en contra de Jeanine Áñez.
Es decir, Fernández acaba de traicionar a la gente que lo eligió como alcalde en el bastión de la oposición en la que Camacho convocaba a cabildos masivos durante los 21 días de huelga general en el país hasta provocar la renuncia y huida de Evo Morales hacia México, afirmando concretamente: «Dentro de estos procesos, la justicia debe tratar de separarse de cualquier influencia política, es una decisión que la respeto por que si no se respeta lo que se determina, ¿En qué Estado vamos a vivir?».
Y además añadió: “Desde mi punto de vista creo que no sólo es la presidenta, también hay otros actores que también fueron parte de todos estos procesos lamentables que ojalá nunca vuelva a repetirse”.
Otra reunión del MAS resuelve ir por los demás
La timidez y falta de acciones concretas de los principales actores de oposición, además del cambio siniestro y radical de Fernández puede explicarse por el temor que pueden tener a la determinación que el MAS ha tomado en otra reunión reciente luego de la sentencia de Áñez este 10 de junio en el caso “Golpe de Estado II”: extender el caso denominado “Golpe de Estado I” a otras 10 personas que habrían estado involucradas.
Entre estas nuevas víctimas se encuentran los mencionados Camacho y Mesa, pero también otras personas como el secretario general de la OEA Luis Almagro, el ex presidente y colaborador de Áñez Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Waldo Albarracín, entre otros.
Lamentablemente, cuanto más tarden en reaccionar, más difícil será rescatar al país de las garras del narco-socialismo dictatorial del Grupo de Puebla.
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 15 de junio de 2022.